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El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, introdujo el primer plan de fumigación de “ilícitos con drones” en el Bajo Cauca, al nororiente del departamento, que “durará 40 días y es una colaboración entre la Gobernación y la Policía Antinarcóticos”. La operación, afirmó, “ya cuenta con todos los permisos”, pues la fumigación con drones “no implica peligros para la salud de las personas ni para el medio ambiente”. Cada dron, con capacidad de fumigar tres hectáreas por día, será alquilado por una millonada a una empresa privada (la prueba costó $78 millones, pero la operación, según los entendidos, puede ser de $21.000 millones). “Volvamos a la fumigación, pero no con una avioneta fumigando por todo el país, sino a una fumigación que puede ser de dos maneras: un helicóptero con fumigador de precisión o con drones. No se va a fumigar el cacao del vecino, se va a fumigar la coca que está sembrada al lado”, resumió Pérez.
Los drones, reza la publicidad del Gobierno Nacional (tanto el segundo gobierno Santos como el actual de Duque), darán la bienvenida a una era de extrema precisión. Esta infraestructura de punta, explican ministros, no requiere de la intervención de pilotos y asegura procedimientos eminentemente técnicos, asépticos, sin lugar a los errores humanos. Al repetir las bondades de esta precisión (que se usa ya en cultivos agroindustriales), se busca quizá mostrar a la fumigación como una rutina, sin colombianos ni contingencias involucrados. Un procedimiento estandarizado compuesto por una serie de pasos robotizados y científicos que llevarán al fin del “problema de la coca”. Así, se les echa tierra a dos características principales de esta “nueva” fase nacional del glifosato.
La primera es que drones y helicópteros sin tripulación funcionan solo debido a decisiones y acciones puntuales. El uso de drones en labores de vigilancia de la población en contextos caracterizados por tensiones (en Sudáfrica bajo el apartheid o Israel en la actualidad) involucra redes de trabajo de agencias de comunicación, bases militares, funcionarios y mecánicos, analistas de imágenes satelitales y soldados. Los drones proporcionan una forma aparentemente técnica para fumigar a la fuerza los cultivos y sustentos de familias de tantas regiones de Colombia. Que no tengan un piloto al mando no quiere decir que estén exentos de una finalidad política, decidida y justificada por grupos de políticos profesionales, militares, funcionarios de los Estados Unidos, grupos de presión de las empresas que se lucran de vender el glifosato, los contratistas que construyen, alquilan (y hacen plata con) los mentados drones. Todo sin consultar a las comunidades sobrevoladas.
El segundo es que, más que “nuevos comienzos” o “nuevas eras”, drones y helicópteros sin tripulación son sobre todo continuidad con el pasado reciente. Continúa, por ejemplo, la presión norteamericana en la fumigación: las trayectorias de persecución química a punto de paraquat y glifosato son herencia de la acción directa de los gobiernos estadounidenses en los campos, las selvas y algunas zonas periurbanas de Colombia. Continúa también una cierta pretensión de la fumigación aérea como una tarea mecánica, en la que no tiene que ver la corrupción, ni la política, ni tampoco los errores o la mediocridad. Pese a que en la década pasada no hablábamos de drones, sí hablábamos de pilotos extranjeros, militares y contratistas estadounidenses que tenían una supuesta experticia. Todo esto contribuía a que la tarea de contaminar y envenenar, a través de las brisas, los suelos y las aguas, a poblaciones enteras (por las malas), pareciera menos agresiva. Continúa, por último, la desidia institucional frente a la guerra contra las drogas. Tantos años después y Colombia continúa siendo un laboratorio para todo tipo de malas ideas importadas. Por parte del Estado son casi inexistentes las innovaciones y la creatividad. Por parte de quienes cultivan coca, en medio de la tragedia que significa perder los cultivos, son muchas las estrategias para hacer frente y contrarrestar las fumigaciones.
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