Lo que viene con el fiscal “ad hoc”

Las grabaciones, reveladas por Noticias Uno y El Espectador que han involucrado en ese escándalo al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, han generado mucha tensión en el país. No es para menos. Ha quedado bajo sospecha si la persona a la cabeza del ente investigador sabía con antelación de irregularidades en la concesión Ruta del Sol II y si, por eso mismo, las investigaciones por los hechos de corrupción en ella se han visto o se pueden ver afectadas.

El fiscal ha negado en múltiples ocasiones las acusaciones, pero él mismo aceptó desde el principio que se encontraba impedido para estudiar los casos por su cercanía al Grupo Aval, socio de Odebrecht en dicha concesión a través de Corficolombiana. El hecho de que su vicefiscal, María Paulina Riveros, subalterna directa, fuera quien hubiera asumido estas investigaciones mantenía viva la desconfianza. Ante la agudización del conflicto de interés por las nuevas revelaciones, lo mejor era que ella también se declarara impedida.

Así ocurrió, y el jueves pasado la Corte Suprema de Justicia pidió el nombramiento de un fiscal ad hoc para los tres casos puntuales relacionados con Odebrecht que llevaba la vicefiscal. Como la figura es inédita en el país, empero, hay mucho escepticismo sobre su funcionamiento. Para garantizar el éxito de este experimento, del que depende la buena imagen de la justicia colombiana, deben ocurrir varias cosas.

Por un lado, lo obvio: el presidente Iván Duque debe ternar a personas idóneas. No pueden quedar dudas sobre su autonomía ni sobre su cercanía a cualquiera de los involucrados en el escándalo. Tampoco a determinada corriente política.

Una vez la CSJ lo haya elegido, el fiscal ad hoc debe además tener la financiación necesaria para armar su propio equipo, pues el impedimento se traslada a los miembros de la Fiscalía que siguen subordinados a Martínez. Un equipo pequeño, bien conformado, dedicado de tiempo completo a este asunto es perfectamente plausible para garantizar transparencia y, ante todo, celeridad. Porque ese es otro punto esencial: las investigaciones no deben tardar indefinidamente en dar resultados. Quien sea elegido debe entender que el país necesita respuestas cuanto antes.

Otra de las preocupaciones que se han expresado desde el anuncio del fiscal ad hoc, es que su mandato es muy limitado. Nos parece una lectura errada. Si bien es cierto que quien sea elegido va a entrar a estudiar apenas tres casos puntuales, su nombramiento es precisamente para que jale los hilos presumiblemente inexplorados y, si encuentra información que implica otros procesos, no tendría ningún sentido que se detuviera. Todo estaría conectado con su mandato inicial.

Nos parece, pues, que ante la crisis esta resulta una figura conveniente. Pero cuando concluya toda esta situación, el Congreso debe considerar expedir una reglamentación para los casos extraordinarios que ameriten designar fiscales ad hoc, teniendo en cuenta los reparos financieros que hay sobre el tema. Y aprender de la experiencia que la responsabilidad de elegir fiscal pasa por evitar figuras con tantos intereses, como lo dijimos en este espacio en su momento.

Por ahora le deseamos mucho éxito a quien sea nombrado. Por el bien del país.

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