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La orden es que toda entidad del Ejecutivo, comenzando por el gabinete, tiene que mover sus fichas para que este jueves las tradicionales marchas del Día del Trabajo sean leídas a favor del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y, con el acomodo de recursos públicos que eso implica, que las proyecciones de por lo menos 10 millones de personas en las calles se cumplan a cabalidad para poder potenciar el mensaje de que el progresismo tiene mayorías populares, pese a haberlas perdido en el Congreso y otras instancias.
La apuesta es completa. El jefe de Estado tiene claro que la medición de fuerzas en urnas de su proyecto político –bajo la tesis de darle oxígeno a la hundida reforma laboral a través de una consulta popular– es un paso clave para saber qué tantos votos tendría la izquierda en la búsqueda de una segunda oportunidad en el poder, además de ser un vehículo para esquivar el golpe a su gobernabilidad por no tener respaldo grueso en el Capitolio y en escenarios como la Rama Judicial. En ambos lados quiere incidir.
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El Espectador estableció que la directriz que impartió Petro, y que sus ministros y cabezas de otras entidades deben ejecutar con las bases de sus funcionarios, es que se hagan convocatorias directas en redes, se organicen espacios de disertación de temas públicos ese mismo 1° de mayo y, entre otras cosas, se destinen partidas aún públicamente no cuantificadas para garantizar que en las calles se vean manifestaciones nutridas.
De hecho, se está evaluando si el propio Petro puede ingresar ese jueves a radicar el proyecto con las 12 preguntas de la consulta acompañado no solo del gabinete, sino de parte de los ciudadanos que se congreguen en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, como una forma de presionar la decisión que luego se tendrá que dar en el pleno del Senado.
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Y sumado a esto, de forma paralela y milimétricamente coordinado para que la conformación de nodos regionales muestre este jueves su efectividad sacando a sus afiliados a las calles, los congresistas del Pacto Histórico y otras fuerzas afines al petrismo están desplegados en los 32 departamentos configurando los denominados comités por el “sí”.
Si bien aún no pueden destinarles recursos de forma directa pues la campaña legalmente no comienza hasta que se dé el trámite legislativo y pase por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la denominación en torno a la consulta, así sus actividades en principio sean enfocadas en la divulgación “de la obra de Gobierno”, hace que la apuesta política del oficialismo se llene de carácter electoral.
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“Con toda responderemos judicialmente y saliendo por millones alegres y pacíficos a las calles, porque llegó la hora del pueblo”, dijo este fin de semana Petro tras quejarse de una decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de no aceptar que la convocatoria a las marchas y su desarrollo tenga transmisión especial.
“La CRC no realiza censura ni controla el contenido de los mensajes difundidos a través de los espacios institucionales. La función de la CRC, en relación con los espacios institucionales, se limita a constatar que los contenidos solicitados para ser emitidos por televisión abierta se ajusten a los fines establecidos en la normativa vigente”, le respondió la entidad confirmando que ha aceptado más de 60 de las solicitudes palaciegas.
En medio de todo se reforzó la narrativa de sustento para darles andamiaje a las marchas progresistas de este jueves a través de una especie de victimización, como la llama la oposición, en varios frentes. Por un lado, el presidente se dice perseguido por sectores de derecha que hace ya más de dos años y medio le entregaron democráticamente el poder, y por eso en casi todos sus discursos dice que el lío radica en que hay aún fichas del expresidente Iván Duque supuestamente frenando su administración.
Y, por otro, buscan que las acusaciones del excanciller Álvaro Leyva sobre posibles problemas de “drogadicción” que afectan el desarrollo de las tareas de Estado –sobre lo que el exfuncionario de origen conservador no entregó ninguna prueba–, sean leídas como ataques de “la oligarquía”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio este fin de semana un par de entrevistas al respecto tras volver a ratificar que enfrenta un problema personal de salud en ese sentido.
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Además, este mismo funcionario dejó claro en la cumbre de gobernadores que se realizó el viernes pasado en Yopal, Casanare, que las marchas de este jueves son una muestra tácita de que –si bien el presidente Petro dijo al menos en público que no buscará quedarse en la Casa de Nariño después de 2026– sí tienen de fondo mostrar que hay un interés reeleccionista en la convocatoria de esta consulta y la apuesta irreductible de llegar a urnas antes de que se acabe este año.
“Hay muchas cámaras para decirlo, pero la minireelección del presidente es el 1 de mayo con la marcha que se va a hacer y con la consulta popular”, dijo ese día Benedetti, aunque luego matizó: “Yo no hablo de reelección; ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante es con la voluntad de que se le oiga al pueblo”.
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En el trasfondo de las marchas del pasado 18 de marzo, como lo contó El Espectador, hubo un gran componente contractual, como los más $180.000 millones que se han destinado a contratos con comunidades indígenas, campesinas y de otros sectores afines a la izquierda que suelen salir a las movilizaciones progobierno. Y, de paso, el apoyo de los sindicatos que están dentro de las centrales obreras que constantemente llaman a las manifestaciones está firme y dijeron que este jueves más que por el Día del Trabajo se marcha por la consulta de Petro.
Para garantizar que esas y otras bases se movilicen es que todas las entidades que dependen del Ejecutivo tienen que destinar una parte de sus gastos a financiar todo lo referente a la consulta, lo que el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, llamo “vaca” para que se vea gente en las calles y las urnas. La sola jornada de urnas, de acuerdo con la Registraduría, costaría más de $700.000 millones, pero la campaña en sí, que debe incluir plata para los comités por el “sí”, los del “no” y tal vez los de la abstención, es algo que no se ha cuantificado.
Y no es un dato menor. La Casa de Nariño dice que cada una de las más de 60.000 juntas de acción local debería tener un comité por el “sí”, por lo que habría que destinar recursos de campaña a más de 60.000 de estos nodos. Y si todo llega a urnas, deben darse recursos en igualdad de condiciones a los del “no”. ¿Cuánto podría costar esto?, es otra de las preguntas que lanzan sectores opositores que lideran el expresidente Álvaro Uribe, del Centro Democrático, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical.
Y aquí entran las cuentas en el Congreso. La oposición arrancó con una puesta de 23 votos negativos a darle viabilidad al proyecto de consulta (11 de Cambio y 12 del Centro Democrático), mientras que la mano del petrismo va con 25 (20 del Pacto y cinco de Comunes) para que la iniciativa avance. Se requiere la mayoría simple (mitad más uno) de quienes estén presentes y registrados el día en que se convoque el pleno del Senado para votar.
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El presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, ya dijo que el próximo jueves no estará –ni por protocolo– en el Capitolio para recibir al jefe de Estado en la radicación del proyecto de consulta con las 12 preguntas, lo que muestra el rompimiento irreversible entre estas dos cabezas de ramas independientes del poder público. Además, dejó la inquietud de si el anuncio de Petro de sacar ese día a la plaza pública la espada de Simón Bolívar desenvainada es una amenaza al Capitolio, sin contar que los críticos cuestionan el uso político que se le da desde el Gobierno a fechas simbólicas en el país.
Ahora bien, mientras todo el Gobierno se mueve por instrucción de Petro para movilizar gente en las calles este 1° de mayo, y al tiempo sortea la implosión interna que dejó la guerra fría y cuyos principales protagonistas son el ministro Benedetti y la canciller Laura Sarabia –sin dejar de lado los escándalos de corrupción como el saqueo a la Unidad de Riesgo y el juicio penal contra Nicolás Petro, el primogénito del mandatario–, el jefe de Estado y la oposición apostaron por subirle a su confrontación. El país atestiguará un nuevo capítulo de ese fortalecimiento de la polarización en las marchas del Día del Trabajo.
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