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La Corte Suprema de Justicia decidió devolver esta semana la terna que el presidente Iván Duque le envió al tribunal para elegir al famoso fiscal ad hoc. Los magistrados de la Corte consideraron que con la renuncia de su colega Margarita Cabello a la postulación para el cargo ya no había terna y que por lo tanto no podían elegir entre los dos nombres que quedaron: el de Clara María González Zabala, actual secretaria jurídica de la Presidencia, y el de Leonardo Espinosa, quien se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
Desde que salió la terna se ha rumorado que esta es una carrera con un caballo ganador: la doctora Clara María. Por eso mientras evoluciona el tema vale la pena darle una mirada a esta abogada casi fiscal ad hoc.
El 21 de agosto de 2018 la doctora González Zabala fue posesionada por Jorge Mario Eastman en el cargo de secretaria jurídica del departamento administrativo de la Presidencia de la República. (Ver Decreto 1605 de 2018).
El presidente Duque en la ceremonia de posesión declaró que la abogada González Zabala había sido su profesora en la universidad y que era una mujer “de gran rigor y con valores a prueba de todo”. (Ver Video posesión minuto 12:33).
Pues veamos esos valores.
En mayo de 2008, la excongresista Yidis Medina, sentenciada por recibir sobornos por parte de funcionarios del Gobierno para cambiar su voto y con eso aprobar la reelección de Uribe, declaró ante la Corte Suprema que, en junio de 2004, cuando mintió diciendo que no había recibido prebendas por su voto lo hizo siguiendo instrucciones de dos abogados puestos y pagados por allegados al Gobierno.
Los importantes juristas eran nada más y nada menos que la doctora Clara María González Zabala y el penalista Álvaro Montoya Flórez.
Un poco de contexto.
En junio de 2004, Yidis Medina tuvo que afrontar varios procesos porque desde esa época se sospechaba que había vendido su voto para aprobar la reelección de Uribe. Medina debió acudir a la Procuraduría en el proceso disciplinario que involucraba al entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt; al ministro de Protección Social, Diego Palacio, y otros altos funcionarios de ese Gobierno.
Yidis Medina también fue investigada por la Corte Suprema y su investidura fue demandada ante el Consejo de Estado, y en esos procesos tuvo como abogados a González Zabala y Montoya Flórez a quienes, según sus declaraciones juramentadas, llegó por recomendación de un alto funcionario del Gobierno.
El alto funcionario era Fabio Echeverri Correa, alias el hombre del “articulito”, y según las declaraciones de Yidis Medina, días después de haberse aprobado el proyecto de reelección, ella fue invitada a una reunión en el Hotel Dann de Bogotá donde fue recibida con aplausos por un grupo de personas partidarias del presidente Uribe. (Ver Única Instancia).
Según lo publicó Noticias Uno, en esa reunión le dijeron que no se preocupara por su defensa judicial, que sería asumida por dos grandes abogados y por la que ella no tendría que pagar ni un centavo. (Ver Procuraduría amplia investigación).
Uno de esos abogados era la que fue profesora del hoy presidente Duque, quien le aconsejó a Yidis Medina que dijera que no existió ofrecimiento de prebendas a cambio de su voto a favor de la reelección. Es decir, una mentira ad hoc bajo juramento.
Medina le dijo a la Corte Suprema que mintió en las declaraciones de 2004 porque, según ella, siguió un libreto escrito por la hoy secretaria jurídica de Presidencia y por el penalista Álvaro Montoya Flórez, quien la asistió en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia.
Medina, tiempo después, declaró que la instruyeron para que dijera eso, para proteger al Gobierno más que a ella, seguramente para sacar de cualquier problema a los altos funcionarios involucrados en la compra de su voto.
Tremendos abogados.
La excongresista declaró además que no fue ella quien pagó los honorarios de los abogados, que no debían ser baratos, ya que González Zabala también ha actuado como representante del expresidente Álvaro Uribe y del movimiento Primero Colombia en procesos para reclamar reembolso por votos en la Registraduría. (Ver Honorarios).
Sobre el otro abogado la cosa no se pone mejor.
El colega de la candidata a fiscal ad hoc es hermano de Raúl Montoya Flórez, el empresario del licor que fue gerente de la campaña de Uribe en Magdalena para las elecciones de 2002 junto a Jorge Noguera. Lo que pasó en ese departamento en esa época y elección por la influencia de los paramilitares está debidamente documentado y sentenciado.
Raúl y su hermano Álvaro Montoya Flórez fueron socios de Luis Carlos Molina Yepes, el pagador del asesinato del periodista Guillermo Cano y quien nombró a Álvaro Uribe Vélez en la junta directiva de Confirmesa S.A., empresa que le lavó activos al Cartel de Medellín. Todo eso está documentado en una columna que escribí en mayo de 2017. (Ver Con firmeza).
Confirmesa fue precisamente liquidada por Álvaro Montoya Flórez, el hombre que junto con Clara María González orientó las declaraciones de Yidis Medina para que sacara limpios a los altos funcionarios del gobierno de Uribe.
Tremendos abogados los que recomienda el uribismo, impresionantes las credenciales de la profesora del presidente Duque y secretaria jurídica de la Presidencia, e intachable la hoja de vida de una ternada para un cargo tan importante como fiscal ad hoc. ¿O no?
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