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Ante el despacho del Fiscal General, Eduardo Montealegre fue radicada una solicitud de vigilancia de los procesos que se adelantan actualmente en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce. Esto debido a las amenazas que se habrían presentado en contra de una de las testigos dentro de estas investigaciones.
Se trata de Orieta Martínez Ossuna quien, por medio de su abogado, denunció que el pasado 2 de agosto recibió “de manera sorpresiva” en su domicilio en Barranquilla la visita de Elfi Beltrán “manifestando que se encontraba ayudándole a la señora Gette en unos asuntos personales”.
Beltrán, quien fungió como administradora de la Academia de Artes y Cultura del Caribe –empresa de la cual es dueña Gette Ponce- le pidió a Martínez si tenía documentación relacionada con la exrectora universitaria, situación que le generó extrañeza teniendo en cuenta que está citada para declarar en una de las investigaciones.
“En dicha visita la señora Beltrán afirmó ante mi prohijada, de manera amenazante, que ya que ella había trabajado con la señora Gette, ayudándole con los pagos personales, debía tener pleno conocimiento de los ingresos y gastos de la señora Gette”, señala uno de los apartes del derecho de petición.
En este sentido señaló que se presentó una insistencia en las preguntas si tenía documentos que pertenecieran a las actividades de administración de Gette Ponce “ante lo cual mi prohijada le informó respetuosamente que ella no poseía ningún documento y que estos reposaban en la oficina de rectoría desde septiembre de 2013”.
En esa fecha, le insistió, ella dejó el cargo de asistente de la Rectoría tras ser designada como Coordinadora Administrativa de Idiomas de la Universidad Autónoma del Caribe. En el documento se indica que es evidente que Beltrán tiene una “estrecha relación” con la procesada, enfatizando que “Gette es investigada es un sin número de casos por parte de la Fiscalía”.
La exrectora fue condenada a seis años y seis meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal. Esto por ofrecer 250 millones de pesos al excomandante paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su versión en la investigación que se adelantaba en su contra por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda en septiembre de 2003.
El pasado fin de semana fue trasladada a su domicilio en la capital del Atlántico para que cumpla su sentencia. Ante esto la Fiscalía presentó una solicitud para que sea llevada nuevamente a un centro carcelario indicando que existen otras medidas de aseguramiento en su contra por otros dos procesos penales que se le adelantan.
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