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Esta semana, durante un encuentro con empresarios en el sur de Florida, la advertencia la hizo Humberto de la Calle, cuando exteriorizó su preocupación de que un eventual acuerdo en La Habana “se vuelva inviable por la polarización que hoy vive el país”. Un clima de tensión política en evidencia luego del encendido debate del pasado miércoles entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Enfrentamiento verbal que derivó en múltiples denuncias, de las cuales tendrá que ocuparse la justicia.
Una extrema polarización que demuestra cómo el objetivo de alcanzar la paz en Colombia va más allá de los diálogos en Cuba. A sabiendas de que tarde o temprano serán los colombianos quienes refrenden el eventual acuerdo entre Gobierno e insurgencia, y que este proceso es imposible si no se establecen reglas claras y respetuosas en los debates, De la Calle puso el dedo en la llaga: la esencia de la democracia es el manejo de los disensos. Y, por lo que se vio en el Congreso, hoy es un ideal lejano.
Después de dos años de negociación y tres acuerdos logrados, los diálogos de paz entraron en un capítulo crucial: las víctimas. Desde junio van tres rondas con serias discrepancias de criterio, por lo que se advierte que no será asunto fácil. Durante el debate en el Congreso, algunos de sus protagonistas —Iván Cepeda, Álvaro Uribe, Juan Fernando Cristo o Carlos Fernando Galán— sufrieron en sus familias la violencia, es decir, son víctimas. Pero demostraron escasa intención de resolver sus diferencias.
Con este ejemplo que hoy impacta en el proceso de paz, se advierte que en los escenarios inmediatos de la política va a ser peor. El Centro Democrático, en respuesta al debate de paramilitarismo y narcotráfico liderado por Iván Cepeda, ya anunció uno de farcpolítica. Cepeda señaló que está dispuesto a encararlo, pero de antemano se vaticina un ambiente semejante al que se vivió el pasado miércoles. En otras palabras, una perspectiva poco favorable a unos diálogos de paz con insuficiente arraigo social.
Como si fuera poco, ya está aprobado otro debate en el que Gobierno y oposición se sacarán chispas: el juicio que quiere hacer el uribismo al presidente Santos por la compra de 64.865 pistolas Sig Sauer, a un costo de más de US$28 millones. Una negociación supuestamente sin cumplir requisitos legales, desconociendo la reglamentación europea para la venta de armas y con presunto favorecimiento al empresario Felipe Jaramillo, a quien califican de amigo personal del primer mandatario.
En el fondo de esta caldeada confrontación se mueve la justicia. El uribismo habla de persecución judicial a sus integrantes, y en especial al entorno personal y familiar del expresidente Álvaro Uribe. El principal blanco de sus críticas ha sido la Fiscalía, que hace apenas una semana reabrió un caso contra Tomás y Jerónimo Uribe. El senador Uribe aseguró que esta acción obedeció a una presión del Gobierno. El pasado jueves, el presidente Juan Manuel Santos señaló públicamente que su gobierno no persigue a nadie.
Lo cierto es que en los mentideros políticos se rumora que, de persistir las determinaciones judiciales contra integrantes del Centro Democrático, no se descarta un exilio masivo. Un escenario político complicado en el contexto internacional, pero que otros ven como una estrategia del uribismo para victimizarse. De todos modos, esta semana el presidente Santos va a la Asamblea de las Naciones Unidas a hablar de la paz de Colombia y, al menos en el terreno político, no existe un clima favorable a esta meta.
En este contexto, tampoco la tiene clara la Corte Suprema de Justicia, juez de los congresistas. Aunque esta semana le llegaron denuncias a granel de Cepeda, Canal Capital, Salvatore Mancuso, Álvaro Uribe o Jimmy Chamorro, entre otras, lo único claro por ahora es que Cepeda y Uribe serán citados para escuchar sus argumentos. Debe imperar el criterio judicial, pero es claro que también hay incidencia política. En tal sentido, comentó una fuente, de suceder, lo equitativo sería abrir proceso a los dos.
Tanto Uribe como Cepeda ya tienen denuncias en el alto tribunal y son personas del entorno de ambos líderes quienes las alientan. Esta semana, el expresidente madrugó a denunciar a Cepeda por supuestas presiones a testigos en las cárceles para que declaren en su contra. El senador Cepeda dejó el voluminoso paquete de señalamientos contra Uribe que utilizó en el debate, pero también lo radicó en la Fiscalía y la Comisión de Acusación. Como quien dice, pelea abierta en lo político y lo judicial.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tendría que buscar puentes para atenuar la confrontación, ahora también hace parte de la contienda. Su duro rifirrafe con Uribe en el debate del pasado miércoles, con coletazos y señalamientos judiciales, complica más el panorama. En este orden de ideas, por efecto de la polarización, no se advierte un buen horizonte. Se viene el desenlace de la legislatura, el año entrante hay proceso electoral y llega la etapa crucial para la paz. ¿Será posible en medio de las agitadas aguas del presente?
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