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EN VARIAS COLUMNAS ANTERIORES nos hemos referido al puerto de Buenaventura, que no ha tenido la buena ventura de que todo lo que se le ha prometido se le haya cumplido.
Una de esas falsas promesas es la del Ferrocarril del Oeste, al que se le adeuda una gruesa suma que quedó reconocida por el gobierno anterior y hoy se le quiere “conejiar”. Tal situación va a llevar a que esta solución imprescindible para el transporte de y hacia el principal puerto del Pacífico termine en un tremendo pleito que la nación perderá, debiendo pagar más de cien mil millones de pesos y, lo peor, con un ferrocarril que suspenderá sus actividades.
Hay al parecer un complot contra esta empresa vallecaucana que rescató una concesión que esquilmó al Estado, incumplió y nada pasó. En la dictadura de los mandos medios han tergiversado los términos del contrato y han llenado de cucarachas al Ministro de Transporte que está, o desinformado o, lo peor, mal informado.
Luego de tocar puertas y más puertas y no ser oído por las buenas, el Ferrocarril del Oeste decidió acudir a los estrados judiciales para que diriman esta situación en la que, repetimos, la nación pagará una multimillonaria multa.
Pero no es sólo eso: un trabajo serio en el que la apuesta fue dotar al puerto de otra alternativa de transporte más eficiente y económico, puede terminar en una frustración más, sin que nada ni nadie saque la cara por la verdad y por lo que ha significado este empeño que renació de entre las cenizas y, a pesar de todo, sigue funcionando.
Así no se hace patria ni menos se cumple con la prosperidad democrática. Ponerle palos en la rueda a un proyecto generador de empleo, además, es parar una locomotora en manos de un revanchismo y de unos oscuros intereses que están anidados en la maraña oficial del cartel de las contrataciones.
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