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Hace exactamente dos años, en marzo del 2020, el gobernador del Cesar anunció una inversión de más de $20.000 millones para resolver uno de los problemas históricos de Aguachica, el segundo municipio más importante del departamento: el acceso a agua potable.
Año a año, en las temporadas de sequía, la falta de agua para los habitantes de este municipio vuelve a ser noticia en medios nacionales y locales. La planta de tratamiento no da abasto, el acueducto —construido hace 75 años y proyectado para 10.000 personas— tiene viejas redes de asbesto y cemento y se quedó corto para los más de 100.000 habitantes. En varias ocasiones, ante la ausencia de lluvias y con temperaturas que superan los 30 C°, Aguachica ha estado sin agua por semanas.
La solución de las autoridades, la mayoría de las veces, ha sido distribuir agua en carrotanques, que a veces tardan hasta 24 días en volver a pasar. Los habitantes consideran que ninguna medida ha sido definitiva para mejorar la situación, por lo que, tanto en el casco urbano como en la zona rural, gran parte de ellos se ven obligados a usar pozos o aljibes para sacar y almacenar el agua de consumo.
“Es usual encontrar pozos anillados entre 2 y 20 metros de profundidad, y pozos de 40, 60, 80 y 120 metros de profundidad”, asegura Dubban Atuesta, geólogo de la Universidad Nacional, quien hace parte del proyecto Megia, abreviatura de un nombre algo complejo: Modelo multiescala para la gestión integral del agua con análisis de información para la evaluación ambiental estratégica del subsector de hidrocarburos en el Valle del Magdalena Medio (VMM). El VMM es una de las zonas con mayor prospectiva para la producción de estos combustibles fósiles y, en pocas palabras, este proyecto busca generar insumos para conocer la hidrodinámica de esta zona y establecer la línea base del agua, para que las decisiones del sector de hidrocarburos tengan en cuenta consideraciones ambientales.
“La idea es conocer cómo se comporta el agua, cuánta agua superficial hay (que tiene que ver con agua lluvia, quebradas, ríos o ciénagas) y cuál es la cantidad de agua que se filtra, que hay en el subsuelo (agua subterránea)”, explica el investigador.
El área de estudio de Atuesta estuvo enfocada en Aguachica, en donde se encuentran 35 pozos destinados a la exploración y extracción de hidrocarburos, según el Banco de Información Petrolera de Colombia. Particularmente, se centró en los pozos donde los habitantes acumulan u obtienen el agua en tiempos de sequía. Analizó 75 parámetros de calidad del agua en 56 pozos de agua con profundidades de 7 a 110 metros. Uno de los primeros hallazgos fue que no se encontraron parámetros ni valores que permitieran asociar la presencia de contaminantes con estas actividades extractivas, pero los resultados fueron impactantes frente a otras actividades.
“Al menos, entre 5.000 y 7.000 personas de Aguachica están usando agua que no tiene las condiciones para consumo humano. Al analizarlas no solo revisamos las guías y los valores de referencia de calidad para Colombia, establecidos en la resolución 2115 de 2007, con 17 parámetros, sino que, ante la limitación, decidimos revisar también otros estándares internacionales de calidad de agua, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la legislación brasileña frente a hidrocarburos (Cetesb), la Environmental Protection Agency (EPA) y la Unión Europea.
Las quebradas, como en varias partes del país, suelen ser adonde llegan los residuos sólidos y líquidos de parte de la comunidad, del matadero y de la plaza de mercado, “convirtiéndose en caños de aguas negras. Las principales fuentes de contaminación del agua superficial y subterránea en el municipio son los vertimientos de aguas servidas del sector urbano, avícolas, porcícolas, establos ganaderos y el deficiente desarrollo de pozos sépticos en la región”, afirma tras su trabajo de campo. También se registraron fuentes de contaminación de fertilizantes y agroquímicos para cultivos como el de algodón y arroz.
En otros puntos no había buena conexión del sistema de alcantarillado, estaba roto o con tubos viejos que tienen porosidades y permiten la filtración de aguas negras. Esto termina contaminando las aguas subterráneas a las que accede gran parte de la población para obtener agua. Asimismo, identificó que algunos de los pozos anillados para almacenar agua estaban cerca de pozos sépticos, por lo que terminaban siendo una mezcla de agua lluvia, agua de infiltración y agua de unidades laterales contaminada porque tenía conexión con esos antiguos pozos sépticos.
En consecuencia, tanto en pozos más superficiales como en los de mayor profundidad se identificó la contaminación en el agua por altas concentraciones de agentes como arsénico, sulfuros, hierro, fósforo, nitratos, coliformes totales, Escherichia coli, aceites y grasas, entre otros. “Están asociados al historial de manejo de pozos sépticos, deficiencias en la red de alcantarillado y al historial de agricultura intensiva de arroz y algodón en esta zona”, explica el investigador.
Por mencionar un ejemplo, ante la presencia de nitratos —asociados a la contaminación de aguas por excretas— la regulación colombiana establece un límite en el agua para consumo de 10 miligramos por litro. “Nosotros encontramos que en algunos puntos el registro era de 120 miligramos por litro. Eso tiene enormes implicaciones en la salud, en problemas de tipo digestivo.
Para el investigador, es urgente un plan para monitorear los pozos e implementar planes de seguimiento y trazabilidad de los contaminantes identificados.
En otras ocasiones la OMS ha recalcado la necesidad de eliminar los pozos anillados como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, pero es el único recurso al que pueden acceder las familias más vulnerables en temporada de sequías. Pero la presencia de aguas estancadas empeora otros problemas de salud pública, como los altos índices de dengue en la región. El aumento en los casos de dengue se debe al almacenamiento de agua que facilita la reproducción y propagación del mosquito transmisor.
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