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Mientras todas las campañas se preparan para cerrar y comenzar una recta sin eventos públicos, los recientes hechos de violencia política han empañado ese llamado a urnas que todavía tiene alertas de riesgo electoral. Así es que hechos de desapariciones y atentados en las últimas semanas han hecho que la mirada se pose sobre el Gobierno y la protección de los más de 3.081 candidatos que están en la contienda.
Precisamente este jueves, en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, a la que asisten no solo el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, sino también la Registraduría de Hernán Penagos, la Procuraduría de Gregorio Eljach y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, uno de los temas tocados fue la desaparición de Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado por el Partido Conservador, y Ana Libia Guetio, aspirante a la curul de paz del departamento del Cauca, en una zona donde, según reportes del mismo Gobierno, operan las disidencias de alias “Iván Mordisco”. Ambos aparecieron en las 24 horas posteriores a ese consejo, tras estar desaparecidos por 40 y 17 horas, respectivamente.
“De la mano de las autoridades competentes se abrieron investigaciones exhaustivas para establecer quiénes están detrás y con qué propósito ocurrieron estos hechos. No habrá impunidad”, aseguró el ministro de Defensa.
Son preocupaciones que han rondado los comicios desde hace varios meses, específicamente contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Augusto Rodríguez, la encargada de responder los requerimientos de este tipo. Y es que, de los miles de candidatos al Legislativo (1.071 al Senado y 2.010 a la Cámara en todas sus circunscripciones), el Ministerio del Interior reporta que 462 de ellos cuentan con medidas de protección. Tanto Vásquez como Guetio tenían acompañamiento de la UNP, de acuerdo con el mindefensa.
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A esos nombres se suman los del senador Jairo Castellanos (ASI), la senadora Aida Quilcué (Mais), Óscar Guachetá (alcalde de Morales, Cauca) y la candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán (Partido Liberal). El esquema de seguridad del primero fue atacado y en esos hechos murieron dos de sus integrantes; la segunda y el tercero fueron víctimas, el mismo día, de secuestro junto a sus escoltas; y la última fue retenida por hombres armados, y no solo fue despojada de su vehículo, sino que a su equipo de protección se les quitaron sus armas de dotación. Al alcalde de Briceño, Antioquia, José Noé Espinoza, el frente 36 de las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba” lo declaró objetivo militar hace una semana.
Desde el partido Centro Democrático se denunció este jueves que, en un evento proselitista en Honda de la senadora Paloma Valencia en el que también estaba presente el expresidente Álvaro Uribe, se hallaba una mujer armada. Según informó el equipo de campaña, la Policía Nacional identificó y capturó a la persona, pero desde el uribismo denunciaron que tanto el Gobierno como la Fiscalía han mantenido “silencio” frente a los hechos. Y, en esa línea, la misma candidata afirmó que se trata de “una cosa sistemática desde el asesinato de Miguel Uribe”, senador y precandidato presidencial de esa misma colectividad, el 7 de junio de 2025.
Son al menos ocho hechos que prenden las alertas sobre la seguridad de los candidatos, todos en el mes de febrero.
Esta misma semana, la Defensoría del Pueblo de Iris Marín había advertido que entre octubre del año pasado y este febrero, se han registrado 457 casos de amenazas de muerte contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto previo a las elecciones. Figuras como alcaldes municipales, diputados, concejales y liderazgos comunales son algunos de los más impactados por este tipo de violencia política.
Específicamente, se menciona que en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena no hay garantías para el ejercicio de la política. En todo el país, 69 municipios presentan las condiciones más graves, 168 tienen medidas de carácter urgente y 433 requieren acciones de tipo prioritario.
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“El escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”, se lee en ese documento. Y también se detalla que “los candidatos enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como por restricciones severas a su movilidad y la prohibición de realizar proselitismo en territorios dominados por grupos armados que ejercen gobernanza armada ilegal”.
Incluso, en Bogotá, la Policía Nacional, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Ejército lideraron una operación en la que fueron capturados Harold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, —presunto fabricante de explosivos del Ejército de Liberación Nacional (Eln)— y Gerson Hernando Flores, de 29 años, supuesto colaborador del grupo criminal. Según el expediente de las autoridades, fueron hallados manuscritos, planos, una tableta digital y un computador de mesa que contendrían, presuntamente, el plan de un ataque para alterar el orden público durante los comicios de este 8 de marzo.
La mirada se posa sobre las autoridades para reforzar la seguridad en torno al llamado a urnas en el que 40’036.238 personas están habilitadas para votar en el territorio nacional, pues el censo electoral en total es de 41’287.084, incluyendo los connacionales en el exterior. Desde la Procuraduría se puso en marcha el plan de Paz Electoral, con miras a blindar las elecciones, y en ella participan la Registraduría y la Contraloría, que han insistido en la protección del proceso electoral que ocurrirá en tan solo ocho días.
“Hemos desplegado más de 246 mil militares y policías. Tomamos unas decisiones como incrementar el pie de la fuerza pública extendiendo el servicio militar obligatorio, eso nos permitió tener 22 mil militares más y 4 mil policías más. Y la clave siempre será la anticipación. Parte de ella es la inteligencia, y la inteligencia se nutre de la información”, afirmó el ministro Sánchez.
En la UNP se firmó un contrato por COP 30.000 millones con la empresa GMW Security Rent a Car —que aparece en una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por supuesta cartelización de las camionetas blindadas— para garantizar vehículos blindados a los candidatos. Según Benedetti, esto hace parte de las acciones que se han tomado para blindar las elecciones, que incluyen la movilización de 42 mil miembros de la Fuerza Pública para los más de 3.700 eventos proselitistas, así como los 400 carros blindados.
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Incluso, el criticado aumento de la planta de esa entidad, adscrita al Mininterior, en más de 6.000 puestos para oficiales de protección, encargados directamente de la seguridad de personas o comunidades en riesgo, como es el caso de políticos o candidatos para las próximas elecciones.
“Hemos hecho un esfuerzo que nunca antes [se ha hecho] desde el presupuesto, desde los hombres disponibles, desde las armas”, afirmó.
A partir de este domingo 1 de marzo, el país entra en una especie de silencio electoral. Las campañas políticas solo se podrán reunir a puerta cerrada y en el día de las elecciones, por ejemplo, no se podrá llevar ningún tipo de material electoral a las urnas. Pero lo cierto es que en ese tiempo los ojos estarán puestos en el Gobierno para que blinde un proceso al que ya lo tocan señalamientos por la posibilidad de fraude electoral —que vienen desde la misma Casa de Nariño— y la garantía de que los días que siguen y lo que queda para la primera vuelta (31 de mayo) no sea empañado por más hechos de violencia.
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