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“Una semana intensa ha pasado y la siguiente será más intensa”. Aunque enigmático, e incluso confuso, este mensaje del presidente Gustavo Petro, publicado en sus redes esta semana, sintetiza lo que será la recta final del año para su administración. Reformas estancadas, mociones de censura contra sus ministros, desafíos económicos y problemas con la paz total aparecen en la agenda.
El futuro de sus reformas
La aprobación en segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara fue, sin duda, una victoria para el petrismo que, tras cuatro meses de una discusión marcada por las críticas y la polémica, logró convencer a liberales, verdes y a La U de votar positivamente. Sin embargo, como ellos mismos lo reconocen, no es momento de celebrar.
El protagonismo de este proyecto dejó en un segundo plano otras iniciativas gubernamentales, como las reformas laboral y pensional, que no alcanzarán a ser discutidas en las dos semanas que restan del período legislativo. De hecho, según voces de la oposición, la reforma a la salud bloqueó el trámite de al menos 90 proyectos sobre varios temas.
Así las cosas, el Gobierno deberá mover sus tres iniciativas el próximo año en una carrera contrarreloj, ya que las sesiones se retoman en marzo y la legislatura acaba en junio. Además, las reformas a la salud y pensional llegarán al Senado, donde, hasta ahora, quienes buscan hundirlas son mayoría.
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Durante los últimos días de este 2023, el presidente y su gabinete seguramente deberán replantear la estrategia de diálogo con el Congreso, que hasta el momento ha dado pocos frutos, pues incluso hay ambiente para llevar a debate de moción de censura a dos ministros: al de Salud, Guillermo Jaramillo, y al de Defensa, Iván Velásquez.
Datos negativos en seguridad
El segundo frente está relacionado, precisamente, con la moción contra Velásquez. La oposición exige su salida por las masacres, los secuestros, extorsiones y otros delitos que están creciendo. “Los colombianos hoy sienten miedo, temor, como hace 20, 30 o 40 años, por cuenta de la violencia desaforada”, dijo el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático.
Para este sector, el Gobierno no tiene una política de seguridad definida, en parte porque, según explican, debilitó a la fuerza pública al decretar ceses al fuego con varios grupos ilegales. Para el senador David Luna, de Cambio Radical, Petro “amarró las manos y los pies” de militares y policías.
En cuanto a cifras concretas, el Ministerio de Defensa ha señalado que los secuestros, entre enero y octubre, han aumentado un 80 % con respecto a 2022; según esos datos, en lo corrido del año se han registrado 286 víctimas. Indepaz, por su parte, ha contado 90 masacres con 289 muertos, igual a la cifra total del año anterior.
El presidente reconoció el problema, pero culpó al gobierno de Iván Duque y aseguró que se trata de las consecuencias de “hacer trizas la paz”. Su apuesta para contrarrestar este fenómeno arrancará con una estrategia de seguridad en las ciudades, basada en inteligencia policial y desarticulación de bandas. Pero sus críticos se preguntan cómo combatirá la violencia en regiones apartadas.
El ELN y el bloqueo a la paz total
Este punto se relaciona directamente con el anterior. Según el ministro Velásquez, el ELN tiene secuestradas a 38 personas. Además de las tragedias familiares, la cifra tiene un efecto político sobre la paz total, que implica dialogar con ese y otros grupos, en algunos casos en medio de hostilidades.
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Por esta razón, los últimos días del 2023 serán claves para el Gobierno, que en este momento está en México con la delegación del ELN en el quinto ciclo de negociaciones. La postura del Ejecutivo es discutir cómo parar los secuestros y liberar a quienes esa guerrilla tiene en su poder; sin embargo, como lo reveló El Espectador, los elenos enviaron dos cartas negándose a hacer cambios en la agenda.
Además, desde el Congreso y otros escenarios presionan por resultados que tranquilicen a los colombianos en esta época navideña, pues, aunque existe un cese al fuego, el ELN mantiene operaciones ilegales en varias regiones, como en Chocó, donde cada tanto impone paros armados.
La puja por el salario mínimo
En cuestiones económicas, el balance para el Gobierno es agridulce, pues mientras el presidente saca pecho por la desaceleración de la inflación y el desempleo, recibe palo por la contracción del 0,3 % en el PIB, el poco impacto del congelamiento de los peajes y los incrementos en el precio de la gasolina y el diésel.
Esta última medida, aunque aplaudida por los expertos, es impopular; un dilema que se repetiría con la negociación del aumento del salario mínimo. En menos de 20 días, el Gobierno deberá mediar entre empresarios y sindicatos para concertar un porcentaje que no afecte el poder adquisitivo de los trabajadores ni golpee la economía.
Además de estos cuatros frentes, Petro enfrentará otras luchas, como el escándalo en torno a la licitación de pasaportes, las peleas con el fiscal Francisco Barbosa y las trabas para la elección de su reemplazo, las polémicas por su posición frente a la guerra en Gaza, las diferencias con las altas cortes y hasta la descoordinación en su equipo.
Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño dijeron que en pocos días habrá “mejores noticias” y que Petro ya ordenó la ejecución completa de su programa en 2024.
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