Santos I no es Uribe III

Tras la aparente concordia inicial se avizora un profundo abismo. Santos I no es Uribe III. Uno busca el consenso y la unidad, el otro el conflicto y la polarización. El primero persigue acuerdos políticos mediante la deliberación. El segundo invita a la confrontación distinguiendo amigos de enemigos. El aristócrata cachaco rinde culto formal a la ley, el populista paisa a la consecución de sus objetivos sin escatimar los medios. Ambos comparten la ambición por el poder y la carencia de sentido moral. Chuzadas ilegales, falsos positivos, paramilitarismo y abuso de los recursos públicos son sus cartas de presentación. En la asunción de responsabilidad divergen: el Presidente ofrece reparación a las víctimas; su antecesor, negación.

El país, pese al optimismo económico, transita tiempos inciertos, de desorientación valorativa. Quien desconoce la tragedia colombiana no sabe que el hastío hacia la guerrilla favorece electoralmente a gobiernos eficaces en la guerra pero carentes de autoridad moral. Para la autoconciencia histórica del pueblo esta situación constituye una victoria pírrica: el contubernio de poder político y algunos medios de comunicación, el clientelismo institucionalizado del programa de Familias en Acción y la politización del Sena, de Acción Social y del Bienestar Familiar, ahondan los males de la República inicialmente fortalecida por los golpes a la guerrilla. Poco valen los triunfos en la batalla cuando en la política está ausente la virtud.

La gobernabilidad del presidente Santos, pese a las aparentes amplias mayorías en el Legislativo, es precaria. Los apoyos del Partido Conservador, de la U y del PIN dependen de la inacción de la justicia respecto del ex presidente, de sus familiares y de muchos subalternos. Realista e inaceptable resulta en este contexto la propuesta de Gustavo Petro, quien propone hacer elásticas las normas para acoger a los poderes mafiosos en la legalidad, fiel a la tradición “pactista” de la política colombiana. Mera reciprocidad. Por su parte, el presidente Santos enfrenta un dilema: apoyar a fiscales y jueces para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, o continuar la estrategia de cooptación y politización de la justicia, al mejor estilo Uribe por vía del DAS, el Consejo Superior de la Judicatura o el Procurador.

El talismán que resuelve el dilema es la sustitución de la terna para Fiscal General. Mantener los candidatos actuales asegura la gobernabilidad a costa de la credibilidad de la investigación penal. Integrar una nueva terna con penalistas capaces e imparciales, que los hay muchos en el país, honraría la justicia pero haría volar por los aires la actual coalición de gobierno. Una alternativa es posible: emular la conversión de Scroogle en Canción de Navidad de Dickens. El estadista, anhelante de una posteridad honrosa para sí y para todos, podría ahondar en la atribución de responsabilidades penales a los beneficiarios del crimen organizado; en el resarcimiento de los derechos de las víctimas; en la búsqueda de respaldo político por parte de agrupaciones que persigan una paz justa y duradera. De la correcta resolución del anunciado dilema dependen la reconciliación del pueblo y la posibilidad de un mejor futuro. ¡Que los hados iluminen al Presidente o que las Erinias acaben por persuadirlo!