¿Una alternativa al prohibicionismo?

De hecho, en el Congreso de Estados Unidos cursa, con buenas probabilidades de ser aceptada, la propuesta de que se acabe con la terrible práctica de meter a la cárcel a los consumidores “por primera vez”, y que las sentencias obligatorias de tres años de cárcel a los consumidores capturados, así sean ocasionales, sean abolidas o por lo menos suavizadas.

Además, en diciembre se votará en California una propuesta para legalizar el consumo recreativo de marihuana y en México se vuelve a hablar de debatir la legalización, como un mecanismo para reducir la violencia que azota al norte de ese país. Aunque el presidente Calderón se ha mostrado enemigo de esa legalización, por lo menos ha aceptado que es necesario que el tema sea debatido.

Por algo se empieza, y no se trata de ser especialmente optimista, pero sí de reconocer que poco a poco la gente pensante empieza a aceptar que el prohibicionismo es una ideología perversa, cuyos efectos son tan viciosos como las sustancias que busca eliminar.

Muy probablemente el debate que se inicia no conduzca a una legalización abierta y total, ni incluya todas las drogas psicotrópicas. Pero sí puede producir alternativas menos violentas, más democráticas y menos locas que las aprobadas por el Congreso colombiano ante la terca insistencia del presidente Uribe. Nadie en su sano juicio puede aplaudir esa idea de asignarle un médico a cada consumidor, y es muy probable que más de un galeno se niegue a desempeñar el papel de policía.

Entre esas iniciativas posibles están los mercados regulados, en los cuales la compra de drogas se controla y se restringe a menores. Pero también están las medidas educativas que reduzcan el atractivo del consumo y que operen de manera similar a como lo hacen los mercados de tabaco y alcohol, aunque las restricciones pueden ser más fuertes y la vigilancia más estrecha.

Y desde luego se puede actuar sobre medidas fiscales que graven los productos, sin que las alzas se conviertan en alicientes para comerciarlos de manera clandestina. Así por lo menos el Estado puede recaudar una parte de lo que hoy generan los altos precios de las drogas, y que no es otra cosa que la llamada renta de riesgo producida por el peligro que corren los vendedores de ser capturados como clave de la política prohibicionista.

El documento que produjeron los presidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso hace unos meses, puede volver a ser estudiado seriamente por parte del nuevo gobierno de Santos y quizás tendremos la posibilidad de que se vuelva a modificar la Constitución para derogar la medida por la que tanto peleó Uribe.

De Santos se pueden esperar muchas cosas, y muchas serán muy malas. Pero esperemos que al menos no sea beato.