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El coco

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DE TODAS LAS MOVIDAS EN TÉRMInos de señales y decisiones realizadas por Juan Manuel Santos, en sus tres agitadas semanas como presidente electo de Colombia, la más audaz, sin duda, ha sido su visita al juez Baltasar Garzón.

Y no al juez de la Audiencia Nacional de España sino a un juez Garzón con funciones de asesor de la Corte Penal Internacional, cargo que ejercerá hasta mediados del año entrante. Un encuentro cargado de contenidos que tiene con las alarmas prendidas a la Casa de Nariño.

Al juez Garzón no le resulta ajena la situación colombiana, la conoce de primera mano. Le ha seguido el paso a la Ley de Justicia y Paz y su muy precaria aplicación, así como la batalla que ha librado la Corte Suprema de Justicia en defensa de sus funciones y de su independencia como tribunal de justicia frente a los permanentes embates del Presidente de la República. Son miles las víctimas y abrumadores sus dramas familiares que están a la espera de justicia, resarcimiento y reparación.

En muchos de esos casos la justicia globalizada podría intervenir, pero conocedores del Estatuto de Roma coinciden en señalar que serán los “falsos positivos” los primeros en reclamar su atención, aquellos donde precisamente la justicia colombiana ha sido inoperante y la sociedad indolente. Juan Manuel Santos lo sabe. Entiende que internacionalmente resulta impensable que en un Estado de Derecho puedan ser impunemente asesinados, mejor, ejecutados, 2.000 muchachos inocentes para asegurar ascensos o prebendas por miembros de las Fuerzas Militares. Sabe que la justicia internacional jamás tolerará la impunidad en este tema, el cual además lo ronda en su condición de ex ministro de Defensa. Con las agallas de un jugador, se le adelantó a los acontecimientos y con la visita al juez Garzón quiso coger el toro por los cachos, por más inciertos que puedan ser los resultados finales.

Si hay algo que, por soberbia o por ignorancia, nunca dimensionó Álvaro Uribe, es el significado y protagonismo que tiene la justicia en estos tiempos. Estamos en el siglo de los jueces, garantes de libertades y derechos a los ciudadanos en un mundo globalizado. El presidente Uribe escogió una ruta equivocada: el camino de la descalificación y no el respeto a las decisiones de jueces, fiscales y defensores de Derechos Humanos, con el propósito populista e irresponsable de ganarse el aplauso a costa de ellos, sin medir las consecuencias. Una estigmatización recurrente con efectos tan graves como la de colocar a la jueza María Stella Jara, quien condenó al coronel Palzas Vega a 30 años de prisión por su responsabilidad en las desaparición de 11 personas luego de la acción militar de recuperación del Palacio de Justicia, a tener que abandonar el país por amenazas y falta de garantías para su vida.

El juez Garzón es un hombre de cruzadas, como lo ha demostrado en sus causas, capaz de encajar golpes como el que recibió por atreverse a desempolvar los crímenes de la dictadura franquista. Enfrenta los obstáculos hasta conseguir sus objetivos mayores. Colombia está en su mira. Por eso hay poderosos en el país que le temen, como los niños, al coco.

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