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Como un “falso positivo judicial” fue calificada la captura de dos funcionarios del Distrito en el marco de la detención de 14 personas señaladas de participar en la planeación y explosión de petardos en la capital de la República en los últimos meses por parte de milicias urbanas del ELN.
Así lo manifestó el Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos quienes señalaron que igualmente fueron detenidos integrantes de procesos sociales, estudiantes, periodistas entre otros. La Fiscalía General le imputará los delitos de rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales agravadas.
“El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra líderes de procesos sociales. Tales falsos positivos judiciales han arrojado la interposición de 13 mil demandas administrativas por errores judiciales”, precisaron los representantes de derechos humanos.
En el presente caso solicitaron a las autoridades que se les brinden las garantías procesales. “Ya han emitido una condena anticipada al imputarles públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial y debido proceso al que tienen derecho”.
“Exigimos al Gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrales se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia”, señalaron.
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