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Mientras el proceso electoral invade todos los espacios noticiosos, algunos entendidos comentan sobre la existencia de una gigantesca empresa de corrupción que para ciertos funcionarios parece traducirse en que hay que terminar de enriquecerse antes del 7 de agosto y ponerse a salvo de investigaciones.
Esta cruzada que se ha puesto en marcha tiene calculado entregar las llaves de la Contraloría General de la República a quien secretamente sea seleccionado por un grupúsculo de cuatro altos funcionarios que desde hace rato vienen haciendo jugaditas. No se había visto jamás que un funcionario de rango ministerial como el director de Planeación renunciara un año antes de terminar el gobierno dejando distribuidos millonarios recursos de las regalías destinadas a los 170 municipios PDET, que fueron repartidos a los congresistas aliados para asegurar con esta mermelada su respaldo cuando someta su nombre como candidato a contralor.
Los rumores sobre la corrupción no cesan y se habla de que en Valledupar se están construyendo lujosas casas por un alto funcionario y por otro personajito que estuvo en el Gobierno y, si todo resulta bien, sería el próximo contralor. A propósito, ¿quién será el alto dignatario del Estado al que multimillonarios empresarios le han “ofrecido” una mansión en Miami para que “descanse” en la Florida en cuanto termine el gobierno?
El deterioro de la cosa pública es ostensible en las esferas nacionales pero también en las regiones, donde hay mandatarios seccionales que más que gobernadores son verdaderos emperadores. La lista es grande, pero en ella ocupa lugar destacado Óscar Barreto, el cuestionado exgobernador del Tolima, amo y señor de su departamento.
No hay de qué preocuparse, creen los involucrados, porque además de que están disfrutando las mieles del gobierno tampoco hay autoridad que se mueva a investigar lo que es vox populi, pues la audacia de estos poderes siniestros es tan eficaz que tienen silenciados a los medios.
Este estado de cosas inconstitucional y delictual solo lo detiene una revolución, porque luego de lo que pase en las elecciones de hoy todo seguirá igual o empeorará, pues no hay cómo calmar esta jauría de ladrones y negociantes que están asaltando el erario.
Temerosos de que una Contraloría hostil haga averiguaciones sobre muchos negociados, desde el alto Gobierno se ha orquestado una trama sofisticada. Lo primero fue acuñar un procedimiento ilegal para hacer anticipadamente una lista de aspirantes a contralor, que debe ser elegido por el próximo Congreso, valiéndose de un supuesto examen realizado en la Universidad Industrial de Santander facturado para favorecer la aspiración del exdirector de Planeación Luis Alberto Rodríguez O., porque el cuestionario estaba cargado con preguntas propias de su área y no del control fiscal.
Este primer paso fue abiertamente ilegal, como lo sabe Juan Diego Gómez, el arrodillado y obsecuente presidente del Senado, patrocinador de su copartidario (alias el Pollo), que quiere sentar en la Contraloría. En efecto, como el período del actual Congreso termina el 20 de julio, ya no podrá elegir al contralor, pero orquestaron un plan para confeccionar la lista de aspirantes de la cual tendrá que elegirse a uno, y en el Gobierno se han asegurado de que en esa nómina no haya nadie que se atreva a promover indagaciones o averiguaciones que permitan desenredar el nudo gordiano de la corruptela. Eso explica el afán de que un Congreso saliente que no va elegir contralor se haya precipitado ilegalmente a elaborar una lista de aspirantes a tan alta dignidad, que debe ser escogido por otros congresistas que no participaron en su preselección.
La lista de candidatos a contralor ya está elaborada con 10 nombres, cada uno de los cuales responde a un cacique o interés político. Hasta el fiscal Barbosa también pretende imponer sus propios recomendados al Congreso que viene, de manera que quien resulte ungido sea otro del poderoso grupo de donde saldrá el siguiente jefe de la Contraloría.
Es impostergable que las veedurías ciudadanas y organizaciones nacionales e internacionales contra la corrupción velen por hacerles seguimiento minucioso a los patrimonios de funcionarios que están por dejar sus cargos, sus parientes y amigos cercanos. De no tomar acciones urgentes y eficaces, el país no será viable.
Adenda. Quienes resulten elegidos para las 16 curules de la paz deben ser víctimas. De no serlo, sus elecciones son nulas.
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