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La Fiscalía le imputará cargos a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, por su presunta responsabilidad en la disposición de residuos en un área de protección ambiental, en un predio ubicado en inmediaciones del relleno Doña Juana, y con esto la Fiscalía prácticamente equilibra las cargas de sus pronunciamientos en medio del pleito que libran el Distrito y el operador del relleno sanitario, por el manejo de las basuras en la capital.
El proceso contra Camacho se conoce una semana después de que la misma Fiscalía confirmó el llamado a juicio contra Mauricio Bernal, representante legal de CGR, operador del sitio de disposición, por contaminación ambiental agravada, derivado de los supuestos incumplimientos en la operación del relleno. Ambas noticias tienen una particularidad: se conocen a menos de un mes de que un Tribunal de Arbitramento emita una decisión, que pondría fin a un largo pleito entre el Distrito y el operador, lo que, de cierta, manera, imprime presión.
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El caso contra Camacho es el resultado de la reacción de CGR, que en medio de un pleito por el manejo de los residuos mixtos (basuras y escombros), el Distrito tomó la decisión de dejar de pagarle esa labor al operador y asumirla por su cuenta. Para ello, ocupó un predio en inmediaciones del relleno, sin contar que una parte estaba en zona de protección ambiental del río Tunjuelo. Esto sí lo tuvo en cuenta CGR y radicó la denuncia penal.
El pleito
El origen de la investigación contra la exdirectora de la Uaesp se remonta a abril de 2020, cuatro meses después de posesionada la administración de Claudia López. En ese momento, se llegó con el propósito de poner en cintura al operador del relleno y comenzó por el manejo de los residuos mixtos, que por años dispuso y aprovechó CGR. El beneficio para el operador del relleno era triple: por un lado, cobraba por su disposición; por el otro, cobraba por el aprovechamiento de los escombros, y de paso los usaba para el mantenimiento de sus vías internas.
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Sin embargo, lo primero que hizo Luz Amanda Camacho al asumir la dirección de la Uaesp fue rechazar una cuenta de cobro a CGR, al señalar que esa no era una de sus funciones establecidas en el contrato de concesión del relleno Doña Juana y no podían cargarlo a la tarifa de aseo. Esto llevó a que se empezaran a acumular residuos, lo que provocó una contingencia en el sitio de disposición. El Distrito optó por asumir el manejo de los residuos, subcontrató a otra empresa distrital (Aguas de Bogotá) y habilitó un predio aledaño al relleno (Buenos Aires).
Cuando se conoció la decisión de la Uaesp, el relleno interpuso una demanda penal contra Luz Amanda Camacho, directora de la entidad Distrital, por los delitos de contaminación ambiental y prevaricato por acción. No solo por ingresar a predios del relleno, que contractualmente son administrados por el operador, sino porque parte del lote que seleccionó para la tarea de aprovechar los mixtos, tenía protección.
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Para radicar la denuncia, se basaron en un concepto de la secretaría de Ambiente, que había sancionado a la Uaesp, tras identificar afectaciones al medio ambiente, con el proceso de aprovechamiento y, especialmente, porque se identificó que el 54,4 % del predio estaba en la zona de manejo y prevención ambiental del río Tunjuelo.
Aunque, la Uaesp corrigió cada uno de los aspectos que solicitó la secretaría de Ambiente, el caso llegó a Fiscalía y hoy, tres años después y en el punto más álgido de un pleito arbitral entre el Distrito y el operador del relleno, anuncia la imputación contra la exdirectora de la entidad. Este episodio es solo, en medio del largo pleito, por el manejo del relleno.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos la considera responsable de invasión de área de especial importancia ecológica y daños en los recursos naturales. Según el ente acusador, a pesar de que la exfuncionaria buscaba contrarrestar una contingencia en el relleno sanitario de Doña Juana, lo hizo en un terreno ubicado en la ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del río Tunjuelito, área de protección ecológica.
Aunque ninguno de los procesos penales influiría en el contrato, ya que son procesos diferentes (a pesar de tener el mismo origen), sí podría ser una forma de influir en la decisión final de los árbitros. Al menos, así lo considera William Mendieta, secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, quien, en entrevista con El Espectador, indicó que, por ejemplo, una condena contra el representante legal de CGR “sería un antecedente fuerte para que los árbitros lo tengan en cuenta. Sí, sería una prueba muy fuerte para que los árbitros la tengan en cuenta, en el fallo definitivo que está programado para el 28 de marzo”.
Largo conflicto
El choque entre CGR, operador del relleno Doña Juana, y la UAESP se viene dando casi desde el que se adjudicó el contrato para la operación del sitio de disposición, cuando un juez ordenó repetir la audiencia de selección del concesionario; luego, cuando se descubrieron inconsistencias en las cifras de uno de los integrantes del consorcio ganador, y la larga lista de supuestos incumplimientos de las partes, que hoy son objeto de revisión de un tribunal de arbitramento: el Distrito busca que se le termine el contrato y el operador una multimillonaria indemnización por $1,3 billones.
Desde entonces, los pleitos de CGR por varios frentes no han cesado. Ha enfrentado sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos; multas de la Uaesp; Investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía, la Personería, la CAR (Corporació Autónoma Regional de Cundinamarca) y el Distrito. Todo, enmarcado en un extenso laudo arbitral, aun sin resolver. Con la nueva administración ha tenido varios enfrentamientos. No solo volvieron a citarse ante un tribunal de arbitramento, que hoy tiene maniatado al Distrito para adelantar procesos administrativos contra CGR, hasta tanto no se resuelva el pleito arbitral, sino que tanto el operado CGR y el Distrito se han denunciado penalmente.
La alcaldesa insiste en que CGR no ha cumplido con la construcción de la planta de lixiviados ni con los estándares de tratamiento en el relleno Doña Juana en cuatro años. Según la versión del Distrito, CGR se ha embolsillado $163.000 millones, con un 42 % de incumplimiento en sus obligaciones adquiridas, y por eso los denunció por peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Por su parte, el CGR niega el incumplimiento y acusa al Distrito de no haber destinado los recursos que necesita el relleno sanitario. Cada que salen a flote sus incumplimientos, explican sus directivos que todo tiene origen en los inconvenientes con la pasada administración; el cambio de reglas de juego, y la falta de pagos a tiempo, lo que retrasó inversiones clave para prestar un buen servicio.
Todo esto está en manos de tres árbitros, del tribunal de arbitramento, que tienen en sus manos una decisión trascendental para la ciudad. En marzo se sabrá definitivamente quién tiene la razón. Si gana CGR, los $1,3 billones que reclama como indemnización la tendrán que pagar todos los bogotanos. Pero, si es la Uaesp, se podría poner fin a una difícil relación contractual, para buscar un nuevo concesionario. Con las recientes decisiones de la Fiscalía se empieza a caldear el ambiente alrededor de un largo pleito, del cual se espera una decisión que, a larga, beneficie a los Bogotanos.
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Por Alexánder Marín Correa
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