Malas propuestas, buen diagnóstico

De ser aprobada la propuesta de la senadora, su artículo 10 modificaría el artículo 186 de la Constitución Política para quedar así: “Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional (…) En caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”. En otras palabras, crea un fuero de protección para los congresistas que solo podría ser levantado por sus colegas en caso de una investigación en su contra.

La suspicacia que despierta ese punto no es gratuita. La ineficiencia de la Comisión de Acusación del Congreso, unida a los múltiples ejemplos de complicidad entre los parlamentarios para evitar responsabilidades políticas y judiciales, lleva a pensar que es iluso creer que no se utilizaría la inmunidad parlamentaria como un mecanismo para fomentar la impunidad. Reconociendo esa realidad, la senadora Valencia, en entrevista con El Espectador, dijo que “pusimos que fuera el Congreso, pero no me voy a hacer moler por eso. Si tiene que ser la Corte Suprema la que quite el fuero, que lo quite”.

Aunque no estamos de acuerdo con la propuesta del proyecto, sí compartimos el diagnóstico que hace para justificarlo. Lo explicó la senadora en la misma entrevista: “¿Qué ha pasado con los casos de los magistrados? No ha logrado, ni siquiera, instalarse la Comisión de Instrucción del Congreso y, cuando salga, va a ir a que los juzguen los propios magistrados de los que eran compañeros. ¿Cree que es un sistema que genere responsabilidad a algún alto funcionario? Aquí hay un cruce de favores en donde la Corte investiga al Congreso y viceversa”.

En efecto, uno de los grandes pendientes en el país es solucionar la maraña de juicios entre altas cortes y el Congreso, de tal manera que sea un proceso transparente, independiente y que les dé confianza a los colombianos. Por eso, hay que discutirlo.

En otro punto, Valencia también tiene razón: “Al fiscal lo elige el presidente a través del Congreso. Lo que le pasa a este país es que a veces no quiere ver las cosas como son, sino que quiere encubrirlas. Todos los fiscales los pone el presidente y todo el mundo lo sabe”. La solución, no obstante, no es permitir que sea el Ejecutivo el que elija al fiscal, sino buscar una manera de que esa decisión no pase ni por el presidente ni por el Congreso. Necesitamos propuestas que, de nuevo, garanticen la independencia de funcionarios con cargos tan importantes. ¿Cómo hacerlo? El Congreso y los expertos tienen la palabra.

Finalmente, la propuesta de una supercorte que unifique la jurisprudencia, además de innecesaria y con problemas de conflictos de interés para un partido como el Centro Democrático, también parte de un diagnóstico cierto: la falta de coordinación entre las tres altas cortes no puede continuar.

La reforma de Valencia no es “magnífica”, como la tildó el expresidente Uribe, pero las preguntas que plantea sí son importantes y merecen un debate urgente.

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