Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La idea de tener un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht partía del propósito y la necesidad de despejar las dudas que han surgido en procesos plagados de conflictos de interés y altamente politizados. Sin embargo, al nominar ayer el presidente Iván Duque una terna de personas cuyos lazos con una corriente ideológica particular son ampliamente conocidos, ese propósito ha quedado en entredicho. El reto, ahora, para quien sea elegido, es demostrar autonomía, independencia, eficiencia y no estar haciendo favores políticos.
Después de que la Corte Suprema de Justicia accediera a pedir el nombramiento de un fiscal ad hoc para tres casos puntuales sobre Odebrecht, dados los impedimentos del fiscal, Néstor Humberto Martínez, y de su vicefiscal, María Paulina Riveros, la pelota estaba en la cancha del presidente Duque. Sobre él recayó la responsabilidad de conformar una terna con candidatos idóneos. En nuestro editorial del domingo le habíamos sugerido al mandatario seleccionar personas que no tuvieran lazos con ninguna corriente política, para ayudar así a blindar con legitimidad su difícil labor. Eso, no obstante, no ocurrió.
El presidente nominó a Margarita Cabello Blanco, magistrada actual de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de este alto tribunal en el 2016. Expertos han cuestionado si la candidata puede ser elegida por el mismo tribunal al que pertenece y, además, por magistrados que ella misma eligió. Más preocupantes aún son los lazos de Cabello con el anulado exprocurador, y ahora embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez.
Otra nominada es Clara María González Zabala, actual secretaria jurídica de Presidencia y quien tiene una larga historia de haber acompañado al uribismo en varias campañas políticas.
Finalmente, está Leonardo Espinosa Quintero, decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, institución que ha sido cercana al uribismo.
¿Era inevitable nombrar personas tan cercanas al presidente y a su corriente política? ¿No impone eso, de entrada, una carga innecesaria a un experimento que debía despejar dudas, no despertarlas? Empieza tambaleando, entonces, el proceso del fiscal ad hoc.
Sin embargo, no es una dificultad insubsanable. Confiamos en las calidades profesionales de los nominados para dejar a un lado sus afectos políticos y ejercer en derecho su misión cuando reciba el encargo quien sea asignado.
La Corte Suprema de Justicia, entonces, debe nombrar cuanto antes a quien considere más preparado y la persona elegida debería poder dedicarse tiempo completo a los casos —para eso, debe haber una designación presupuestal—. No se puede tratar de un cargo de tiempo extra, cuando lo que el país necesita es celeridad. Y quien llegue a ocupar el cargo debe estar al tanto de que sus actuaciones tienen que ser transparentes, mostrando motivaciones y comprobando que no llegó a esa posición para encubrir, sino para rendirle cuentas al país.
Si lo anterior no se logra, de nada servirá el experimento del fiscal ad hoc; los colombianos seguirán desconfiando de la justicia y de la Fiscalía, y las preguntas difíciles sobre el caso Odebrecht persistirán. Eso es algo que no puede ocurrir.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Conoce más