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Después de una convulsa semana, el presidente Gustavo Petro decidió recalibrar su estrategia. Pero no para calmar la tormenta que volvió a desatarse por escándalos y rencillas internas, sino para dejar claro que no piensa dejarse arrinconar. Aceptó el reto que le planteó su excanciller Álvaro Leyva con una carta –en la que lo tildó de “drogadicto”– y ahora busca convertir las acusaciones en combustible para seguir marcando la agenda y controlar la narrativa pública. Su objetivo: que no pierda protagonismo la consulta popular con la que busca oxigenar su paquete de reformas y medir en las urnas el respaldo para que el proyecto progresista se reelija en 2026.
En la línea por demostrar músculo, sus entidades se encargaron de llenar de gente el evento de instalación de los comités ciudadanos por el “sí” en Soledad. El tono con el que el mandatario cerró la semana desde ese municipio del Atlántico parece anticipar el del epílogo del “Gobierno del cambio”. La primera prueba de fuego será el próximo 1° de mayo, Día del Trabajo, cuando Petro radicará personalmente el cuestionario de la consulta ante el Congreso, desenvainará la espada de Bolívar, como él mismo lo anunció, y espera una cifra ambiciosa: que al menos diez millones de personas salgan a las calles a respaldarlo.
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Treinta y seis horas después de que el primer funcionario que designó cuando llegó a la Casa de Nariño le dijera, a través de una misiva de cuatro páginas, que “sus intervenciones públicas son un abuso del poder que detenta”, Petro instaló los comités ciudadanos por el “sí” con un discurso de 76 minutos, de los cuales dedicó 13 a lanzar dardos contra Leyva y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Al primero nunca lo mencionó por nombre propio. Se limitó a llamarlo “señor escritor” y “señor oligarca”, al igual que hizo en sus redes. Al segundo, lo tildó de “HP”, lo que generó una ola de rechazo de parte de un amplio sector del espectro político, incluyendo pronunciamientos del Partido Conservador, de La U y de Cambio Radical.
De forma similar, convirtió una de las acusaciones de su exministro en un elemento central durante su intervención de este jueves: utilizó la palabra “drogadicto” hasta en dieciséis ocasiones. Ya había hecho referencia al tema también el miércoles, durante la sanción de dos leyes animalistas. La oposición no se quedó atrás y también capitalizó el tema durante la semana, haciendo resurgir propuestas como la de hacer públicas las historias clínicas de los presidentes o someterlos a exámenes de toxicología.
No es la primera vez que Petro se ensaña con exintegrantes de su gabinete. Esta semana, en al menos dos intervenciones, volvió a lanzar pullas a los exministros José Antonio Ocampo (Hacienda) y Alejandro Gaviria (Educación). Del primero llegó a decir que sus actuaciones deberían investigarse penalmente por presuntamente haber subsidiado a los más ricos a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Del segundo repitió que nombrarlo fue uno de los peores errores de su administración. A esos personajes, Petro los usa hoy para marcar un punto de quiebre en su mandato. “Este es el momento del cambio. Ahora sí lo vivimos. No era cuando andaba entre las corbatas de Leyva, Ocampo o Gaviria”, dijo con en un tono con una alta carga electoral.
Pero detrás del tono desafiante con el que Petro ha salido a escena en los últimos días, laten innegables tensiones dentro de su gabinete. Varios de esos roces volvieron a quedar al descubierto con la misiva de Leyva, en la que señaló que el presidente está políticamente “secuestrado” por miembros de su propio equipo. Entre ellos, nombró directamente a la canciller Laura Sarabia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyos choques han escalado al punto de obligar al mandatario a intervenir para evitar que ese conflicto interno vuelva a hacer ruido en la opinión.
Esa disputa, que no solo es política, ya tiene derivaciones penales. El aparente pacto de no agresión que habían sostenido desde que fueron señalados en el primer consejo de ministros televisado se rompió tras el anuncio de la canciller de que rendiría diligencia ante la Fiscalía, en una investigación que incluye un audio en el que también estarían implicados el exfiscal general Francisco Barbosa y el exjefe de fiscales ante la Corte Gabriel Jaimes.
Aunque ninguno de los dos ha querido volver a hacer comentarios públicos al respecto, la distancia entre Benedetti y Sarabia se percibe incluso en detalles. Este viernes, por ejemplo, el ministro del Interior reconoció que la paz total no va bien, mientras que desde la ONU la jefa de la cartera de Exteriores defendió dos días antes los avances del proceso.
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Pese a las tensiones internas, el evento en Soledad sirvió también para proyectar una imagen de unidad al interior del Ejecutivo. Aunque hace apenas unos días Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, había sugerido también que Benedetti, de quien ha dicho que no es “santo de su devoción”, debería salir, el viernes apareció sentado a su lado; los dos figuraron sonrientes. Así, las fotografías del evento, más que reflejar una reconciliación, parecen obedecer a una estrategia de contención: cerrar filas, al menos en lo público, para fortalecer el discurso de Petro y mostrar cohesión en momentos clave de cara a la consulta popular.
Cuando El Espectador consultó a varios miembros del gabinete sobre el impacto de la carta del excanciller y el ambiente interno del Ejecutivo, la mayoría coincidió en restarle importancia al episodio. Quieren mostrarse como un frente cohesionado y evitaron reconocer fisuras, incluso descartando las palabras de Leyva como una bala perdida lanzada desde el margen. El silencio también domina frente a la tesis que ha surgido en algunos sectores en torno a que a Leyva se le habría incumplido una promesa desde la Casa de Nariño.
El tono desafiante que parece acompañará al presidente Petro durante los últimos 15 meses de su mandato comenzó a tomar forma desde el lunes y empezó con la rama judicial. Aunque el Consejo de Estado había dictado un fallo que prohibía la transmisión de los consejos de ministros por canales privados de televisión, ese día, Petro dio una alocución presidencial de una hora y media, transmitida por canales públicos y privados, que conservaba un formato muy similar al de una reunión ministerial. En cualquier caso, el mandatario –cuyo Gobierno está luchando contra la decisión del alto tribunal en instancias judiciales– no escatimó en denunciar que se trata, según él, de un acto de censura.
De todos modos, en cuanto a la Rama Judicial, el jefe de Estado sí le ofreció una suerte de pequeña rama de olivo a la Corte Constitucional. Aunque ambas partes están enfrentadas por la revisión de la reforma pensional –que se tambalea tras decenas de demandas– y aclaró que “no está de acuerdo en muchos temas”, Petro le agradeció al alto tribunal por haber decretado medidas cautelares que suspenden provisionalmente la investigación que adelantaba en su contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) en lo referente a su estatus como mandatario.
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“Frena un golpe de Estado”, dijo el presidente. La decisión se leyó como una victoria para el petrismo, sobre todo porque la suspensión se dio tras estudiar la petición del magistrado ponente Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño. Según conoció este diario, la investigación sobre la financiación de la campaña del Pacto Histórico seguirá adelante, pero excluyendo al mandatario del expediente.
Ahora bien, el reto que se avecina en el Capitolio no es menor. Así como Petro no ha escatimado críticas contra Cepeda, el presidente del Congreso le ha devuelto los dardos y su respuesta podría ser incluso simbólica, pues no será él quien le reciba a Petro el cuestionario de la consulta popular cuando lo radique el próximo 1° de mayo –un trámite que, en todo caso, suele hacerse ante las secretarías generales de las corporaciones–. Incluso, ha hecho saber que tiene una inquietud: no sabe si interpretar el anuncio de que Petro desenvainará la espada de Bolívar como una amenaza contra el Legislativo que le ha dificultado el caminar a su paquete de reformas.
En diálogo con El Espectador, Cepeda advirtió que el presidente “ha intentado” tener actitudes dictatoriales, a lo cual le contestó Petro que “si los representantes del pueblo lo traicionan, el pueblo tiene el derecho de revocarlos”. La tensión ha llegado al punto que el ministro de la política reconoció el viernes que “le va a tocar hacer magia”. Y es que la plenaria del Senado, donde el progresismo no cuenta con las mayorías, tendrá 30 días para decidir sobre si le da el aval al proyecto de la consulta. Necesitará conquistar 53 votos –28 más de los que hoy tiene asegurados– y hacerle frente a la estrategia de la oposición de que el debate falle por falta de quórum.
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Aunque voces del Congreso han tratado de empujar la tesis de que la consulta se realice después de las elecciones de 2026 –como ocurrió con la consulta anticorrupción de 2018–, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les pidió a los congresistas que “leyeran la ley”, que indica que el presidente tiene tres meses para convocar a las urnas luego de que el Congreso apruebe. Es decir, en septiembre de este año. Un argumento que, además, le sirve al Pacto, porque el calendario electoral aún no arranca oficialmente, aunque políticamente la carrera ya haya comenzado.
Las pullas al Legislativo no se han quedado solo en el presidente. Esta semana, incluso los ministros del gabinete empezaron a subirle el tono al Congreso. Benedetti acusó a la senadora conservadora Nadia Blel de “torturar” la reforma a la salud, mientras que Sanguino apuntó contra Cepeda al decir que “le aplicará la eutanasia” a la laboral, incluso aunque la apelación fuera aprobada.
Aunque la convulsa semana de Petro debía terminar en Europa, para el funeral del papa Francisco, hubo un cambio de planes por recomendación médica. Lo mismo sucedió con la Cumbre de Gobernadores en Yopal de este viernes. Si bien en algunos círculos se ha hablado de una posible cirugía, al consultar con Presidencia, el silencio –como es recurrente– fue absoluto.
Con las marchas convocadas el próximo jueves para rodear al progresismo, Petro espera poner todo en la mesa. “La reelección del presidente Petro es el 1° de mayo”, aseguró el ministro Benedetti durante la cita en Casanare. El mandatario ha dejado claro que su objetivo es más ambicioso que el de la marcha del pasado 18 de marzo. A diferencia de aquella jornada que, según él, se congregó en 200 plazas, esta vez las manifestaciones se den en mil puntos del país, sumándole a su estrategia de demostración de fuerza.
Su meta es que las manifestaciones se amplifiquen en los 32 departamentos, aunque algunos sectores han expresado preocupación por la interpretación que puedan tener los recursos destinados a las Juntas de Acción Comunal (JAL), temiendo que se vea como un incentivo para promover la consulta popular antes de la aprobación del Senado.
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Entre tanto, otros escándalos también tocan las entrañas del gobierno de Petro, entre ellos las investigaciones contra múltiples exfuncionarios por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como el proceso judicial que afronta su primogénito, Nicolás Petro Burgos, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un expediente que toca la campaña de 2022.
Parece que la tormenta que lo golpea desde dentro y fuera ha vuelto a convencer al primer mandatario de aferrarse a las calles y a la plaza pública como bastión para el epílogo de su mandato; ese es el fondo de lo que pasará dentro de cuatro días. Es ahí, en la movilización callejera y en la confrontación directa y en tono duro con sus adversarios, como apostará su capital político para estos últimos quince meses.
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Por Daniela Cristancho
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