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El Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae), en el sur peruano, se está convirtiendo en un grave problema de seguridad para el presidente Alan García. Casi veinte años después del fin de la guerra civil que asoló a Perú (1980-1990) y tras la captura del líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, remanentes del grupo guerrillero se han aliado con traficantes de droga y han transformado la zona en el mayor cinturón cocalero del mundo, según el último informe de Naciones Unidas. Las autoridades peruanas respaldan los datos de la ONU y aseguran que la mayoría de droga producida en los fértiles valles es exportada con la ayuda de los guerrilleros.
La situación se está volviendo una pesadilla para el presidente Alan García, cuyo primer gobierno (1985-1990) terminó en medio de una de las más graves crisis por cuenta de la guerrilla. Ahora, en su segundo mandato (julio 2006), el fantasma de Sendero Luminoso ronda de nuevo a su gobierno. Para no repetir la historia, el mandatario encargó al ejército peruano que intente tomar el control del Vrae, pero la tarea no ha sido nada fácil. Hasta el momento, los militares han sufrido varios golpes. En el último año, los rebeldes han matado a cerca de 40 soldados y policías pobremente equipados.
Mientras los militares sufren embarazosas emboscadas, los narcotraficantes reciben un trato benévolo por parte de los jueces y alcaldes de los pueblos de la zona, quienes defienden a rajatabla a los que cultivan coca, principal insumo en la elaboración de cocaína. Otro factor que agrava la situación es la poca popularidad del gobierno peruano. “Alan García nunca ha venido por acá”, reclama Doris Medina, de 33 años, cuyo padre fue asesinado por los rebeldes durante el apogeo de la guerra. “Él le dio otra vez la espalda al Vrae”, agregó mientras camina entre los cultivos de coca plantados por su madre.
El padre de Medina pertenecía a las patrullas o “ronderos” creados por el ex presidente Alberto Fujimori en la década de los 90 para ayudar al ejército azotado por la insurgencia. Fue en su administración que la guerrilla tuvo que replegarse. Pero algunos rebeldes que sobrevivieron a los métodos poco ortodoxos de Fujimori aún están en pie de lucha.
El coronel Élmer Mendoza, de la Unidad de Contraterrorismo de la Policía, asegura que si bien el ejército trata de acorralar a los casi 600 rebeldes que dominan el Vrae, él y sus hombres tienen las manos atadas. Además, en altas esferas del gobierno se escucha una queja recurrente por la poca atención que Estados Unidos le brinda a Perú, a pesar de que el país andino es uno de los pocos aliados de Washington en la región.
Los cocaleros, por su parte, reclaman que el gobierno les achaca toda la responsabilidad de la situación. “No somos terroristas ni traficantes. Somos agricultores. Yo luché contra los terroristas”, se queja María Palomino, de 59 años, quien perdió a su esposo durante la lucha armada.
Coca, café y cacao
La pobreza generalizada y las escasas inversiones gubernamentales en caminos, educación y salud han hecho de la hoja de coca el único sustento para personas como Medina y Palomino. La coca crece rápido, puede ser cosechada cuatro veces al año, funciona como una moneda paralela para el pago de la mano de obra y ayuda a generar ingresos alternativos a los cultivos de café y cacao. “La coca es nuestra caja chica”, acepta Medina.
Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda independientes actualmente tratan de erradicar la cultura de la siembra de coca y de violencia que impera en la región alentando cultivos alternativos, pero los pobladores siguen sembrando la planta. Medina es inspectora de control de calidad en la cooperativa agrícola Cacvra, que exporta el café y cacao orgánicos cultivados por sus más de 2.000 miembros hacia Estados Unidos y Europa.
La hija de Palomino, por su parte, trabaja para una firma exportadora de cacao, lo que le da esperanzas de que sus nietos vayan a la universidad. Por eso, ella alienta a los agricultores para que eleven sus ingresos mejorando la calidad de sus granos y comercializándolos como orgánicos, con el lema del comercio justo. Sin embargo, al igual que una quinta parte de los agricultores de su cooperativa, su madre sigue sembrando hoja de coca para poder llegar a fin de mes. Y es que sembrar coca resulta tan rentable, que en las épocas de cosecha los campesinos cobran el doble o triple del salario diario habitual por recoger los granos de café, debido a que bien podrían ganar más trabajando para los cocaleros.
Una zona impenetrable
Para penetrar la selvática zona del Vrae hay que recorrer un enlodado camino, enmarcado por peligrosas curvas durante cuatro horas. A lo largo del trayecto, patrullas de campesinos armados vigilan las casi 16.000 hectáreas de plantaciones de coca y detienen los autos para cobrar un peaje. La Policía toma nota del nombre de cada persona que entra. El Vrae está ubicado a seis horas de la ciudad de Huamanga, la cuna de Sendero Luminoso. Las cuatro provincias que comprenden este valle dificultan los esfuerzos del gobierno de implementar una estrategia de seguridad, desarrollo y combate del narcotráfico. “Debo ser sincero, la corrupción que existe en esta área en cierto modo lo afecta todo”, dice Luis Guevara Ortega, el representante del gobierno en el distrito Sivia del Vrae.
Los críticos dicen que el gobierno no ha hecho lo suficiente por controlar la zona, pero funcionarios peruanos coinciden con analistas en que la creciente violencia en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae) no representa todavía un riesgo grave para la estabilidad del país. Pero el problema podría crecer: la ONU estima que la producción colombiana de coca fue de 430 toneladas en 2008, mientras que la peruana alcanzó las 302 toneladas. Temen que muy pronto Perú supere a Colombia en la producción de droga.
La ayuda de EE.UU.
Perú es uno de los países más incondicionales con Estados Unidos en América Latina, sin embargo, denuncia el Centro de Política Internacional en Washington, el país andino no está entre las prioridades de Washington. Cada año Perú recibe US$50 millones por concepto de cooperación militar. “Esto es parte de una estrategia regional antidrogas, que no se ha pensado mucho ni especificado para Perú”, explicó a la agencia EFE el director del Programa de Seguridad en Latinoamérica del CIP, Adam Isacson.El analista estadounidense explica que a pesar de que la ayuda a ese país “es bien escasa”, es el tercer receptor después de Colombia y México. Debido a la difícil situación en el Vrae, el Ministerio de Defensa peruano compró dos Super Tucano, que serán destinados a combatir a los remanentes de la banda Sendero Luminoso y el narcotráfico.