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En agosto pasado, dos días antes de las elecciones presidenciales, por diez dólares se podía comprar una tarjeta electoral en Kabul, la capital afgana. Esta situación se hacía más crítica en las provincias rurales, donde los funcionarios del gobierno jugaban un papel activo en las campañas de los candidatos y líderes tribales eran comprados con la condición de que garantizaran un jugoso número de votos.
Sin embargo, los observadores internacionales aseguraron tener todo bajo control. Casi dos semanas después del cierre de las urnas, se supo que Hamid Karzai, presidente desde 2004, había ganado la jornada con el 54,6% de los sufragios a su favor.
Con el paso de los días, las denuncias de fraude se fueron presentando ante la Comisión de Quejas Electorales (ECC), a tal punto, que los reclamos obligaron a la Comisión Electoral Independiente (IEC), organismo que supervisó las votaciones, a eliminar los votos de 3.500 colegios electorales por irregularidades comprobadas.
Las nuevas cuentas pusieron en aprietos a Karzai pues, de acuerdo con la organización estadounidense Democracia Internacional, su candidatura habría alcanzado realmente el 48,3%, mientras que los sufragios del ex ministro Abdullah Abdullah, su principal contendor, aumentaron del 28% al 31,6%.
De momento, los llamados de la comunidad internacional para que se celebre una segunda vuelta han sido rechazados por la candidatura de Karzai, que insiste en que la suya fue una victoria limpia.
La Unión Europea es la principal impulsora de la nueva jornada electoral, pues sus observadores consideran que uno de cada cuatro votos fue fraudulento.
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