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La elección de un nuevo Congreso es, de cierta forma, como reiniciar un cronómetro: cuatro años y contando, otra vez.
En materia económica, sin embargo, los retos de este nuevo Congreso tal vez no aguanten cuatro años, sino uno o dos, cuando mucho. La agenda es de gran calado y vamos por partes.
Tributaria, una vez más
Lo primero, casi con toda seguridad, será una nueva tributaria. Del paquete de temas legislativos que tenía en la mira la administración del presidente Iván Duque (en temas como pensiones y mercado laboral), lo único que llegó fue la reforma fiscal.
Y casi como un mecanismo de compensación lo que hubo en estos cuatro años de cronómetro legislativo fueron cuatro reformas tributarias, con un impresionante despliegue de adjetivos para nombrarlas; el esfuerzo vale porque cuatro leyes (que en esencia buscaban lo mismo) en igual número requería de una labor importante para nombrarlas y tratar de diferenciarlas.
De las pocas certezas legislativas para el cuatrienio que comenzó a inaugurarse este domingo es que la tributaria es, prácticamente, ineludible. Esto lo han dicho expertos de todas las corrientes políticas e ideológicas, así como el propio gobierno Duque. Durante la aprobación de la reforma actual, el Ministerio de Hacienda fue enfático en afirmar que el parche fiscal que se le aplicaba al país tendría una vida más corta de lo esperado en materia macroeconómica y social.
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Aquí hay que aclarar que el panorama fiscal del país ha venido mostrando una recuperación. De acuerdo con el más reciente Plan Financiero del Gobierno, el déficit fiscal llegará este año a 6,2 % del PIB, cuando se estimaba en 7,1 % anteriormente: el país va a disponer de unos ingresos tributarios de $183 billones con un crecimiento de 13 %, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda.
Este panorama, además, va a estar ayudado por la cotización de los precios internacionales del petróleo, que cerraron la semana pasada en US$112. La cotización de este producto se ha disparado cortesía de la invasión rusa a Ucrania. Y, todo parece indicar, el petróleo podría mantenerse por encima de los US$100 en lo que resta de este semestre según algunos analistas.
Esto es importante porque el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021 se construyó esperando que el petróleo Brent promedie US$63 el barril en 2021 y 2022. Y dentro de este documento hay una simulación que indica que por cada dólar que el precio del crudo esté por encima de la proyección, el país recibiría $261.000 millones adicionales.
En lo corrido del 2022, el Brent promedia US$90, es decir US$27 por encima de la estimación del Gobierno. Esto, según el documento, podría traducirse en casi $7 billones de renta petrolera adicional, casi la mitad de lo recaudado en la anterior reforma tributaria.
Y si bien todas estas son buenas noticias, pueden no ser suficientes para evitar una nueva tributaria porque, como es bien sabido, las bonanzas petroleras son efímeras y pasajeras casi que por definición.
“El año 2021 nos enseñó que el costo político, económico y social de no solucionar nuestro problema tributario de una vez por todas va en aumento y para la próxima administración estará en el nivel más alto. Esto hace que, para el próximo gobierno, una gran reforma estructural sea menos desgastante que varias reformas insuficientes y siempre cosméticas, como aquellas a las que nos acostumbraron las administraciones pasadas”, asegura María Fernanda Valdés, Ph.D. en Economía, coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y experta en materia tributaria.
Por su parte, el analista y profesor universitario Mario Valencia hace este sobrevuelo sobre el panorama fiscal y tributario en el país: “El recaudo colombiano es menor al promedio de los países de América Latina y su gasto público es menor al promedio de sus socios ricos (y desarrollados) en la OCDE. Enfocarse en reducir la evasión, eliminar exenciones injustificadas, establecer tarifas diferenciadas a empresas y aumentar la progresividad en la renta de personas sería un buen comienzo. Pero incluso esta sería la reforma fácil, porque la realmente compleja sería la de mejorar la eficiencia del gasto”.
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El empleo, el otro dolor de cabeza
El desempleo es uno de los mayores problemas actuales de la economía colombiana, en conjunto con los asuntos fiscales. Y ambos son temas que no solo preocupan ahora, sino que serán parte de los retos que asumirá el próximo Gobierno.
Para enero de este año, el DANE informó que la tasa de desempleo fue de 14,6 %, que si bien es 2,9 puntos porcentuales más baja que la registrada en el mismo mes de 2021, también es 1,6 % más alta que la obtenida en enero de 2019.
Además de la informalidad, la brecha de género sigue siendo uno de los grandes pendientes históricos en el mercado laboral colombiano. En enero, la tasa de desempleo para los hombres fue del 11,2 %, mientras que para las mujeres fue del 19,4 %, evidenciando una diferencia de 8,2 puntos porcentuales.
Y, a pesar de las mejorías que se siguen registrando, que en buena parte están atadas a la reanudación de labores y actividades de la economía en general, el empleo sigue siendo un factor de preocupación para prácticamente todo el mundo.
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Más aún cuando se mira el desempleo al lado de variables como el PIB, que para el año pasado registró un crecimiento de 10,6 %. Esta especie de asimetría ha revivido, de cierta forma, aquella frase de “la economía va bien, pero el país va mal”.
La otra gran reforma a la que debería enfrentarse este nuevo Congreso es la laboral, más aún con los insumos frescos de la Misión de Empleo, que entregó sus recomendaciones y análisis en enero de este año.
La Misión dio recomendaciones en temas como informalidad, brecha de género y pensiones, con acciones de gran calado para reducir la desigualdad y crear mejores condiciones para el empleo formal en el país.
Pensiones y la visión de largo plazo
Aún más interesante, este grupo de expertos reconoció (y el Ministerio de Trabajo estuvo de acuerdo con ellos) que los problemas del sistema laboral colombiano son tan amplios que no son solucionables con una única pieza de política pública. Para un país entregado al poder de los mesías y las curas únicas, reconocer que se necesitan varias reformas a lo largo de los años puede ser un primer paso en la dirección de solucionar problemas de fondo, endémicos y crónicos.
Y este punto es clave para esta discusión porque se trata de pensar más allá de los vientos políticos. En otras palabras: estas deben ser tareas que arranquen con este nuevo Congreso y con el próximo Gobierno, pero que se deben extender en el tiempo.
Lo que nos lleva a la última gran tarea que tendrá este nuevo Congreso: legislar sobre pensiones. El gobierno Duque prometió una reforma y en el camino se produjeron algunos cambios, menores en todo caso y no exentos de polémica, como el piso de protección social.
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Pero cambios de fondo no ha habido y tienen que darse: sólo una de cada cuatro personas mayores de 65 años se pensiona en Colombia, sólo 24 % de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo (y solo 5 % son mujeres).
Hablar de pensiones es una conversación compleja, pues arranca por ser una discusión técnica, pero llega prontamente a intereses políticos si han de reformarse los regímenes especiales que cubren a las Fuerzas Militares, por ejemplo. El diagnóstico, hecho por diversos analistas (durante años, además), indica que una verdadera reforma pensional debe volver a barajar las cartas en este renglón del sistema pensional.
De fondo, se trata de ganar en cobertura, sostenibilidad y equidad ya que, actualmente, Colombia se raja con creces en estos tres indicadores.
Todos los demás pendientes
El nuevo Congreso también será clave en tantos otros temas, tan urgentes como importantes.
En materia económica, por ejemplo, se espera que la barra suba en términos de transparencia a la hora de discutir el presupuesto anual de la Nación: la discusión sobre los impuestos tiene que incluir no sólo de dónde sale el dinero, sino hacia dónde se va, con detalle y más granularidad.
Es un Congreso que también tendrá que legislar en medio de una crisis climática, con palabras como transición energética sonando duro (desde hace tiempo).
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Y si bien buena parte de estas iniciativas pueden estar en manos, al menos inicialmente, del Gobierno, el Legislativo tiene todo el poder de reformar, reconstruir y adecuar la cancha para estar a la altura de los retos y las urgencias de un país que salió a votar por senadores y representantes, aún a pesar de no creer en ellos desde hace años.
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