Como el retumbar del trueno

El 4 de diciembre fueron condenados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, seis oficiales por el homicidio de Julio César Martínez, el 18 de mayo de 2007 en Chibolo. Éder Yesid Ramírez, Luis Alfonso Barón, Rafael Antonio Caballero, Juan Carlos Pérez, Edilberto Rojas y Fredy Marcelo Flechas fueron condenados a penas de 22 a 35 años de prisión por “el delito de falsedad ideológica en documento público por las mentiras consignadas al documentar lo ocurrido ese día, pues según el documento Martínez Ortega murió en un combate con un grupo especial del Ejército, pero en el proceso judicial se demostró que fue asesinado”.

El 11 de diciembre la Fiscalía 5 de la Unidad de Derechos Humanos formuló acusación contra el oficial José Alberto Pinzón y el teniente coronel Pedro José Pachón, actual jefe del batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, por los delitos de homicidio y desaparición forzada de Édgar Fabián Cuello, un joven trabajador de construcción del barrio Santa Fe, en Bogotá, asesinado el 4 de enero de 2008 y presentado como muerto en combate.

El 14 de diciembre la Asociación Minga y el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) y la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dos informes que recogen 158 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de la Brigada Móvil n.° 15. Las asociaciones representan a los familiares de las víctimas en los municipios de Ocaña, Teorama, El Tarra, Convención, El Carmen, Ábrego y San Calixto, en Norte de Santander. Los informes “Como el retumbar del trueno” e “Informes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales” harán parte del Caso 003, conocido como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

“Antes de que se ese escándalo estallara nosotros veníamos denunciado estas prácticas bajo un mismo modus operandi, donde campesinos resultaban en la morgue de Ocaña sin identificación, después de la simulación de un combate. Hace 12 años estas organizaciones creamos una Comisión de Verificación de Derechos Humanos en el Catatumbo, donde empezamos a documentar más de 60 casos el primer año. El resultado de este trabajo son los dos informes que presentamos”, explicó Juan Carlos Quintero, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo.

El pasado 11 de noviembre, el presidente Iván Duque anunció la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y policiales. Dos de los miembros del grupo (compuesto por cinco hombres, altos mandos en distintas instituciones) están vinculados en investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. El primero es el general Nicacio de Jesús Martínez, quien estuvo al mando del Grupo de Caballería Mecanizada Juan José Rondón entre 2004 y 2005, período durante el cual fueron documentados cerca de 76 casos de ejecuciones extrajudiciales. El segundo es el general Fernando Navarro, quien ha sido denunciado “por haber filtrado información y manipulado investigaciones sobre los falsos positivos”. Además, la Fuerza de Despliegue Rápido, cuerpo del Ejército bajo la dirección de Navarro, dejó a su paso por el suroccidente del país algunos cementerios donde fueron hallados civiles asesinados en operaciones militares.

Esta semana se habló sobre la candidatura del brigadier general Marcos Evangelista Pinto a la comandancia de la IV Brigada del Ejército Nacional. Pinto, actual director del Centro de Educación Militar (CEMIL), fue denunciado en febrero pasado ante la Fiscalía por los 21 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su comandancia en Huila y Antioquia. Entre tanto, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha documentado cerca de 5.700 denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Se han iniciado solo 3.500 investigaciones y en este momento hay alrededor de 900 personas condenadas. De estos, 610 son suboficiales y oficiales. Muy pocos altos mandos, de mayor responsabilidad, han sido vinculados.