El POT, la nueva carta política de Petro

“De nuevo nos convocan a las calles”, tituló la intervención, en la que no escatimó calificativos contra el procurador Alejandro Ordóñez. Petro aseguró que el procurador, “cegado por su odio y su sectarismo político, ya no mira los grandes hechos de violación de derechos humanos que han acontecido en Colombia (…) sino que busca quitarles los derechos políticos, sin ser siquiera un funcionario judicial, a quienes somos elegidos por el pueblo”.

Para el alcalde Petro, Ordóñez no es un juez imparcial, porque es de público conocimiento “su inquina ideológica y personal” contra él. “Sólo le interesa en primer lugar disciplinarme con una sanción que permita que no tenga derechos políticos en el año 2018. Me considera su competidor porque aspira a ser presidente de Colombia”, afirmó Petro, sugiriendo, por su parte, una intención política en 2018.

Al final, el alcalde convocó, con enarbolado lenguaje de caudillo, para el próximo 22 de septiembre a salir por “centenares de miles en defensa de la vida y del planeta, en bicicleta, caminando, cantando, a mostrarle al mundo que Bogotá está en la vanguardia de la lucha democrática contra el cambio climático. A solicitarle al juez que levante la suspensión del POT, si considera que se ajusta a las normas”, por “sus hijos y nietos”.

A su turno, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que lejos de ser una “persecución política” se trata de un “trámite normal ante las quejas de varios ciudadanos” y que “estas investigaciones pueden terminar con sanciones o archivo de las investigaciones”.

Pero no solo el alcalde mayor salió a defender ayer la expedición del POT por decreto. Lo mismo hizo el secretario distrital, Gerardo Ardila. El funcionario explicó que la Ley 388 de 1997 dispuso que el Proyecto de Ordenamiento Territorial iba a ser el único proyecto de acuerdo que podía discutirse en un plazo de 90 días en el Concejo de Bogotá por su complejidad, y que la norma determinó que cuando no se tomara una decisión en ese plazo, el alcalde mayor podía expedirlo por decreto con fuerza de acuerdo.

Así sucedió durante las administraciones de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Pero durante la administración de Petro el escenario fue distinto. La discusión empezó y a los veinte días el entonces presidente de la comisión que se instaló en el Concejo de Bogotá, el concejal Javier Palacio, sometió a votación el tema y por un voto el proyecto de acuerdo se hundió y se cerró la discusión.

“Como faltaba casi un mes para que se venciera el plazo en el Concejo, solicitamos ir a otra comisión que nos diera mayores garantías de discusión y debate del proyecto, pero el Concejo nunca nos respondió. Dejamos pasar los 90 días e incluso un mes más, y cuando nos enteramos de que el entonces ministro de Vivienda (Germán Vargas Lleras) estaba tomando unas iniciativas que podían afectar el POT que habíamos trabajado, se tomó la decisión de adoptarlo por decreto”, aseguró Ardila.

El tema llegó hasta el Consejo de Estado y el alto tribunal ordenó la suspensión del POT, el 27 de marzo de 2014. Después, el Consejo de Estado se declaró sin competencia para resolver la nulidad o no del plan de ordenamiento y le remitió el caso a un juez administrativo, pese a que sostuvo la suspensión del decreto. “Solo en julio le llegó el proceso al juez administrativo y es curioso que ahora que le solicitamos al juez que levante la suspensión del POT, mientras toma una decisión de fondo”, se conozcan los pliegos de cargos del procurador”, agregó Ardila.

En el fondo se trata, según el secretario de Planeación, de una visión de ciudad: “el POT actual (Decreto Distrital 190/04) no combina uso de suelos, no tiene en cuenta impactos ambientales y sigue localizando personas vulnerables en zonas de alto riesgo. Pero permite la construcción sin límite de altura sin contraprestación a la ciudad. El POT de Petro realizó esos cambios necesarios”.

Esto aunque los constructores y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) han manifestado su oposición al POT suspendido, porque aseguran que las exigencias y la restricción de construcción desestimulan el desarrollo de grandes proyectos.

Volviendo al proceso disciplinario que abrió la Procuraduría y revivió este debate, Ardila aseguró: “Esa es una forma de hacer política. Una acomodación para la partida de campaña a la Presidencia. Un acomodamiento para la línea de partida del vicepresidente Vargas Lleras y el procurador Alejandro Ordóñez para las elecciones presidenciales”. Sin embargo, hay quienes creen que Petro también encontró en este pliego de cargos un nuevo aire para hacer política, fortaleciendo también su línea de partida para las elecciones de 2018.