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Durante el consejo de ministros del pasado 25 de agosto, los encargados de las carteras de Justicia, Salud y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se declararon impedidos para cumplir algunas de sus funciones durante los próximos meses. Tres días después, el presidente Juan Manuel Santos emitió los decretos aceptando sus posturas y nombrando, de paso, ministros ad hoc para los casos en que ellos no pueden actuar.
“Yo fui abogado del exdirector del DAS Andrés Peñate. Por eso, el caso de María del Pilar Hurtado es uno en el cual me tengo que declarar impedido. Igual que el de Andrés Felipe Arias, pues fui abogado de Valerie Domínguez”, declaró en su momento el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
Para las actuaciones judiciales del Ejecutivo en estos casos, y el de Fidupacífico —donde hubo supuestas transacciones simuladas para inyectar liquidez—, en los que Reyes y su firma de abogados participaron, el presidente designó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Precisamente, ayer, el ministro Cristo comenzó a actuar como apoderado en el caso Agro Ingreso Seguro cuando afirmó a medios radiales que “el Ministerio de Justicia tramita la solicitud de la Corte Suprema de Justicia y hasta el momento no ha sido notificado oficialmente de la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias. Una vez lo sea, se le dará el tramite a la Cancillería para que a su vez se tramite ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero es un simple trámite que no tiene misterio”.
El primer mandatario también aceptó el impedimento expuesto por el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, para adelantar “actuaciones derivadas de la liquidación del contrato fiduciario Nº 242 de 2005, celebrado con el Consorcio Fidufosyga 2005”, pues de ese consorcio hacía parte Bancolombia cuando Gaviria pertenecía a su junta directiva.
Será el ministro de Ambiente y Desarrollo, Gabriel Vallejo, quien asuma esas funciones, entre las cuales se encuentran la elección de un representante en el Comité de Conciliación de la entidad y el nombramiento de los apoderados que representen los intereses del ministerio en todo el proceso jurídico.
Por otro lado, Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se declaró impedido “en lo concerniente a las decisiones que, en su calidad de fideicomitente de los negocios fiduciarios PAR y Parapat, deba adoptar en la medida que estos patrimonios autónomos manejan el contrato de explotación con Colombia Telecomunicaciones y los bienes afectados al servicio (Parapat) y los remanentes de Telecom (PAR), a través de fiduciarias del Estado”.
Molano fue hasta el 5 de agosto de 2010 director de relaciones corporativas de Telefónica Internacional. Como esa empresa tiene participación en ambos negocios, el presidente designó en 2013 al entonces ministro de Comercio, Santiago Rojas. Sin embargo, tras su salida del gabinete y la llegada de Cecilia Álvarez, ella quedó encargada de representar al Ejecutivo en el asunto.
Otro de los funcionarios que podrían presentar impedimentos en los próximos días sería el ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez, ya que este abogado no se ha podido posesionar aún pues debe resolver algunas cuestiones propias de su labor de jurista con grupos económicos y empresas extranjeras.
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