Condenan a 6 años y cinco meses de prisión domiciliaria a Silvia Gette

Para la funcionaria judicial existen pruebas suficientes que permiten inferir la participación y conocimiento en el envío de dos maletines con dicha suma a un emisario del excomandante paramilitar, quien se encontraba recluido en la cárcel El Bosque de la capital del Atlántico. El encargado de trasladar los mismos fue el abogado Arcadio Martínez Pumarejo, condenado a seis años y cinco meses de prisión.

El mismo ‘Don Antonio’ grabó la propuesta hecha por Gette Ponce, hecho por el cual le dio anuncio a las autoridades quienes capturaron a Martínez Pumarejo el 10 de febrero de 2003 en un centro comercial Buena Vista en la ciudad de Barranquilla cuando entregaba el dinero al emisario del exjefe paramilitar, identificado como David Mostacilla, quien declaró bajo la gravedad de juramento en el juicio.

Diferentes testigos aseguraron en el juicio, entre ellos el mismo ‘Don Antonio’, que se ejerció una presión por el abogado Arcadio Martínez Pumarejo –quien representaba los intereses de Gette Ponce- con el fin de crear una duda probatoria en el desarrollo de la investigación que se adelantaba por el crimen de Cepeda y con esto librar de responsabilidad alguna a la entonces rectora universitaria. Además se creó un documento con preguntas y respuestas para que reconociera su responsabilidad en los hechos a cambio de una suma de dinero.

Con esto se buscó desviar la responsabilidad de la investigada en estos hechos, puesto que el exjefe paramilitar aseguraría que no le constaba que Gette ordenara o pagara para la ejecución de este crimen, registrado en la ciudad de Barranquilla. “Lo querían convertir en un testigo de oídas”, aseguró la fiscal del caso frente a las declaraciones que había entregado sobre el dicho de alias ‘Aguas’ sobre el ofrecimiento de 250 millones de pesos por parte de la rectora para acabar con la vida del ganadero, esposo de su hijastra María Paulina Ceballos.

Para la jueza en el proceso se determinó más allá de cualquier duda razonable que “esos 249 millones de pesos eran para que ‘Don Antonio’ faltara a la verdad y no para otro fin legal”. Debido a su posición en la sociedad se presenta una gravedad en los hechos materia de investigación.

“Se presentó una falta de honestidad, se actuó de una manera fría y calculadora” para acercarse al exjefe de las AUC para ofrecerle un soborno dirigido a que cambiara la versión de los hechos. “Es una conducta reprochable por parte de dos personas que debían dar un ejemplo a la sociedad”.

Igualmente en el juicio se presentaron los registros de visita del abogado Arcadio Martínez al patio en la cárcel La Picota donde se encontraba ‘Don Antonio’. Además se le dio validez al testimonio del exjefe paramilitarquien señaló que en diferentes oportunidades recibió ofertas por parte de los dos procesados para que modificara la versión de sus hechos a cambio de una alta suma de dinero, así como el emisario David Mostacilla Silva quien hizo referencia a la entrega da de dinero en un centro comercial en Barranquilla.

La declaración de Montacilla Silva fue clave a la hora de capturar a Arcadio Martínez después de la entrega del dinero por parte de agentes del CTI de la Fiscalía en la plazoleta de comidas de dicho centro comercial. En este sentido se consideró que dicho testimonio tiene toda la validez puesto que dio detalles sobre el recorrido que hizo con el abogado Martínez para buscar una bolsa en un establecimiento, así como la forma en cómo le fue entregado el dinero y la señal que les hizo a los agentes para que dieran captura al jurista. Al contar el dinero se pudo determinar que faltaban 100 mil pesos, puesto que el emisario había utilizado una parte para la compra de boletas del concierto de Juan Gabriel que se iba a adelantar en la capital del Atlántico.

Tras la captura, el abogado fue trasladado a la URI de Barranquilla. En ese momento solicitó que lo dejaran ir al baño. En ese momento botó el celular por el retrete e intentó ocultar la memoria del mismo, ante el aviso de uno de los custodios el abogado ofreció una suma de dinero. “Se intentó ocultar información frente a las conversaciones que se tuvieron, por lo que se afectó el acceso a la administración de justicia.

La jueza avaló la solicitud presentada por los abogados de los procesados y les otorgó la detención domiciliaria. Para esto ordenó la utilización de un brazalete electrónico y la firma de una serie de compromisos. Gette Ponce actualmente enfrenta dos procesos penales por el homicidio Fernando Cepeda y un “autppréstamo” de un millón de dólares con dineros de la Universidad Autónoma del Caribe.

El delegado de la Procuraduría General y los representantes de víctimas presentaron recurso de apelación en contra de la decisión. Esta será resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.