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Casi 20 años después de haber sido abatido por el Bloque de Búsqueda de la Policía, los herederos del capo Juan Camilo Zapata Vásquez acaban de perder la última batalla jurídica para conservar la fortuna mal habida del narcotraficante. Se trata de 58 bienes inmuebles, incluido el famoso castillo Marroquín, ubicados en Cundinamarca, Chocó, Antioquia y Meta adquiridos durante los tiempos de bonanza de la coca y los sicarios del cartel de Medellín, a los que el Tribunal de Bogotá les extinguió el derecho de dominio y los trasladó al Estado, así como seis sociedades más. La justicia logró demostrar que Zapata Vásquez fue socio ni más ni menos que de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y que construyó un ‘narcoemporio’ criminal que durante años pasó de agache. El Espectador tiene en su poder el expediente en el que quedó en evidencia cómo sus herederos trataron de burlar a la justicia.
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Aunque Zapata Vásquez murió el 26 de noviembre de 1993 -apenas una semana antes de que lo hiciera Pablo Escobar en un tejado de Medellín-, tan solo en 2001 la Fiscalía empezó a rastrear en serio su millonario patrimonio ilícito. Cuatro años después de sus pesquisas, se decretó el embargo y secuestro de estos bienes, mientras la defensa de la familia de Zapata Vásquez insistía en que la procedencia de esa fortuna era legal. Es más, alegaban que, a pesar de los múltiples informes de la Policía que lo relacionaban como un mafioso puro y duro, nunca fue condenado por la justicia. La controversia, sin embargo, quedó saldada en marzo de 2021, tras el fallo del Tribunal de Bogotá. Un documento de 84 páginas repleto de pruebas sobre este enriquecimiento ilícito. La familia de Zapata Vásquez interpuso varias tutelas en la Corte Suprema que no prosperaron. Hace dos semanas la decisión quedó en firme tras el rechazo de la Corte Constitucional para revisarlas.
“Es un hecho probado la relación de amistad y negocios que sostuvo Zapata Vásquez con el extinto capo de la mafia José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, quien fuera uno de los integrantes principales y más temibles del cartel de Medellín, organización criminal que operó en Colombia desde los años 70 hasta su desmantelamiento en los 90, lapso en donde Zapata Vásquez forjó su fortuna”, señaló el Tribunal de Bogotá. Uno de los principales testigos en el expediente fue Jorge Darío Correa, quien administró los bienes del narcotraficante. En noviembre de 1989, Correa le contó a la justicia que presenció muchas reuniones entre el Mexicano y Zapata Vásquez en el famoso Castillo Marroquín, de propiedad de este último, en donde se sellaron negocios de todo tipo, incluido el del famoso caballo Túpac Amaru y de la yegua Consigna, por los que el capo Rodríguez Gacha habría pagado en 1982 más de un millón de dólares de la época.
El testigo, que fue asesinado poco después de su confesión, confirmó la información que en su momento publicó el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, en donde mencionó a Zapata Vásquez como uno de los capos de la droga en Bogotá. El expediente también recoge varios artículos publicados por El Espectador en 1993, en los cuales se reseñaba que las autoridades consideraban a este sujeto como un pez gordo de la mafia y aliado y secuaz del Mexicano. Es más, se refiere que, tras la persecución al cartel de Medellín en esa época, Zapata Vásquez se escondió en la finca La Florida de Copacabana, en Antioquia, a donde llegó la Policía para detenerlo el 26 de noviembre de 1993, pero en el cruce de disparos con sus escoltas perdió la vida. Asimismo, se desempolvaron documentos de inteligencia de la Dijín de la Policía, en los que constaba que este narcotraficante era una especie de relacionista público del cartel de Medellín.
Además, la declaración que dio en marzo de 1990 el teniente coronel Armando Ordóñez Santacruz resultó contundente en estas pesquisas. El oficial, quien comandó el allanamiento al Castillo Marroquín en 1989, relató que ese lugar era un centro de operaciones del narcotráfico. Pero también se probó que varios empleados del Castillo Marroquín o exgerentes de la empresa Inversiones Zapata Vásquez Ltda., de propiedad del capo, fueron asesinados y desaparecidos entre 1988 y 1989. Por ejemplo, Jaime Laverde, Alejandro Mejía, Carlos Cárdenas, Ernesto Vélez y Jorge Darío Correa. Ana Isabel Barrientos, otra de sus exempleadas, denunció que fue secuestrada por su entonces patrón. En mayo de 1991 la justicia ordenó capturar a este delincuente por homicidio y secuestro, pues había evidencias concretas de que estaba silenciando a todo el que tuviera información suya. Ese mismo mes fue ultimado Libardo Bustos, su conductor personal.
Al tiempo que borraba toda prueba en su contra, al mejor estilo de Pablo Escobar y sus sicarios, Zapata Vásquez multiplicaba su fortuna. La Policía, sin embargo, recopiló durante años su trasegar criminal, sus negocios con los principales capos del cartel de Medellín, los bienes que adquirió para disimular su insólita fortuna y los testaferros que usó para posar como un hombre honorable. Todo esto fue condensado en el fallo del Tribunal de Bogotá que, además, reprochó cómo estos nuevos ricos de “baja estirpe”, en “oposición a la dignidad de la mayoría de ciudadanos”, tuercen y llenan de corrupción todo cuanto tocan, arrasando las vidas de quienes los encaran, como el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, asesinado en 1986 por el cartel de Medellín y recordado en la sentencia como una víctima más del narcotráfico en Colombia. Este diario, en esa época, también mencionó a Zapata Vásquez en sus investigaciones y denuncias.
Pero hay más. Todos los bienes que el Estado les arrebató a los herederos de Zapata Vásquez fueron adquiridos en efectivo. Casas, lotes, predios, fincas, criaderos, todo lo compró el capo sin créditos bancarios, a pesar de las sumas considerables de los mismos. Su familia trató de justificar esas adquisiciones señalando que Zapata Vásquez obtuvo un generoso préstamo de $20 millones en 1962 de un sujeto llamado Pablo Tamayo Correa, quien nunca le cobró intereses ni le fijó un plazo de pago y quien, al final, se lo condonó. Según el Tribunal, es imposible de creer no solo las condiciones de ese préstamo, sino el monto de este, pues a precios de hoy equivaldría a $42.144 millones. Tras cruzar los balances de sus empresas y sociedades, y rastrear los activos injustificados, las utilidades desbordadas y sus cuentas creciendo como espuma en cantidades superlativas, las autoridades determinaron el verdadero origen de tanta opulencia.
“Si bien dentro de la sociedades vinculadas, aparte de Zapata Vásquez, figuran como socios también otras personas como su compañera permanente, progenitora, hijas y Margarita Tamayo, con quien sostenía vínculos de amistad y negocios; lo cierto es que la actuación da cuenta que todas ellas no registraban un oficio, labor productiva o empleo remunerado que les hubiera permitido asumir los montos de sus aportes sociales, al punto de que la única actividad económica conocida fue la de ser socias de las empresas aquí vinculadas (…) Las aludidas personas, a sabiendas de las actividades de Zapata Vásquez, prestaron su nombre con el único propósito de darles apariencia de legalidad a dichas sociedades y así facilitar el designio criminal de aquél”, concluyó el Tribunal. Casi todas esas empresas de fachada, además, fueron constituidas el mismo día y funcionaban en el mismo edificio ubicado en el exclusivo sector del Parque de la 93 en Bogotá.
Con una última perla. Se estableció que a este capo del narcotráfico el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó en mayo de 1991 cinco predios en Bahía Solano (Chocó). Justamente en la época en la que la fortuna ilegal de Zapata Vásquez ya estaba en el radar de las autoridades. Por esa razón, el Tribunal ordenó quitarle también esos bienes, pues además no se entiende cómo pudo obtenerlos. Era la época de mayor confrontación del gobierno de César Gaviria contra las mafias del narcotráfico. Pablo Escobar y sus hombres se entregaron ese año cuando se prohibió la extradición en la Constituyente, pero en 1992 se volaron de la cárcel que habían mandado a construir para continuar su cruzada asesina hasta que, en diciembre de 1993, por fin, cayó el capo de capos. Una semana antes había sido abatido Juan Camilo Zapata, aunque tuvieron que pasar casi 20 años para que su fortuna ilegal hoy esté en manos del Estado.
Por Juan David Laverde Palma
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