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A pesar de que presenta resultados, en términos generales, aceptables, la situación económica de Colombia es vulnerable. A una coyuntura internacional confusa e inestable, caracterizada por alteraciones importantes en el comercio y los flujos internacionales de capitales, muchas de ellas adversas para las economías emergentes, en el frente doméstico se vienen sumando algunos motivos de preocupación.
Si bien Colombia mantiene su “grado de inversión”, una privilegiada calificación que la pone al lado de Chile y México, y la distingue de la mayoría de países de América Latina, nada nos permite asegurar que, sin decisiones firmes y oportunas, esta condición se vaya a mantener en los próximos años. La tasa de crecimiento económico ha repuntado, pero sigue en niveles mediocres y sólo se espera una pequeña mejoría el año entrante; la inversión privada se ha debilitado y las expectativas favorables creadas por los acuerdos con la guerrilla (el llamado bono de paz) se han venido disipando por el aumento de la violencia en zonas coqueras, la insensatez del Eln y el vigor de las disidencias de las Farc; la financiación de un déficit en cuenta corriente superior al 3 % del PIB puede complicarse en algunas coyunturas asociadas a la volatilidad de los mercados de capitales; el nivel de la deuda pública es relativamente alto (48 % del PIB) y las presiones para elevar el déficit fiscal son importantes; el precio del petróleo ha vuelto a bajar y, ante todo, preocupa el tránsito de la reforma tributaria en el Congreso.
A todo lo anterior hay que añadirle las dudas que han surgido sobre la gobernabilidad de la nueva administración. Después de todo, la ejecución efectiva de la política económica —la capacidad de las autoridades de lograr los resultados deseados y prometidos a la sociedad— es esencialmente una consecuencia del liderazgo que pueden ejercer los gobiernos. La gran crisis económica de finales del siglo XX puede entenderse, por ejemplo, como el resultado del progresivo debilitamiento fiscal y macroeconómico en la segunda mitad de los años 90, fruto de la menguada gobernabilidad generada por la crisis política de la época, hasta el punto que cuando la economía sufrió fuertes choques externos, rápidamente se derrumbó la precaria estantería fiscal y cambiaria, y se desencadenó la mayor recesión de la historia reciente. De la misma manera, existen incontables ejemplos de países sumidos en graves crisis económicas derivadas de la incapacidad de sus gobiernos de hacer lo que saben que deben hacer, después de que fracasan en sus intentos por sacar adelante sus iniciativas.
Con estas consideraciones en mente, los tropiezos y vicisitudes de la reforma tributaria que se discute en el Congreso, la sorpresiva iniciativa para elevar el salario mínimo en forma extraordinaria y cierta falta de foco del gobierno en algunas prioridades centrales son hechos que han prendido algunas alarmas y han creado interrogantes entre los observadores del país y del exterior sobre el eventual curso de la economía en los próximos años. Algunos de ellos, incluso, podrían tener razones para preguntarse, ¿si esto que comentamos ocurre en plena luna de miel de un gobierno nuevo, qué podría suceder más adelante cuando las cosas se pongan realmente feas?
Se avecinan cuatro semanas decisivas para la marcha de la economía.