En política, la salud debería estar por encima de todo

Parece que viviéramos en una sociedad en la que preferimos tener cáncer y curarlo, a nunca haberlo tenido del todo. Le damos valor a encontrar curas a las enfermedades que a todo lo que podemos hacer por evitarlas. Por lo menos eso es lo que demuestran las acciones de nuestros gobernantes día a día. Proponer gravar con IVA toda la canasta familiar, incluyendo frutas, verduras, carnes y lácteos, o abrirle la puerta a un sistema de transporte público con tecnologías de emisión de gases que hoy están obsoletas, reflejan un hecho desafortunado: la salud pública no es una prioridad en la agenda de los políticos colombianos.

Una primera explicación de este fenómeno lamentable es que los éxitos en salud pública son en su mayoría son invisibles. En un cumpleaños, es más probable que le demos gracias por un año más de vida a ese profesional de la salud que nos ayudó a salir de una enfermedad grave, que al Ministerio de Salud porque se aseguró de que recibiéramos la vacuna contra una enfermedad que, gracias a ésta, nunca padecimos. Es difícil ver el impacto de la salud pública en nuestras vidas porque cuando es efectiva, nada pasa. Nadie muere, nadie se enferma, nadie se da cuenta. En política los logros invisibles de la salud pública difícilmente llaman la atención, aún cuando tengamos el potencial de salvar o mejorar millones de vidas con acciones muy simples.

Por otra parte, la acciones con mayor impacto en salud pública no necesariamente provienen del sistema de salud. Las políticas que afectan la calidad del aire dependen del sector de medio ambiente, de transporte y de comercio. Luchar contra la obesidad requiere de un sector agrícola fuerte, de impuestos y controles de publicidad para la industria de bebidas azucaradas y de un sector educativo que promueva el deporte sano y que ofrezca alimentos saludables en el recreo de las escuelas. Un país que le apunte a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos requiere de gobernantes que se comprometan a dar prioridad a la salud y al bienestar en las decisiones de todos los sectores. Eso no está pasando en Colombia. El sector defensa no le ve problema a rociar a campesinos con glifosato, el sector vivienda no se preocupa porque se usen materiales con asbestos en viviendas de interés social e interés prioritario, y el sector transporte no se inmuta porque en el Vaupés las comunidades indígenas no tengan cómo llegar a tiempo al único hospital público que hay en la capital cuando tienen una emergencia de salud.

Una razón adicional de la poca importancia de la salud pública en Colombia es que los efectos de sus acciones pueden tomar años, y nuestros políticos no tienen mucha paciencia. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional-ENSIN, más de la mitad de los colombianos tenemos exceso de peso y todo indica que la cifra va en aumento. En 2005 cerca de 5,6 millones de personas se encontraban obesas. No en sobrepeso, en obesidad. Para 2015, la cifra pasó a 8,5 millones de personas, equivalente a si sumáramos toda la población de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta e Ibagué. ¿Cuánto tiempo nos tomará detener el incremento del sobrepeso en Colombia y cuánto tiempo reducirlo? Muchos años. Pero como hoy no es un problema tan grave, sencillamente no se hace nada.

Durante su paso por el Senado, Iván Duque criticó duramente el impuesto a las bebidas azucaradas, porque según su opinión experta, en otros países no había demostrado que hubiese reducido la obesidad de manera significativa. Claro, en un par de años los efectos son limitados, pero la evidencia científica demuestra que este tipo de impuestos van en la dirección correcta. Duque desafortunadamente prefirió que no hiciéramos nada y para empeorar las cosas, ahora como presidente de la República propone gravar los alimentos que sí contribuyen en la nutrición y la salud de las familias colombianas.

Claro que necesitamos más recursos, pero ¿a qué costo? Aumentar el precio de las frutas, verduras, carnes y lácteos pone en grave riesgo la salud de toda la población. Si los colombianos seguimos reemplazando alimentos ricos en nutrientes esenciales por opciones más baratas como las gaseosas o los alimentos procesados, es inevitable que tengamos más y más casos de infartos, diabetes y cáncer en el largo plazo. ¿Por qué es tan difícil de entender?

Hay otras opciones que no solo pueden generar ingresos sino también mejorar nuestra salud. El impuesto a las bebidas azucaradas es una excelente opción que ya fue revisada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que es soportada por expertos de todo el mundo. También podría agregarse IVA al aguardiente y demás bebidas alcohólicas que hoy no están gravadas con este impuesto y que contribuyen en buena medida a la violencia doméstica. Aumentar el impuesto al tabaco, que hoy continúa siendo uno de los más bajos de la región, es otra forma de aumentar recursos y prevenir muertes prematuras que son evitables. Son decisiones que no son del gusto de las industrias, pero un gobierno que privilegie a los ciudadanos sobre el interés comercial de unos pocos no tendría problema en intentar sacarlas adelante. Estoy seguro de que los ciudadanos lo respaldaríamos.

Desafortunadamente, nuestra calidad de vida solo es una prioridad durante las campañas. En su conquista al Palacio de Nariño, Duque prometió «prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles.» Cumplir esa promesa requiere acciones. Se necesita un gobierno con suficiente determinación y liderazgo para asegurarse que la salud y el bienestar de los colombianos siempre estén por encima de todo, incluso de los intereses de los más poderosos. Si se da prioridad a la salud, podemos ser un país más productivo, y con una mejor calidad de vida, con mayor bienestar. Cuando se quiere, se puede. Pero hasta el momento, el gobierno de Duque no parece tener mucho interés en la salud pública de los colombianos.

*Candidato a master en salud pública. U. Harvard. @harimetsu