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El soldado Julio Cesar Vásquez estaba a punto de retirarse del Ejército Nacional, para el momento en que lo secuestraron. Estaba en el Programa de Retiro Asistido de la institución, el paso previo a disfrutar de su descanso. Pero en la mañana del siete de abril de 2025, hombres desconocidos lo retuvieron en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), mientras estaba de permiso, pasando unos días con su familia.
Ocho días después, el 15 de abril, su cuerpo sin vida fue hallado en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca). Su muerte fue la primera de los cinco casos de militares que en las últimas dos semanas han sido blanco del denominado “plan pistola” de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
El soldado Vásquez hace parte de la lista total de 52 militares que han muerto en lo que va de 2025, en medio de combates, ataques de grupos ilegales, accidentes e, incluso, en episodios de “fuego amigo” entre pelotones. La muerte de Vásquez, según detalló en su momento el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, fue el señuelo usado por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc para atacar con explosivos a la tropa que lo buscaba desde su desaparición.
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Cuatro militares más han muerto, según las autoridades, en medio del “plan pistola”: los soldados Luis Carlos Galíndez Salamanca, José Francisco Espitia, Luis Carlos Vargas Gutiérrez e Iván José Sepúlveda Ávila.
De estas cinco muertes, tres fueron atribuidas al Clan del Golfo, que también adelanta un “plan pistola” en contra de la Policía Nacional, que también ha cobrado la vida de 14 uniformados en dos semanas. Además, se dieron en condiciones similares: ataques a los militares en sus días de descanso o permiso, de civiles y sin armamento.
Solo en el caso de la muerte del soldado Luis Carlos Vargas Gutiérrez, que ocurrió en la noche del 23 de abril en Segovia (Antioquia), el uniformado estaba de servicio. Vargas Gutiérrez fue víctima de un ataque, al parecer, de un francotirador, mientras adelantaba labores de seguridad en una garita. Los responsables del crimen serían integrantes de la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés.
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Estos cinco casos de militares se suman a otros 32 perpetrados por grupos al margen de la ley, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo corrido de 2025. De esa cifra, diez corresponden a ataques con explosivos. Uno de los más fuertes ocurrió en la noche del 11 de marzo, en la vía que comunica a los municipios de Balboa y Argelia, en el Cauca.
Un convoy del Ejército que acompañaba el transporte de los materiales para instalar el Puente de la Esperanza en el corregimiento de El Plateado, fue atacado por el frente Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”. La onda explosiva de un artefacto enterrado en un talud de la carretera mató a cinco soldados y dejó a otros 13 heridos.
Otros ocho uniformados del Ejército han muerto en hostigamientos orquestados por el ELN y las disidencias de las Farc. El más reciente ocurrió en la madrugada del domingo 27 de abril, cuando un pelotón del Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París adelantaba labores de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras, en el departamento de Guaviare.
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Hombres de bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, hostigaron a la tropa. Seis soldados murieron en el hecho, otros cinco fueron retenidos y liberados horas más tarde. El soldado profesional Jean Carlos Bolaño Romo fue reportado como desaparecido, pero al día siguiente hallaron su cuerpo sin vida.
Tres soldados más han muerto este año por cuenta de minas antipersonal y artefactos explosivos instalados por el ELN y el Clan del Golfo: los soldados Willinton Mosquera Solando (Tadó, Chocó), Jefferson Escorcia Jiménez (Santa Rosa, Bolívar) y Diego Armando Quitián Franco (Los Andes Sotomayor, Nariño).
Los ataques con drones, una práctica que ha venido en aumento por parte de los grupos armados, también han causado la muerte de dos soldados profesionales este año: José de la Cruz Berrío Palacios y José Daniel Reyes Urda. Los hechos ocurrieron el cuatro de marzo en Teorama y el siete de marzo en Tibú (Norte de Santander). Ambos ataques fueron atribuidos al ELN, que desde el 16 de enero sostiene enfrentamientos con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo.
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En medio de la escalada violenta, que ha dejado más de 70 civiles muertos y 64.00 desplazados, también murió el soldado Jhonathan David Garzón Cortés, por un francotirador. El hecho ocurrió el 9 de marzo, en el municipio de Playa de Belén (Norte de Santander).
La lista la complementan ocho uniformados caídos en medio de operaciones en contra de grupos al margen de la ley en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y Huila. En total, según registros de las Fuerzas Militares, este año han muerto 52 uniformados del Ejército Nacional y uno de la Armada, sumando también dos muertos en una situación de “fuego amigo” en Arauca, el 7 de febrero, uno en una agresión interna de otro militar, once en accidentes viales y cuatro ahogados.
La cifra total de 52 militares muertos durante el primer trimestre de 2025 es preocupante frente a los 70 casos de distinta naturaleza registrados en todo el año anterior. Las autoridades están en alerta por lo que ha representado el aumento de los ataques de grupos armados, como represalia por las operaciones de las autoridades en los territorios.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha sido insistente en que, pese al recrudecimiento de la violencia, las operaciones de las autoridades se mantendrán. Incluso en medio de la decisión de suspender temporalmente las acciones en contra de las disidencias de “Calarcá Córdoba”. Una decisión que será revisada y definida el miércoles 30 Ede abril, como anunció el propio funcionario.
“Ratifico el lineamiento que he impartido, de manera pública e interna, a todos los miembros de la Fuerza Pública: todas las capacidades de la fuerza legítima del Estado, especialmente la inteligencia, la contrainteligencia y las operaciones militares y operativos policiales deben emplearse en su máxima capacidad para proteger a la población y a nuestros militares y policías, conforme a la ley, en cualquier escenario, incluso durante la suspensión temporal de operaciones ofensivas contra las disidencias de las Farc de alias Calarcá”, dijo recientemente el ministro Sánchez Suárez.
Por ahora, soldados, marinos y aviadores permanecen en los territorios, igual que la Policía, adelantando su labor en medio de una persecución mortal durante lo que se suponía iba a ser el periodo de paz total anunciado por el gobierno de Gustavo Petro.
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Por Gustavo Montes Arias
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