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“En el sur de Córdoba lo que hubo fue un ‘tú sales, yo entro’”, dice Arnobi Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc), sobre la situación que se presentó en el departamento luego de la salida de las Farc a finales de 2016. Es decir, si bien los excombatientes de los frentes 5, 18, 36 y 58 dejaron sus armas hace cinco años, otros actores armados llegaron y ocuparon ese vacío. Desde entonces, los enfrentamientos entre las organizaciones armadas que han ido reagrupándose en los territorios han generado desplazamientos, confinamientos, masacres y asesinatos de líderes sociales. Solo desde abril de este año, más de 2.000 indígenas emberas han sido desplazados y otros 500 están confinados.
Para el caso de esta subregión, que está compuesta por los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré, fueron las estructuras del Clan del Golfo las que entraron a territorios que antes dominaba la guerrilla y lograron mantener un control durante dos años hasta que, a comienzos de 2018, una disidencia de dicho grupo, conocida como los Caparros o frente Virgilio Peralta Arenas, comenzó a disputar el control en la región. “Esta concentración de actores ilegales, con intereses antagónicos frente al control territorial, poblacional, de la minería ilegal, de las rentas del narcotráfico, han derivado en violentas disputas”, había señalado la Defensoría del Pueblo en una alerta emitida en noviembre de 2018.
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Además del pasado violento que ha marcado la historia de esta subregión, el profesor Luis Fernando Trejos, director del Centro de Pensamiento de UNCaribe, resalta las condiciones geográficas que ofrece el sur de Córdoba para las rentas ilícitas: “Allí se encuentra lo que uno conoce como el clúster de la cocaína. En ese territorio se puede sembrar, procesar y exportar la droga. Esto, en temas empresariales y económicos, les da a estos grupos criminales unas ventajas comparativas frente a otras regiones de Colombia y del Caribe”.
El fortalecimiento de la economía ilícita y la reconfiguración de poderes en el territorio han derivado inevitablemente en una crisis humanitaria que tiene en alerta a las comunidades de la subregión y que se viene manifestando, por ejemplo, en el aumento de eventos de desplazamiento masivo. Mientras que en 2018 se presentaron al menos dos casos de desplazamiento -280 familias tuvieron que salir de sus hogares por enfrentamientos y amenazas de los grupos armados-, entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) y el Registro Único de Víctimas (RUV), más de 6.000 personas fueron desplazadas de sus territorios. En el mismo período 16 personas fueron asesinadas y se perpetraron seis masacres.
La situación en 2021 mantiene esta tendencia. A mediados de junio la Ocha alertó sobre el desplazamiento de 2.000 indígenas del resguardo embera-katío del Alto Sinú, que llegaron hasta el parque principal de Montería, y el confinamiento de cerca de 300 personas más en el interior del resguardo.
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Para Trejos, el recrudecimiento de los impactos humanitarios en contra de los pobladores de la subregión se debe a dos razones. La primera es que ninguno de los actores armados defiende un relato político o ideológico, “eso se perdió, ya no hay barreras. Antes tú tenías que adaptar tu comportamiento al discurso y eso limitaba un poco las prácticas criminales. La segunda es que ninguno está luchando por la toma del poder”, apunta el director de UNCaribe.
Arnobis Zapata, por su parte, sostiene que esto también se debe a la “inoperancia de las Fuerzas Militares”, pues considera que desde 2020 las acciones de persecución contra el Clan del Golfo han disminuido, lo que ha permitido su consolidación y control sobre cuatro de los cinco municipios del sur de Córdoba, según el líder social. Zapata agrega que los militares son hostiles con las comunidades campesinas, lo que profundiza la desconfianza en las instituciones. Una lideresa de la región, que pidió no ser identificada por seguridad, coincide en este sentido al señalar que “ni en la Defensoría podemos confiar”, y agrega que las personas encargadas de velar por los derechos humanos en la región no son idóneas, pues responden a intereses políticos, “y por esta razón no se encargan de cumplir su labor”.
Desde el Gobierno aseguran que entre 2020 y 2021 se han dado por lo menos 40 golpes contundentes a la estructura de los Caparros. De hecho, en junio pasado, al anunciar la muerte en combate de dos líderes de dicho grupo, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que la organización había llegado a su fin. Pese al anuncio, tanto Trejos como Zapata creen que esto podría llevar a una atomización de la violencia, más que al fin del grupo ilegal.
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Para el presidente de la Anzorc, parte de la solución a la difícil situación en la región está en la reforma rural integral, producto de los Acuerdos de Paz, pues se requiere la titularidad de la tierra.
Por su parte, Trejos señala que es necesario entender al sur de Córdoba inmerso en las dinámicas de violencia del Bajo Cauca y parte del Urabá antioqueño, “esto es fundamental, ya que si solo intervienen el Bajo Cauca, por ejemplo, lo que hacen es trasladar la violencia o exacerbarla en alguna de las otras dos regiones. Cualquier intervención que se busque hacer en clave de pacificación del territorio tiene que englobar a toda esa subregión”. Para el investigador, también es necesario que las élites nacionales y regionales hagan acuerdos que permitan desarrollar estrategias de largo aliento, “esto no se soluciona en cuatro años, acá hay que pensar en proyectos de 12 a 16 años”.
El 1º de junio, el gobernador del departamento, Orlando Benítez, se reunió con líderes de la comunidad indígena que se mantienen en Montería, y expresó que el problema en esta subregión no se puede abordar exclusivamente desde lo militar, sino que “debe atenderse de manera transversal e integral”. Esta perspectiva es respaldada por Trejos, quien afirma que la superación de la violencia en la región va “mucho más allá de la presencia de la Fuerza Pública, una estrategia que ha demostrado ser ineficiente”. Mientras tanto, poco más de 1.500 indígenas permanecen asentados en el parque principal de Montería.
El 15 de julio el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una reunión en la ciudad que contó con la participación de autoridades nacionales y departamentales, así como de líderes de las comunidades desplazadas, y se comprometió a adelantar las labores necesarias para alcanzar las condiciones de retorno seguro.
