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La Procuraduría General le solicitó formalmente a la Contraloría y Personería distrital establecer los beneficios y la eficacia de los centros de atención móvil incorporados, en medio de una gran polémica, durante la administración de Gustavo Petro para atender a las personas que tienen una dependencia a las sustancias psicoactivas.
En el informe, se solicitan cifras frente a los resultados específicos de estos centros en los cuales se les suministran dosis controladas a estas personas. El Ministerio Público busca establecer si dicho programa ha contribuido a la reducción en el consumo, un beneficio para las personas que se han presentado y si ha mejorado la rehabilitación y resocialización “de los pacientes que allí acuden”.
Sobre este caso se pide específicamente establecer la “efectividad social, técnica y financiera de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (Camad) implementados en Bogotá, en términos de la costo-efectividad del programa, en relación con costos asociados al programa del Disrtito”, precisó.
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