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No ha sido una semana fácil para el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, que ve su gobierno ponerse de nuevo a prueba. El lunes, él tuvo que rendir cuentas como secretario de finanzas en época de pandemia, en una presentación que no lo dejó bien parado ante la opinión pública; el martes, la Cámara de los Comunes (Cámara baja del Parlamento) votará después de su lectura sobre la ley, ya modificada, que permite la deportación hacia Ruanda de cualquier migrante que llegue al Reino Unido, y que ha dejado una fuerte división en su partido.
Esta es la segunda versión de esta ley, un proyecto que Sunak heredó desde el gobierno de Boris Johnson, que firmó en 2022 una primera versión del tratado con el gobierno ruandés. La misma que hace casi un mes fue declarada “ilegal” por el Tribunal Supremo del Reino Unido, poniendo de nuevo en jaque al primer ministro.
Sunak ha tenido que enfrentar la férrea crítica dentro del Partido Conservador, pues desde el ala más moderada consideran que el proyecto no hace lo suficiente. En contraposición a los más radicales, los moderados dicen que el proyecto es extremista. Ambas facciones han mostrado su descontento con el rumbo que pueda tomar el proyecto.
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Es un tema candente en la nación. Según la encuestadora YouGov, después de la economía, la migración es la segunda preocupación de los británicos, pues en 2022 la cantidad de migrantes que arribaron al Reino Unido fue de 745,000 personas, una cifra récord. Según la agencia Reuters: “En 2022 se detectó un récord de 45,775 personas que llegaban en pequeñas embarcaciones a las playas del sur de Inglaterra sin permiso. En lo que va de año han llegado casi 29,000 más”.
Detener este flujo de personas que se aventuran por el Canal de la Mancha es el principal objetivo del plan de Ruanda y una de las prioridades de Sunak, quien prometió que acabaría con esta problemática en 2023 y no lo ha logrado. Es por esto que los más conservadores, encabezados por dos de sus exsecretarios, Suella Braverman (Interior) y Robert Jenrick (Inmigración), le han atacado.
“Aunque la propuesta intenta dibujar un difícil tramo sin violar el derecho internacional, la derecha extrema del partido se ha puesto del lado de Jenrick al expresar que la propuesta (de Ruanda) no va lo suficientemente lejos. El Grupo de Investigación Europea, a la derecha del partido, ha expresado dudas acerca de la viabilidad y extensión del proyecto”, afirma Oscar Guardiola, columnista de este diario y docente en la Universidad de Londres.
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Y es que, para el ala radical, abre una ventana a los abogados y migrantes la cláusula que permite presentar un recurso siempre y cuando “puedan demostrar, con pruebas creíbles y convincentes, que corren específicamente un riesgo serio e inminente de sufrir un daño grave e irreversible”. Es decir, no aceptan excepciones. Su única alternativa es que el Reino Unido se retire del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una alternativa que para Guardiola tampoco sería efectiva para que los tribunales bloqueen los procesos de deportación a Ruanda.
“La salida por parte del Reino Unido de la Convención Europea de DD. HH. tampoco tendría mayor relevancia, dado que la Corte Suprema se cuidó bastante de usar no tanto dicha Convención, sino más bien principios generales de derecho internacional que hasta pueden ser considerados ius cogens (que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter, según Naciones Unidas) y, por lo tanto, no dependen de ser parte de aquel tratado”, afirma Guardiola.
Así como está el tratado con Ruanda, que fue modificado hace una semana tras el viaje del secretario del interior, James Cleverly (anteriormente canciller), trabaja en la mayoría de detalles considerados ilegales por el Tribunal. Como, por ejemplo, prohíbe tácitamente que los migrantes deportados a Ruanda sean enviados de regreso a sus países de origen o a aquellos en los que corran peligro. Este plan refaccionado llegó con una ley de emergencia que anula cualquier legislación que pretenda detener el plan de deportación.
Según afirma Reuters: “No aplica algunas secciones de la Ley de Derechos Humanos de Gran Bretaña y solo los ministros decidirían si cumplen o no cualquier orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. A pesar de que hasta la fecha no ha despegado un solo vuelo con deportados, con la visita de Cleverly a Ruanda se confirmó que Gran Bretaña ya ha pagado al país africano más de £240 millones de libras esterlinas.
Por el lado de los más moderados, las modificaciones de Sunak van hasta donde permite la ley. “¿Están los diputados dispuestos a defender que una mujer embarazada en estado avanzado no pueda recurrir su deportación a Ruanda, o que un paciente de un cáncer raro que no pueda ser tratado en Ruanda sea incapaz de presentar su historial médico?”, afirmó a la BBC el aliado de Sunak, Geoffrey Cox.
La suerte ya está en manos de la Cámara. Con 28 votos en contra o 56 abstenciones, la ley se caerá y dejará a Sunak pendiendo de un hilo. Sin embargo, para Guardiola, es poco probable que lo saquen: “es poco probable que ello lleve a su reemplazo. Las elecciones se acercan y es poco lo que pueden hacer los conservadores para cambiar la insatisfacción de los votantes”.
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Además, recalca que “ninguna propuesta legislativa gubernamental ha sido derrotada en segunda vuelta (la lectura en la Cámara) desde 1986″. El plan pasará si los conservadores atienden el llamado de unión, pero Guardiola hace énfasis en que la alternativa más fácil requiere voluntad de atender las solicitudes de asilo: “La alternativa es simple: cumplir con las reglas de derecho internacional sobre hospitalidad a refugiados, poner a punto un sistema capaz y con voluntad para resolver sus peticiones de refugio y asilo”
Y es que, como cita Reuters: “según cifras del gobierno, en agosto, la acumulación de solicitudes de asilo pendientes de una decisión inicial alcanzó un récord de más de 134.000, o 175.457 una vez incluidos los dependientes. Sunak había prometido aclarar esto”. Hasta ahora, no ha ocurrido.
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Por Hugo Santiago Caro
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