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Tras una exhaustiva investigación las autoridades lograron desmantelar una banda criminal dedicada a defraudar al Estado y a las víctimas de la violencia, que delinquía en el departamento de Antioquia.
En el operativo, en el que participó la Policía, la Fiscalía General, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y la Secretaría de Transparencia, fueron capturadas 10 personas señaladas de integrar esta organización delictiva.
De acuerdo con la investigación, los detenidos estafaron a cerca de 15 mil víctimas de la violencia, quienes terminaron pagando por auxilios, ayudas y privilegios que otorga gratuitamente el Gobierno Nacional.
Entre los capturados están seis mujeres y cuatro hombres, quienes deberán responder por apropiarse de dineros destinados por el Estado para la reparación de víctimas del conflicto armado, mediante diferentes modalidades, entre ellas:
– Engañar y estafar a víctimas del conflicto armado con falsos trámites.
– Cobro de 30 a 50 % de las ayudas asignadas a las víctimas por procedimientos que son gratuitos.
– Acceso abusivo a bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.
– Suplantación de víctimas con el fin de cobrar las ayudas asignadas.
– Registro de falsas víctimas en el sistema.
– Tráfico de información, de claves y usuarios de los sistemas de la Unidad de Víctimas.
Según la investigación, las actividades irregulares eran coordinadas por tramitadores, directamente o a través de terceros que obtenían los usuarios y claves de acceso a los sistemas de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.
A las personas capturadas se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación datos personales agravada y estafa agravada.
Los integrantes de la estructura delincuencial registran antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad material en documento público y privado y abuso de confianza; siendo reincidentes en la comisión de estos delitos.
A estas personas les fueron incautados 16 teléfonos móviles, 3 equipos de cómputo, cédulas de víctimas que adelantaban reclamaciones y papelería oficial.