Política sangrienta entre clanes de Filipinas

Todo el mundo sabe que en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, manda Datu Andal Ampatuan. Gobierna desde hace años en el Estado y muchos de sus hijos, sobrinos y familiares ocupan cargos de elección popular en municipios y otras localidades. Datu Andal es dueño de una milicia independiente, que se calcula en 500 efectivos, y ha cosechado una reputación tal en la región que se da el lujo de reconocer: “Como soy tan querido por los distritos de las municipalidades, me piden que ponga a mis hijos como representantes”, como alguna vez dijo en una entrevista con Reuters.

Para los habitantes de la zona, sin embargo, no es el cariño sino el miedo el que le ha forjado ese dominio sobre la región, cuyo poder es disputado por otros clanes menores.

Por eso, para muchos en la zona, la masacre de al menos 46 personas, perpetrada este lunes por un grupo de cien milicianos armados, tiene nombre claro: este gobernador, jefe del clan Ampatuan y tradicional aliado de la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo.

El lunes, un grupo de partidarios del líder Ismail Mangudadatu, jefe del clan rival que les da el apellido, salió por un camino veredal para realizar su inscripción a candidato como gobernador de la isla Mindanao. El jefe tribal había recibido amenazas de muerte si llegaba a presentar su candidatura y por eso fue su esposa la que lideró la caravana, en la que además asistían una docena de periodistas filipinos.

En algún momento, durante la caminata, fueron interceptados por hombres armados, que los secuestraron inicialmente. Pocas horas después del rapto comenzaron a aparecer los cadáveres. Muchos de ellos fueron torturados y decapitados, incluyendo, presuntamente, la esposa del candidato a la gobernación.

Entre los 46 cuerpos que se han hallado hasta ahora, también se encontraron los cadáveres de 12 comunicadores. Organizaciones de periodistas en el mundo condenaron los asesinatos y catalogaron la masacre como “la peor matanza cometida en la historia del periodismo”.

El gobierno filipino, que apenas comienza a prepararse para las elecciones de mayo, declaró el estado de emergencia en la zona. Muy preocupados porque la masacre desate una ola de revanchas y violencia entre los clanes, Manila desplazó cientos de policías y soldados a la zona.

El episodio pone en serios aprietos a la coalición gobernante, pues en 2004 la presidenta de este país, Gloria Macapagal-Arroyo, ganó las elecciones contando con el apoyo electoral de los distritos de Mindanao. Tal fue su alianza con el jefe tribal Ampatuan, que hasta legalizó, por decreto, las milicias armadas que ahora son culpadas de perpetrar la masacre.