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Que Dios y la virgen -cualquier virgen— me perdonen, pero voy a sumarme a la plegaria de quienes proponen que las iglesias paguen impuestos. Es una medida quizá no tan bien vista por el Altísimo, (“yo pecador me confieso”), pero en tiempos de apremio… o mejor dicho: “En tiempo de guerra no se oye misa”; así que, las propuestas son para hacerlas…
Pues bien, que parece un poco pecaminoso por parte de los jerarcas de las bienamadas iglesias y más de la católica que no se pague impuesto. En la Conquista —de hecho hizo parte de ese proyecto—, luego en la Colonia y hasta ahora en nuestra vida republicana, la Iglesia ha disfrutado ciertos privilegios que poco o nada tienen que ver con ese mensaje de humildad, sencillez y respeto por las instituciones que a veces ellas mismas predican.
La católica está exonerada —gracias al concordato— de pagar predial por sus edificios dedicados al culto, seminarios, cementerios, casas curales, episcopales y conventos. Y luego, reclamando derecho a la igualdad, cómo no, después de la Constitución del 91, la Corte Constitucional ha emitido algunas sentencias para que esas medidas sean extensibles a otras iglesias, y eso es entendible.
Según Portafolio (nov. de 2018), “por exenciones en impuestos de renta y el IVA, el año pasado el fisco dejó de recibir $59,3 billones”. Esos casi $60 billones que deja de recaudar —dice Portafolio— son beneficios que establece el Gobierno para “estimular determinadas actividades económicas en el país, como la inversión, generación de empleo y desarrollo de las regiones, entre otras”.
Según el artículo referido, las más de 8.500 asociaciones religiosas registradas en Colombia, en 2017 declararon un patrimonio bruto de $14,4 billones y un patrimonio líquido de $13 billones. A su vez, declararon ingresos brutos por 5,4 billones. ¡Válgame Dios que ni a ellos los tienta la avaricia! —se dicen entidades sin ánimo de lucro— ni a mí la maldita envidia!
A las iglesias, en especial la católica, hay que abonarle ciertos liderazgos a favor de la educación, el deporte, la atención a población vulnerable (ancianos, indigentes, niños desvalidos, enfermos); también que desde sus púlpitos y desde el ejemplo de algunos de sus sacerdotes han contribuido a menguar las tensiones políticas sociales (“no matarás”); valorarle un poco en la cultura de la legalidad (“no robarás”); ha contribuido a manejar cierto orden familiar (“no desear la mujer de tu próximo”, “amar hasta que la muerte los separe”), entre otras. También hay que decir que ha gozado de muchos beneficios si se compara con lo que le ha devuelto al Estado y, en este caso, al fisco.
En Colombia algunas voces empiezan a reclamar que también las iglesias deberían aportar. Este periódico, en su editorial del 24 febrero de 2017, invitaba a “abandonar el régimen de excepciones y legislar que todas las iglesias, incluyendo la católica, deben pagar impuestos”.
“La idea —agregaba— es que el eventual impuesto sea proporcional al patrimonio de cada una” y “no apoyaríamos, a manera de ejemplo, un gravamen que amenace la subsistencia de las iglesias con menos recursos”.
Y no vengamos a pedirles ahora, después de más de cinco siglos de privilegios, que paguen todo y por todo. Pero si al menos se acogieran al tratamiento dado a entidades con régimen tributario especial o sin ánimo de lucro, según Portafolio, al fisco le estarían entrando “en promedio cada año $324.000 millones”. Esa platica no es mucha: digamos que es una pequeña limosna, un mínimo diezmo, como el que piden pastores y sacerdotes, y en algo ayudaría a paliar esos $14 billones que, se dice, faltan para el presupuesto de 2019.
Valdría la pena analizar la propuesta. Más teniendo en cuenta que las iglesias también han dejado su labor evangelizadora y son dueñas de inmensos predios, de universidades y colegios, donde las matrículas no son precisamente las más baratas; además, ya participan abiertamente en política y en sociedades comerciales, entre otras actividades. Incluso otros, más malpensados, ¡Dios los perdone!, dicen que las iglesias, dado que no tienen que pagar impuestos ni tener sistemas contables, pueden servir de fachadas (y en el iglesias sí que saben de fachadas y de frontis) para ocultar dineros mal habidos.
En fin, si quieren hacer parte activa de la vida política, social y económica del país, pues también “deberían mandarse la mano al dril” como todos los colombianos y aportar para sacar esta creyente sociedad adelante.
Hay países donde las iglesias tributan, como es el caso de Grecia, que aporta para el sostenimiento del Estado. Y no por ello la Iglesia “ha puesto el grito en el cielo” y a juzgar por lo sabido, en Grecia se vive un poco mejor que en estas tierras tropicales.
Cuando se miran las cifras que manejan las iglesias, la mente que va un poco más allá de credos y conjuros establece algunos símiles y reflexiones. Por ejemplo, viene a la mente este tema, justo cuando nuestro creativo presidente Duque invita a que aportemos a las universidades públicas. En tal sentido, considero que las iglesias colombianas, mediante el pago de algunos impuestos, podrían ayudar a paliar el déficit de nuestra educación universitaria. Sería una forma muy generosa, y en cierta medida una fórmula reparadora, para esta sociedad de la cual tanto se han lucrado —perdón: válido—. Amén.