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Hace un año, en Perú, ocurrió el denominado autogolpe de Pedro Castillo, por el que terminó destituido y detenido. En su reemplazo, Dina Boluarte fue nombrada presidenta del país. Su gobierno, sumido en una crisis de legitimidad, es criticado por haber sepultado el compromiso de adelantar las elecciones, uno de los principales reclamos durante las masivas protestas de principios de este año que se saldaron con cerca de medio centenar de muertos en medio de la represión estatal.
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La situación, tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por crímenes relacionados con la matanza de civiles durante su gobierno, no da perspectivas de mejora. Por el contrario, este jueves los ciudadanos volverán a las calles, en el marco del aniversario de la caída de Castillo, en rechazo a la liberación del exmandatario de 85 años y rodeados por el historial de abuso policial.
Mañana hace un año, por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio sus primeras palabras sobre lo sucedido en el país vecino. Por un lado, aunque señalaba el “golpe” que según él ya preparaba el Parlamento en contra del jefe de Estado, reconocía que “indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular”. Enseguida, admitía también que le correspondería “al pueblo del Perú, y a nadie más, resolver la crisis institucional planteada”.
Con el pasar de los días, el tono fue cambiando hasta convertirse en una férrea defensa del vacado mandatario, por considerar que no se surtió un debido proceso, así como de los ciudadanos que salían a marchar en este contexto.
Esto no tardó en molestar al nuevo gobierno peruano, que días después llamó a consultas al embajador de Lima en Bogotá, Félix Denegri. Casi al tiempo, Petro unía fuerzas con los presidentes de México, Argentina y Bolivia para rodear a Castillo, lo que fue calificado por Perú como una injerencia inaceptable. En cuestión de semanas, Petro fue declarado persona no grata por el Legislativo peruano, mientras que el gobierno Boluarte removió por completo al embajador en Bogotá, y la relación terminó reducida a su mínima expresión.
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Para Carolina Cepeda Másmela, profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la postura del gobierno Petro fue “coherente con la línea que ha tenido en defensa de la democracia y los derechos humanos”. Sin embargo, señala que “la manera como presenta las posturas en ocasiones termina rayando con el delgado limite de la intervención en asuntos internos”, en este caso, de Perú.
La crisis diplomática con Perú fue uno de los primeros capítulos que en materia de relaciones exteriores se abrieron durante el gobierno Petro, posesionado en agosto de 2022. Esto provocó comentarios de analistas que ponían en duda la materialización de objetivos que se trazó el líder del Pacto Histórico en campaña, como el de fortalecer la integración latinoamericana. A esto, para Cepeda Másmela, puede habérsele dado un peso mayor al que realmente tiene, pues dicho objetivo es un lineamiento constitucional, así que “no es nada muy novedoso”.
No obstante, reconoce que sí ha habido un interés por “revivir” escenarios que habían quedado atrás, como Unasur, al cual Colombia oficializó su regreso esta semana. De acuerdo con la analista, los tropiezos para volver a fortalecer dichos espacios no vienen tanto por cuenta de roces diplomáticos como el visto entre Bogotá y Lima, sino más bien por el carácter “voluble” que ha habido alrededor de estos mecanismos. Mientras a principios de siglo veíamos la “euforia” por la integración política y económica a instancias de bloques como Unasur, la ALBA, y la Celac, hacia 2018 los gobiernos de corte derechista, en medio del aislamiento de regímenes como el de Venezuela, promovieron nuevos foros, como Prosur.
Una alianza en la que tanto el papel de Colombia como el de Perú son de peso es la Alianza del Pacífico, que, de acuerdo con la docente, ha tenido relativo éxito por tener ambiciones más aterrizadas, ligadas sobre todo a lo económico y no tanto a lo político.
Aunque, como señala Cepeda Másmela, el quiebre con Perú se “ha normalizado en la medida en que, para muchos países, como Colombia, no es posible normalizar relaciones en el contexto actual”, lo económico es uno de los ámbitos en donde la relación bilateral se ha mantenido viva.
La relación comercial
“Perú es un socio comercial estratégico para Colombia en América Latina y el Caribe. La relación de los dos países se enmarca en la Comunidad Andina, de la que hacen parte junto con Bolivia y Ecuador, y además en la Alianza del Pacífico que comparten con Chile y México”, estimó para este diario el Ministerio de Comercio de Colombia.
Según la cartera, aunque en línea con la tendencia global el comercio total entre ambas naciones cayó entre enero y septiembre de este año (en comparación con el mismo periodo del año pasado), “los dos países siguen manteniendo una relación comercial armónica y estable, con una oferta de bienes diversificada”. En la canasta, el 86 % corresponde a bienes no minero energéticos.
De acuerdo con datos oficiales, del total del comercio entre esos meses, las exportaciones de bienes totales de Colombia a Perú sumaron US$889,2 millones, un crecimiento del 8 % con relación a un año atrás. Por su parte, las compras de nuestro país al otro fueron US$540,2 millones (FOB), una caída del 25,8 % frente a enero-septiembre de 2022.
“En lo que toca a la inversión de Perú en Colombia, según balanza de pagos del Banco de la República, esta llegó a US$161,2 millones en 2022, un crecimiento del 158 % con relación al 2021. En el primer semestre de este año, alcanzó US$148,3 millones, un 52,6 % más con relación al primer semestre del 2022″, expone el Ministerio. En sentido opuesto, “la inversión de Colombia en Perú en 2022 llegó a US$167,5 millones, una disminución del 44 % frente al 2021. Entre tanto, en el primer semestre de este año sumó US$130,5 millones, un crecimiento del 61,1 %”.
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¿Qué viene?
Termina un año lleno de asperezas de alto calibre con un vecino clave, en donde, por el momento, parece que el periodo presidencial terminará en 2026.
La crisis, que se empezó a desatar en lo que algunos denominan “diplomacia por Twitter”, se suma a encontronazos que en ese mismo escenario ha tenido Gustavo Petro con controvertidos (aunque populares) gobernantes como Nayib Bukele (que aspira a la reelección), en El Salvador, y el entrante Javier Milei, en Argentina.
Con la llegada del ultraderechista Milei a la Casa Rosada, como señala Cepeda Másmela, se podría esperar un cambio en la postura de Argentina frente a Perú.
No tanto así en México, en donde en las encuestas previas a la elección presidencial de 2024 puntea Claudia Sheinbaum, quien podría seguir las líneas de la política actual de Andrés Manuel López Obrador.
Para este artículo, no fue posible obtener una entrevista con voceros de la Cancillería colombiana ni de la Embajada de Perú en Colombia.
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