Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Procuraduría determinará en juicio disciplinario si el profesor Miguel Ángel Astaiza queda suspendido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por hasta 20 años. La entidad acaba de presentar sus cargos contra el docente, tras una denuncia que permanece sin respuesta desde 2013, interpuesta por la familia de una niña que para entonces tenía 10 años. En el colegio Casas Nuevas del municipio de Sotará (Cauca), Astaiza habría abusado por más de un año a la víctima.
Lea también: Capturan al profesor señalado de acosar y abusar de alumnas del colegio Marymount
El caso inició con un informe de la Secretaría de Educación del Cauca, la cual allegó los testimonios de la niña a la Procuraduría. La indagación del Ministerio Público comenzó en 2017 y aunque la investigación quedó cerrada el año pasado, hasta ahora llamó a Astaiza a juicio disciplinario. Un docente que alcanzó a estar capturado por orden de la Fiscalía y que, aunque pidió copias del expediente, a la fecha no ha hecho uso de su derecho a la defensa.
Entre las pruebas contra Astaiza está el testimonio del padre, quien en plena reunión educativa reveló, en presencia del docente y otros padres de familia, lo que su hija le comentó. Durante los días del presunto abuso, la niña se notaba distraída y aparecía con dinero que no se le había dado. La madre de la víctima le preguntó que había pasado y señaló vejámenes que este diario omite mencionar por su crudeza. La niña comentó que las vulneraciones habrían pasado varias veces, durante un año y en distintos lugares del colegio en Sotará.
Le puede interesar: ¿Cómo no repetir los errores en el caso de abuso en el Marymount?
La Procuraduría también cuenta con el escrito de acusación que presentó la Fiscalía contra Astaiza. En el mismo documento está el testimonio del hermano de la niña, quien también siendo estudiante del colegio vio, de acuerdo a su declaración, cómo el presunto agresor la encerró en la sala de informática. “A veces yo veía que él (Astaiza) les daba besos a las niñas en las manos o en las mejillas ahí en la escuela. Y un día que fue a la casa le dio un pico a mi hermana en la mano”, explicó.
El testimonio de la menor de edad, quien ahora debe tener unos 19 años, da cuenta de que presuntamente el profesor le ofrecía dinero a cambio de su silencio. “Yo no le conté a nadie porque yo tenía miedo de que él le fuera a hacer algo a mi hermano, porque él estudia ahí en la misma escuela, pero en primero de primaria. O que le fuera a hacer algo a mi papá o a mi mamá”, señaló la declarante ante la Fiscalía, cuando tenía 11 años.
Le recomendamos: “Todas fuimos víctimas de un abuso institucional”, exalumna del Colegio Marymount
Entre las pruebas, además, está un informe pericial de psiquiatría forense, el cual confirma el testimonio alegado a los órganos de control. “En la fecha de la valoración, como reacciones psicológicas, se registra miedo y tristeza ocasional, recuerdos muy aislados, temor a la relación confiada con el género opuesto, temor a los docentes hombres y cambio en el disfrute de las actividades que requiere interacción con hombre. Se recomienda tratamiento psicoterapéutico”, se lee en el expediente.
Un amigo de clase de la niña, cuando apenas tenía 12 años, le explicó a la Fiscalía que hermana también habría sido víctima de las mismas conductas. Y que por cada abuso recibía $1.000, en horas de descanso o en el salón. Al parecer, Astaiza lo amenazó con hacerlo “llevar a la cárcel” si hablaba. Otra niña, de 10 años al momento de declarar, explicó que el profesor les pedía que “se engancharan”. “Nos decía que hiciéramos el amor con él”, se lee.
Lea: Estudiantes de colegio en Medellín denuncian presuntos casos de acoso sexual
La Procuraduría calificó la conducta del profesor Astaiza como gravísima y señaló que pudo tratarse de un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales. Le reprochó que la víctima no tenía la madurez cognitiva ni sexual para consentir ningún acto intímo y que, aparte, manifestaba su temor de denunciar lo que habría sucedido para entonces.
“El investigado, al tener la calidad de docente, debe educar a sus estudiantes, guiarlas, respetarles y hacer valer sus derechos fundamentales, no incomodarlas con su actuar, pues en una institución educativa hay parámetros que cumplir, distancias que guardar, en este caso, docente-estudiante”, concluyó la Procuraduría. Ahora, recién ocho años después de los hechos denunciados, el Ministerio Pública entrará a valorar si Astaiza puede volver a ejercer cargos públicos. En este caso, el aprendizaje de los menores de edad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más