Por tercera vez solicitan al presidente de la Comisión de Acusación presentar pruebas sobre caso Pretelt

Castañeda considera que debido a la gravedad de las declaraciones del representante, publicadas en varios medios de comunicación, se debe hacer una aclaración frente a las mismas. En el derecho de petición se pide copia del CD contentivo de la diligencia celebrada el pasado 18 de juicio dentro del proceso disciplinario contra el magistrado, en la cual según Bedoya se habría presentado una interferencia por parte de la Viceprocuradora General.

“Como observará se eleva por tercera vez el procedimiento que, en ejercicio del derecho de petición he efectuado ante usted (…) Extraña que, no siendo informaciones que deban reservarse a quienes han intervenido en dicha actuación, cuyo representante instructor es usted, no se haya emitido de su parte la autorización correspondiente”, precisa uno de los apartes del documento fechado el pasado 1 de julio.

El 23 de junio, en declaraciones a los medios de comunicación, rechazó dichos señalamientos asegurando que la actuación del Ministerio Público en este caso se ha dirigido a proteger el debido proceso y a la defensa del magistrado Pretelt Chaljub, investigado por presuntamente solicitar 500 millones de pesos para favorecer la selección de una tutela presentada por Fidupetrol S.A. en contra de una decisión tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“El Ministerio Público solicitó a su despacho se ajustara la actuación al marco legal que rige el proceso disciplinario contra aforados especiales”, aseguró al aclarar que esto no se hace por interferir, entorpecer u obstaculizar las diligencias como lo sugieren las notas registradas en los medios masivos de comunicación; “sino porque a todas luces existe una grave inconsistencia que afecta el debido proceso cuando, por ejemplo, usted cita a una audiencia de descargos sin que se hayan formulado los cargos correspondientes. Una cuestión de elemental lógica, de sentido común”.

En este sentido aseguró que esta solicitud no puede ser calificada como una falta de parcialidad por parte de la Procuraduría General, “menos ser sustento para cuestionar la pulcritud de la actuación o atribuirle defensas de oficio”. Por esto se le solicitó al representante Bedoya que omita la presentación de juicios de valor “por fuera de la función jurisdiccional”.

Por esta presunta interferencia la Fiscalía General abrió investigación contra la Viceprocuradora General y 12 funcionarios de la Procuraduría.