Condenan a la Nación por programa académico no autorizado en la Universidad Antonio Nariño

El alto tribunal estudió la acción judicial presentada por tres jóvenes quienes pese a que cursaron todo el programa de terapias de cuidados paliativos entre 1994 y 1995 no pudieron graduarse, lo que les ocasiono perjuicios materiales y morales que ahora deben ser indemnizados.

En el debate jurídico se valido que tras finalizar sus estudios presentaron su tesis de grado, pero debido a problemas para su graduación, decidieron interponer una queja ante el ICFES, institución que les respondió que la Universidad no tenía autorizado dicho programa y que, por lo tanto, los estudios cursados no eran válidos.

La Sala encontró que desde 1997 el Consejo de Educación Superior (CESU) había puesto en conocimiento del Ministerio de Educación y del ICFES los problemas que tenía la Universidad, pero solo hasta 1999 se formuló pliego de cargos contra la misma, tiempo demasiado largo para enfrentar una situación urgente, como lo era el desarrollo ilegal de varios programas académicos por parte de la institución de educación superior.

“La Sala considera que si se hubiera ejercido una labor de verificación más minuciosa desde el momento en que se tuvo conocimiento de dichas irregularidades (septiembre de 1997), el ICFES se habría percatado de las deficiencias de la institución educativa y, de conformidad con dicha constatación, habría cerrado la posibilidad de que la Universidad Antonio Nariño ofreciera el programa curricular en tales condiciones”, indica la sentencia.

El fallo concluyó que las entidades demandadas violaron el contenido obligacional que les correspondía, en relación con la inspección y vigilancia de las actividades de la Universidad Antonio Nariño, en la medida en que permanecieron largo tiempo impasibles frente a las serias y graves irregularidades que en ese sentido les fueron presentadas.