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La inauguración de hospitales, con la alcaldesa y sus funcionarios en primera línea, se ha convertido en un paisaje reiterativo para la ciudad durante los últimos 4 años. El décimo tercero de ellos, entregado a la ciudadanía ayer en la mañana, se convirtió además en el primer centro asistencial del país en ser construido bajo el modelo de asociación público – privada. Esta modalidad, que hasta ahora era utilizada para el desarrollo de vías y proyectos urbanísticos, no ha dado más que el primer paso, de cara a su consolidación en la construcción de infraestructura hospitalaria.
La obra, por otro lado, tiene la particularidad de ser la fruta de la discordia entre las alcaldías de López y Peñalosa, que reclaman el mérito de la obra. Enrique Peñalosa, en el ocaso de su administración, fue quien cerró el contrato con las dos empresas que conformaron la concesión que sacó adelante el proyecto. Al ser quien logró la adjudicación del proyecto, el exalcalde no ha perdido la oportunidad de reprochar cada salida publicitaria de Claudia López exaltando la obra. Un mes atrás, como respuesta a la publicación del avance del proyecto por parte de la Alcaldía, Peñalosa saltó en cólera, y llegó incluso a preguntarle a la mandataria saliente si no le daba “pena” congraciarse con avemarías ajenas. “Claudia López está gastando decenas de miles de millones haciendo publicidad para tomarse el crédito por obras que nosotros diseñamos, financiamos y contratamos. ¿No le da pena?”, trinó en su momento el exalcalde.
Caso omiso a los cuestionamientos, la administración saliente ha continuado su deriva publicitaria, salvo por el agradecimiento que hizo la alcaldesa a Peñalosa durante el evento de inauguración del hospital. Pero allende a esta diatriba política por los créditos, a los defensores de este proyecto les ha salido un nuevo frente de intriga. Mientras que el mero hecho de entregar el hospital, ha sido catalogado como un “caso de éxito del modelo APP”, hay voces de escepticismo frente a lo que será la administración del hospital. Sobre todo cuando, a mediados de septiembre, el Concejo aprobó vigencias futuras por casi $1 billón para la construcción del que sería el segundo hospital bajo modalidad APP, que se entregaría a la ciudad a mediados de 2027. El disenso, principalmente, se alimenta de la idea de que un hospital gestionado mediante una alianza público – privada, es el primer paso para “privatizar la salud pública”. Esto último, sin embargo, ha sido refutado en numerosas oportunidades por los partidarios de la iniciativa.
Las intrigas en la APP
En 2019, la alcaldía de Peñalosa adjudicó el contrato para la construcción del nuevo Hospital de Bosa. Dos empresas extranjeras, Grupo Ortiz de España (90 % de la participación) y la empresa peruana Incot S.A.C (10% de la participación), conformaron el consorcio que se quedó finalmente con la obra. La empresa española, que encabeza el consorcio, fue relacionada con una red de corrupción en las obras de los juegos Nacionales de Ibagué (Tolima) en 2015. En el informe de la Fiscalía, al que tuvo acceso El Espectador, se mencionó un testimonio del empresario implicado en la trama, Jorge Alexánder Pérez, que acusó a la firma española de pagar sobornos para quedarse con la adjudicación del contrato. No obstante, esta empresa, que también reemplazó a Odebrecht en las obras de la Ruta del Sol I tras el escándalo, fue la ganadora del proceso de licitación del Hospital de Bosa que contó con un total de 13 consorcios oferentes.
Aunadas a los cuestionamientos de la empresa que encabezó la obra, están las dudas sobre lo que será la futura gestión del hospital. El contrato APP que celebró el distrito con este consorcio, consta de 2 partes. La primera, que ya se cumplió, se refiere a la construcción de la infraestructura. La segunda, estipula que el consorcio conformado por las dos empresas extranjeras, deberá dotar al hospital, durante los próximos 15 años, con equipamiento hospitalario, mobiliario, servicio de vigilancia y asepsia, lo que se denomina un modelo de bata gris. Este aspecto ha sido blanco de las críticas, ya que, por un lado, algunos relacionan esta obligación con la privatización del servicio y, por el otro, hay incertidumbre sobre hasta qué punto se logrará verificar que el consorcio cumpla a cabalidad con su obligación: entregar los equipos de la mejor calidad.
Javier González, abogado especialista en derecho administrativo, crítica el alcance del modelo APP en proyectos de índole hospitalaria. “La señora alcaldesa no puede decir que con solo entregar el hospital el modelo APP ya probó ser exitoso. Todavía queda ver, durante los próximos 15 años, las condiciones y calidad de los equipos hospitalarios, bajo qué cláusulas se entregarán y cuáles son las exigencias para recibir ese equipo, qué pasa si alguno se daña o hay que reemplazarlo”, cuestionó el experto. De otro lado, González menciona que la intención primera, aunque legítima, de los privados, siempre será la de generar dividendos y eso “en la garantía de un derecho fundamental como la salud puede generar conflictos”. La firma Ortiz estima las utilidades en $1 billón, lo cual duplica la inversión para el centro asistencial, que fue de $552.887 millones.
Otras voces contrariadas con las APP para construir hospitales surgieron en el Concejo de Bogotá. Durante los debates para aprobar las vigencias futuras del Parque Hospitalario de Engativá —el segundo bajo APP— concejales como María Victoria Vargas alzaron su voz de protesta. Vargas sostiene que la inversión a otros hospitales, como el Simón Bolívar, ha sido dejada de lado, en favor de las obras APP. “Hay estudios que demostraron problemas en su consistencia —es muy viejo—, frente a la importancia y reconocimiento que tiene este hospital. Aquí es donde yo no entiendo por qué esos recursos más bien no se destinan a mejorar esta clase de centros de salud”, le contó la cabildante a El Espectador. Asimismo, otros cabildantes que votaron en contra, aseguraron que la inversión que tendrá el segundo hospital APP, de cerca de $1 billón, era básicamente lo mismo que entregarle la salud pública a los privados.
En respuesta a los cuestionamientos, la Secretaría de Salud ha sostenido, en diversas oportunidades, que en el modelo de APP lo que se adjudica es la construcción y dotación de la obra, y no el derecho de acceso a la salud pública en si mismo. De ahí, que conforme al contrato con el que se celebró la alianza, establezca que la administración del hospital y el personal médico que atenderá el hospital en los niveles de mediana y alta complejidad, correrán por cuenta del Distrito.
Por el momento, con la inauguración del hospital, el seguimiento al cumplimiento de la APP terminará por zanjar el debate y de refutar, o más bien consolidar, la efectividad que la alianza público privada logrará en su incursión en la estructura hospitalaria del país. Al margen de lo vacuo que resulta saber quién tiene la razón, está sobre la mesa medio millón de pesos del erario y la cobertura sanitaria para el sur de la ciudad que se espera de este complejo hospitalario.
Las vías: clave para sacarle provecho al hospital
El nuevo Hospital de Bosa llegó para equilibrar un poco la asimetría que existe en la oferta de salud en Bogotá, concentrada en el norte de la ciudad. Gracias a su infraestructura, dotada con 12 UCI, centro de rehabilitación física y equipamiento médico, tiene la capacidad de atender consultas de mediana y alta complejidad. Pero para recibir a la ciudadanía, es necesario mejorar las dos vías de acceso al recinto hospitalario. La semana pasada, el concejal Humberto Amín, denunció que las calles 73 sur y 105 B, muestran un deterioro significativo en la pavimentación y la calidad de los andenes.
De hecho, durante la inauguración del hospital, uno de los ciudadanos invitados a participar, dijo que agradecía la construcción del hospital, pero “lo que hace falta para garantizar que llegue el paciente en este maravilloso complejo es continuar con las vías y rescatarlas. Ese debe ser el compromiso del IDU”. No está claro por qué el mantenimiento de estas vías no fue contemplado en los pliegos de inversión inicial del hospital. Por ahora, esta responsabilidad recaerá en la administración entrante.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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