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La vía de alerta la dio el empresario Fernando Garcés Lloreda, quien en sus épocas de servidor público consiguió que el Estado concesionara por primera vez una malla vial que durante 20 años logró la construcción de las dobles calzadas Palmira-Buga-Tuluá-La Paila, los tres carriles de la llamada Recta a Palmira, además de muchas otras vías departamentales con su respectivo mantenimiento.
El ejemplo de lo sucedido en el Valle fue calcado en otras regiones del país con mucho éxito. Es indudable que las vías concesionadas —gracias a los peajes que se cobran— se encuentran, en su gran mayoría, en excelentes condiciones.
Pero, y aquí viene el pero, la concesión culminó y pasó a ser, ojalá transitoriamente, manejada por el Invías y el producido por los peajes se va a Bogotá. Somos víctimas del centralismo capitalino que todo lo quiere acaparar.
Total, las vías del Valle, otrora un modelo nacional, están presentando ya signos de abandono. Sus bermas se ven enmalezadas, las reparaciones tardan eternidades y, lo peor, se perdió la dinámica en materia de construcción de nuevas carreteras y arreglos de las mismas.
Así las cosas, los peajes, que representan un cuarto de billón de pesos anuales, no se reinvierten en los lugares en donde se originan, sino que van parar a esos barriles sin fondo de la alta burocracia o quién sabe a qué puentes sin carreteras o, Dios no lo permita, a los bolsillos de los enmermelados de siempre.
Urge entonces una presión al más alto nivel por parte de la Gobernación, gremios, la bancada legislativa, los empresarios y los amigos del presidente para que se licite la concesión de la malla vial del Valle y se logre descentralizar semejante exabrupto que está siendo rechazado por la opinión pública departamental.
De lo contrario, se borrará con el codo lo que se escribió con la mano, como tantas y tantas veces ha sucedido en este país del Sagrado Corazón.
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