Línea 123, ¿en crisis?

Detrás del amago de crisis que se vivió la semana pasada, cuando la ciudad por poco se queda sin el servicio del Número Único de Seguridad y Emergencia (NUSE) o línea 123, hay un tema de fondo: una serie de choques, desacuerdos y cuestionamientos alrededor del convenio interadministrativo, que firmaron en octubre del año pasado el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV) y la ETB, para la modernización de la línea, lo que ha generado que luego de nueve meses el proceso esté estancado. Así lo estableció El Espectador con fuentes cercanas al proceso.

El asunto tiene su historia. Como el año pasado terminaba el primer convenio de operación de la línea (firmado en 2005 también con la ETB) y el Distrito no planeó con anticipación la licitación para elegir un nuevo operador, que entre otras cosas debía modernizar el sistema de acuerdo con las necesidades de la ciudad, la administración firmó un nuevo convenio con la ETB, para evitar que la ciudad se quedara sin el servicio de la línea 123.

Sin embargo, surgió lo que podría considerarse el primer error: se dejó para después la discusión de los anexos dónde consignarían los términos del nuevo convenio. A la fecha, a pesar de que la empresa de telecomunicaciones opera la línea, han pasado casi nueve meses y las partes aún no logran ponerse de acuerdo en los términos de los aspectos técnicos, logísticos y financieros, por lo cual la modernización de la línea sigue sin mayores avances. Y por una razón simple: sin estos acuerdos, el Distrito no puede girar los recursos para avanzar en el proyecto.

Los efectos de este asunto, que se ha mantenido en reserva, empiezan a reventar de a poco. La alarma se encendió el pasado 8 de julio cuando la firma Itelca, empresa subcontratada por ETB para el soporte técnico de la línea de emergencia, hizo público que apagaría y retiraría sus equipos por dos razones: llevaba casi ocho meses sin recibir el pago de sus servicios y dos semanas operando sin contrato, ya que se había vencido el 30 de junio y ninguna de las partes responsables del convenio le había resuelto la continuidad.

El ultimátum fue tan serio, que el Distrito tuvo que salir ese mismo día a apagar el incendio, pues sin esos equipos la línea prácticamente quedaba fuera del aire. Al día siguiente (9 de junio), para evitar una crisis, la administración anunció que se había llegado a una conciliación y a un acuerdo de pago, con lo que se garantizaba la normalidad del servicio. Esta, obviamente, fue una solución temporal, debido a que la discusión entre la Alcaldía y la ETB ha seguido desde entonces a puerta cerrada.

Según conoció El Espectador, entre muchos aspectos, las discusiones se han concentrado en asuntos como lo que pretende cobrar ETB al Fondo de Vigilancia por el servicio que ha prestado en estos meses y lo que el Distrito cree que debe pagar. Entre una y otra cifra hay una diferencia de casi $500 millones mensuales, por servicios que la empresa de telecomunicaciones está cobrando y que el distrito dice que no prestó.

Adicionalmente, está el incumplimiento del cronograma que se pactó desde el año pasado, y la inconformidad que hay en la administración por el hermetismo con el que la empresa de telecomunicaciones quiere manejar los procesos de contratación alrededor de la modernización de la línea 123, incluso negando a la propia alcaldía acceso a los documentos de los procesos.

Todo esto ha impedido la firma de los anexos que perfeccionan el contrato y el de un proyecto de otrosí que busca aclarar varias de las obligaciones de la ETB como operador, que sigue en borrador, porque la empresa de telecomunicaciones le ha hecho varios reparos.

Reunión de urgencia

Todo este asunto ha llegado a oídos de las autoridades y de algunos concejales, quienes citaron este miércoles a varios funcionarios de la administración a un debate de control político. Uno de los cuestionamientos que se expondrán es por qué la administración firmó un convenio interadministrativo, en vez de someter la selección del nuevo operador a través de licitación.

El llamado obligó una reunión entre funcionarios y la ETB, que se llevó a cabo ayer en el Palacio Liévano, para llegar al cabildo distrital con un mensaje para aplacar las aguas: el compromiso de que la línea 123 seguirá operando con normalidad y que dejarán todo dispuesto para que la próxima administración abra “una verdadera licitación”. Así se lo manifestó a este diario la secretaria general, Martha Lucía Zamora, quien agregó que la reunión buscaba la salida más adecuada para la ciudad.

Zamora confirmó que el convenio con la ETB se tuvo que firmar para evitar que la ciudad se quedara sin la línea de emergencia, por falta de una licitación a tiempo. “No se apropiaron los recursos en el presupuesto de este año. Me sorprende que no se hubiera hecho. Debido a esto, por ahora, debemos garantizar el servicio de la línea este año y parte del otro con la ETB, mientras se estructura el proceso para una verdadera licitación internacional”.

Ante las dudas alrededor de los pagos, la Secretaría General concluyó que los recursos están garantizados para el funcionamiento óptimo del servicio de la línea de emergencia, así como el cumplimiento de los pagos. A pesar de este mensaje que parece esperanzador, aún hay muchos vacíos y quejas alrededor del proceso de modernización de la línea 123 por los cuales seguramente el Distrito tendrá que responder.

Las críticas desde el Concejo

Uno de los concejales que citó al debate de control político fue Javier Palacio, quien cuestiona el manejo que el Distrito le ha dado al proceso de modernización con la línea 123 y, puntualmente, lo que considera multimillonarios contratos asignados a dedo. “Para firmar el convenio y no abrir una licitación, justificó que la ETB era la más idónea para la modernización, pero esta empresa subcontrata la mayoría de servicios y trabajos. Todo para burlar la ley de contratación”.

Y agregó: “La ETB se volvió navaja suiza para el Distrito, recibiendo millonarios contratos para muchos asuntos. ¿Por qué no abrieron una licitación para escoger a los que realmente saben?”, dice Palacio, quien de igual forma critica el episodio de la falta de pago a Itelca, que por poco deja a la ciudad sin el servicio de la línea de emergencia, y la forma cómo contratan a los encargados de recibir las llamadas, tras encontrar que son jóvenes sin experiencia y con contratos máximo de ocho meses.

“La ciudad estuvo a punto de quedarse sin la línea de emergencia y todo por la forma poco clara como el Distrito ha manejado la modernización. Cómo todo en esta administración, está en veremos y tiene el rótulo de improvisación”, señala el concejal.

jamarin@elespectador.com