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El pasado 4 de marzo, las Águilas Negras, una organización narcoparamilitar, amenazaron a los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de la despenalización del aborto. El comunicado pide que modifiquen su decisión o si no se les declarará objetivo militar. “Por las buenas o se entenderán por las malas”, añadieron. No hay que ser experto para saber a qué se refieren cuando dicen “por las malas”.
La amenaza se dio después de que varios políticos, incluido el presidente Duque, salieran a condenar públicamente el fallo de la Corte. Duque no tuvo ningún reparo en repetir una de las falacias más divulgadas sobre el aborto al decir que le preocupaba que “se convierta en una práctica casi que anticonceptiva”. El comunicado de las Águilas Negras contiene también argumentos falaces y mal intencionados sacados de medios de comunicación, redes y, sobre todo, cadenas de WhatsApp. El más reprochable tiene que ver con un supuesto vínculo entre los magistrados constitucionales y un cartel de compraventa de órganos de niños.
No es justificable, pero es esperable que un grupo criminal y violento amenace la institucionalidad y que lo haga basándose en información manipulada. Al final del día, la existencia misma de las Águilas Negras es inmoral e ilegal. Lo que no es esperable es que políticos de la República, desde el ejercicio de su oficina, ataquen verbalmente a instituciones tan importantes para la vida de la democracia como lo son las cortes. Y más aún, que lo hagan con razones medio cocidas que apelan más a los miedos populares que a la realidad. Aunque muchos ciudadanos y otras personalidades públicas hicieron lo mismo, la responsabilidad de los ciudadanos no es equiparable a la responsabilidad de los servidores del Estado. El daño de las palabras es mayor cuando provienen de quienes son la encarnación de las instituciones.
Sí, las palabras pesan. Por ejemplo, cuando discuto la regular calificación que tiene Colombia en libertad de expresión, la mayoría de mis interlocutores asumen que nuestro bajo desempeño tiene que ver con violencia hacia los periodistas, al estilo de las Águilas Negras. No se equivocan. Las amenazas de grupos violentos a periodistas son reales y atroces. Pero también nos impactan duramente las palabras de nuestros gobernantes. Cada vez que un miembro del Estado estigmatiza, deslegitima y ataca a los medios, cae el indicador. ¿La razón? El Estado tiene capacidad de encarcelar y matar. Tiene el monopolio de la justicia y el monopolio de las armas. Lo que comience a normalizarse en el discurso se normalizará después en la práctica. Hoy Putin amenaza con 15 años de cárcel a quien diga que hay guerra, pero su desprecio a la libertad de expresión no comenzó ahí. Llegó ahí, lo que es diferente.
¿Hasta dónde llegará el desprecio de nuestros gobernantes por las instituciones? No fue sólo Duque. Recordemos que el senador y candidato presidencial David Barguil fue más allá instando a que “el pueblo colombiano se pronuncie” frente a la decisión del aborto. También recurrió a la falacia de la historia personal del bebé que sí fue deseado por padre y madre. Sí, es Barguil, un político ligero como Duque que se hizo famoso por la investigación que le hicieron por ausencias injustificadas a las sesiones del Congreso, es decir, por ser el más vago. Pero, aunque en temas de comunicación personas de poco peso alertan menos a la opinión pública que, digamos, Uribe, Vargas Lleras o Petro, tampoco se les puede dejar sin control. Ligeros o no, son ellos quienes están avalados por el poder de la oficina.
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