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En marzo, Diana* pidió un servicio de Didi desde la casa de su mamá hasta la suya. Un trayecto que, dice, se demora entre 15 y 20 minutos. “El conductor empezó a hacerle comentarios incómodos relacionados con su belleza, luego la intimidó con preguntas sexuales y mientras le hablaba aumentaba la velocidad del auto”, cuenta Julián Toro, amigo de Diana. Ella, comenta Toro, asustada, no hablaba. Cuarenta minutos después se bajó en su destino. “Me pidió que hiciera el reporte en la aplicación. Traté de convencerla de poner la denuncia en la Fiscalía y por miedo no quiso”, asegura. Al igual que Diana, son varias las mujeres que sufren acoso y abuso en las aplicaciones de transporte, pero no denuncian. Algunas de las que sí lo hacen, desisten en el transcurso del proceso por fallas, como vencimiento de términos. Entonces, ¿cómo superar estas barreras para que las denuncias no terminen en impunidad?
La respuesta, dice Diana Riaño, doctora en psicología, investigadora en supervisión clínica y profesora de la Universidad Católica de Pereira, es seguir denunciando, porque “se está haciendo una advertencia social sobre el agresor y la denunciante cree que está haciendo una acción para defenderse y no quedarse en la percepción de que el otro tuvo el poder sobre mí”. Por eso, advierte, lo primero es pasar el reporte en la plataforma y luego denunciar ante alguna entidad, como la Fiscalía, para prevenir que otras mujeres vivan estas situaciones de acoso y de abuso por parte de esa persona. Además, terapéuticamente, advierte Riaño, a la denunciante le sirve para marcar un punto de diferencia para recuperar el poder sobre la situación. “Cuando uno denuncia recupera un poco ese poder de autoridad frente al que hizo el acoso, ya no hay minimización por el daño de otro”, señala.
A pesar de que la mejor recomendación es denunciar ante la Fiscalía, Elizabeth Castillo, abogada y consultora en Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, comenta que muchas mujeres no lo hacen principalmente por la impunidad. Según los índices del consejo de la judicatura, cuenta Castillo, de cada 10 casos de violencia de género que se reportan en el país, se denuncian dos, y de esos dos, el 80% “terminan cerrados por falta de pruebas, vencimiento de términos y otras razones procedimentales. No porque se haya declarado que esta persona no cometió un delito”, anota. La otra traba es la demora en el proceso, la serie de pruebas que piden que, en algunos casos, es imposible recopilar y los datos del conductor que las aplicaciones, por políticas de privacidad, no pueden compartir. (Lea: Acoso sexual en Uber, Didi, Cabify e InDriver. ¿Quién los vigila?)
Viviana Bohórquez, abogada, y experta en temas de género y derechos humanos, comenta que ha asesorado algunos casos de mujeres que han sido víctimas de acoso y de abuso sexual por conductores de estas aplicaciones y que finalmente han desistido de presentar la denuncia porque no creen en la justicia, les parece un proceso muy largo, temen ser revictimizadas y al final, buscan más una sanción social. “La autoridad judicial tiene grandes problemas en responder al acoso porque es una práctica muy generalizada. Se legisló desde 2008 y se pensó el acoso en tipo penal con unos elementos de subordinación. Si las mujeres describen lo que pasa en un Didi o en Uber no hay subordinación, pero no lo van a calificar como acoso sexual sino como injuria”, apunta.
Hay muchos tipos de acoso, explica Riaño, específicamente el acoso sexual se puede identificar cuando una persona genera un comportamiento que invade. Puede ir desde un comportamiento sexual hasta algún tipo de comentario, insulto o algún aspecto negativo que la persona recibe sin querer recibirlo. “En este concepto caben muchas cosas”, apunta Riaño, “como el contacto físico que la persona no quiere o un rozamiento, que pasa mucho en el transporte público. También pueden ser cosas más sutiles, como observaciones desagradables, chistes morbosos o comentarios sobre la apariencia o la condición sexual, y por eso es tan difícil que las quejas que hacen estas mujeres se tomen más en serio”, añade.
Sumado a esta imprecisión de la injuria, Bohórquez señala que el proceso de denuncia es desgastante física, social y emocionalmente, además de que suele ser muy largo. “Tiene ocho audiencias. Es ir a poner la denuncia y asistir cada vez que sea citada. Después, enfrentarse a presentar pruebas, repetir los hechos, una y otra vez. De pronto naturalizan el acoso, entonces el fiscal pone que es injuria y la mujer se pregunta que cómo un caso de acoso sexual llega a ser injuria. Esto es una práctica generalizada en la fiscalía. No entienden que la injuria no tiene un enfoque de género”. Bohórquez es muy enfática en advertir que este tipo de problemáticas que se ven reflejadas en las plataformas de transporte son la suma de que, insiste la abogada, la calle ha sido históricamente peligrosa para las mujeres. (Lea: ¿Cómo no repetir los errores en el caso de abuso en el Marymount?)
“Hay un cambio cultural que hay que hacer. Las mujeres nos exponemos al transporte con mucha violencia y no hay un esfuerzo del Estado”, agrega Bohórquez. Esta misma idea la comparte Castillo, para quien el derecho suele llegar tarde a las discusiones y transformaciones sociales, como en este caso los escenarios digitales. La abogada insiste que la solución no es dejar de usar estas plataformas ni crear leyes, sino que el derecho y la normativa en temas de violencia “lleguen a este nuevo escenario, porque mientras tanto hay una discusión manifiesta no solo para los usuarios de estas plataformas, sino para quienes trabajan en estas”.
De hecho, varias aplicaciones ya han elaborado protocolos y rutas de atención para atender estas denuncias, como el caso de Didi y Uber que cuentan con funciones de botones de emergencia y servicio al cliente para reportar de inmediato casos de acoso o abuso sexual por parte de un conductor. También tienen una opción para que solo acepten conductoras mujeres el servicio. Sin embargo, para Bohórquez, son insuficientes porque no se puede “creer que el protocolo es mágico y acaba con la discriminación y la violencia, cuando en realidad la estructura patriarcal demuestra que las mujeres hemos sido más vulnerables a la violencia física, verbal y sexual por el hecho de ser mujeres”.
Las abogadas y psicólogas son enfáticas en que siempre hay que escuchar y creerles a las víctimas y, las aplicaciones, una vez reciban estas denuncias, deben suspender al conductor. Denunciar este tipo de delitos genera en las víctimas un desgaste emocional, por lo que cada caso en concreto debería recibir una sanción. (Lea: Acoso sexual: ¿Por qué no sabemos enfrentarlo en los colegios?)
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