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En un documento de más de 150 páginas quedó consignado el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2023-2026), la mega propuesta gubernamental de Gustavo Petro que traería transformaciones en sectores que van desde la seguridad, pasando por la transición energética y llegando hasta la creación de un nuevo sistema para focalizar a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.
El documento es todo un compendio de iniciativas que tienen por objeto, según el mismo PND, abordar cinco ejes: ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional.
Junto con todas las reformas que, se espera, sean radicadas en el Congreso, Gustavo Petro ha puesto toda la carne en el asador, en medio de una estrategia política con la que busca consolidar las grandes transformaciones que, desde campaña, ha venido anunciando.
Según lo consignado en el documento, las fuentes que financiarán las inversiones públicas (que es de donde saldrá el dinero para todos estos cambios) aportarán $1.154,8 billones. Esta torta se parte de la siguiente manera: Presupuesto General de la Nación ($577,4 billones); Sistema General de Participaciones ($268,8 billones); entes territoriales ($145,8 billones); empresas públicas ($106,4 billones); Sistema General de Regalías ($47,4 billones); cooperación ($9,1 billones).
El siguiente es un breve resumen de los componentes económicos que se encuentran en este PND.
Catastro multipropósito
Desde el Gobierno se entiende el catastro multipropósito como el mecanismo que defiende los derechos de una persona sobre la propiedad de un inmueble, amén de brindar insumos para la planeación y el ordenamiento de un territorio.
Sobre esto el PND plantea la nada despreciable meta de actualizar el avalúo catastral de todos los inmuebles del país, antes de finalizar el año. Esto con base en una metodología y procedimiento que desarrollará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-.
Se detalla que los gestores catastrales deberán aplicar e incorporar esta modificación en sus bases catastrales, y que los avalúos actualizados entrarán en vigencia el 1 de enero de 2024.
Además, se establece que la gestión del catastro multipropósito para territorios y territorialidades de los pueblos indígenas y en territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, será asumida por las mismas.
“El gobierno Nacional garantizará el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de acceso a tecnologías a las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en materia de operación catastral”, se detalla en el PND.
Declaración universal de ingresos
Este puede ser uno de los remezones más importantes que se avecinan, pues lo que se plantea es que cada quien, independientemente del valor de sus ingresos, declare los mismos ante el Gobierno. Hasta la fecha, la obligatoriedad de esto se basa en los umbrales de la declaración de renta.
Para esto el PND propone la creación de un Registro Universal de Ingresos (RUI), el cual será administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Con esto se busca, según el documento, afinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. Hay que recordar que actualmente esto se logra, en parte, con los registros del Sisbén.
Para robustecer sus bases de datos, el RUI podrá abastecerse de la información que puedan suministrarle entidades públicas y privadas (asegurando la reserva de las informaciones y los documentos que llegue a conocer).
También se creará el Sistema Nacional de la Igualdad y la Equidad. Este coordinará las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.
La nueva unidad: Unidad de Valor Básico (UVB)
En Colombia se emplean varios referentes para determinar el valor de ciertos productos y servicios controlados por el Estado. Ejemplo de esto es el índice de Precios al Consumidor (IPC), que influye, por ejemplo, en el alza de los arriendos y las tasas de interés de los bancos; también está la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para este año es la que determina las multas de tránsito. Desde el PND se propone la creación de una nueva, la Unidad de Valor Básico (UVB).
Esta tendría la particularidad de variar cada año con base en el IPC, pero descontando la variación que registren los alimentos perecederos y procesados. Con esto se busca que el efecto inflacionario en el cambio de año sea menor en ciertos rubros de la economía que más impactan en el bolsillo de los colombianos.
Subsidios
En aras de responder a las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables del país, el PND incluye una serie de subsidios. Un ejemplo es el que cobija a la tarifa de energía eléctrica, para lo que el Ministerio de Minas y Energía establecerá los criterios para la reasignación de estos, con el fin de garantizar que el nivel de consumo indispensable sea cubierto para los usuarios en condición de vulnerabilidad de los estratos socioeconómicos 1 y 2.
“Esta reasignación estará sujeta al uso de tecnologías digitales de medición inteligente del consumo de energía eléctrica y a la implementación de metodologías de focalización de subsidios que, mediante la mejora en los actuales errores de inclusión, permitan disponer de los recursos requeridos para cubrir el costo de esta medida”, precisa el documento.
También se registrarían cambios en los otros subsidios (gas, acueducto, alcantarillado y aseo). Para los usuarios de menores ingresos se asignarán ayudas con base en su estratificación y demás información socioeconómica (como el nivel de ingresos y ciudad o municipio en el que vive).
Así mismo, se contempla la gratuidad en el acceso a la educación superior. Para esto se busca implementar una política de Estado de gratuidad en la matrícula, la cual cobijará a los estudiantes de programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas. Los beneficiarios deberán pasar por un filtro de selección que emplea variables como vulnerabilidad socioeconómica, equidad territorial y poblacional y pertenencia a grupos que históricamente no han tenido acceso a la educación superior.
Además se busca una mayor condonación parcial de capital en deudas con el ICETEX. Este beneficio será para aquellos que realizan pagos anticipados de la obligación crediticia. De momento no se conoce el detalle de esta iniciativa, más allá de que estará sujeta a la disponibilidad de recursos propios y del Gobierno Nacional.
Otro ajuste se verá en las viviendas de interés social, pues cambiará el concepto que las define. Actualmente se entiende como aquella que no excede las 3.552 UVT. Con base en unos criterios adicionales de sostenibilidad que se implementen, esta podría llegar hasta las 3.947 UVT. También habría un tope diferencial, de 3.552 UVT, en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, y de mano de obra.
Liquidación del FOME
El Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME) iría hasta el 31 de diciembre del presente año. Los derechos y obligaciones a cargo del FOME que sean exigibles a la fecha de su liquidación y en adelante, serán asumidos por la Nación con cargo a los presupuestos de las vigencias fiscales que correspondan. Los saldos de recursos que resulten de la liquidación formarán parte de la unidad de caja del Tesoro Nacional, sin que se requiera operación presupuestal alguna.
Conectividad
El PND también le apuesta a cerrar la brecha de conectividad que hay en el país. Para esto se propone llevar conectividad a zonas vulnerables y apartadas (algo que ya se adelantó, desde el gobierno de Iván Duque, con el proyecto de Centros Digitales).
Sumado a esto se busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones; hacer del internet una tecnología de transformación social; desplegar la infraestructura con cables submarinos y fibra óptica con la colaboración entre privados y públicos; asignaciones de espectro mediante mecanismos que maximicen el bienestar social y la compartición de este recurso.
También se buscará fortalecer a los pequeños prestadores de los servicios de telecomunicaciones, con el fin de aportar en el cierre de la brecha digital. Ejemplo de lo anterior, es la creación de estímulos para que para estos sea negocio llegar con sus servicios a las zonas más apartadas del país.
Reforma agraria
En concordancia con la Reforma Agraria el PND propone la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como un mecanismo para la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades que orbitan alrededor de la misma.
Esta estará acompañada de unos subsistemas, dentro de los cuales se encuentra el de adquisición, adjudicación de tierras y de procesos agrarios; el de delimitación, constitución y consolidación de zonas de reservas campesina; el de ordenamiento territorial y de solución de conflictos socioambientales para la reforma; el de acceso de derechos y servicios sociales básicos, infraestructura física y adjudicación de tierras; el de investigación, asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología y diversificación de cultivos; el de estímulo a la economía campesina, familiar y comunitaria; el de crédito agropecuario y gestión de riesgos; el de delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas.
Otros sectores
El PND también contempla cambios en los sistemas de transferencias. Parte de esto es la creación de un sistema que esté bajo la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DNP). En este apartado se incluye la conformación de los sistemas de transferencias, tanto monetarios como en especie.
Es en este marco que se buscará consolidar el programa “Hambre Cero”, el cual es un sistema de transferencias que consiste en la entrega de alimentos para la población en condición de pobreza y pobreza extrema.
La transición energética también hace parte importante del PND. Desde el documento se propone que la política de Ciencia, Tecnología e Innovación esté basada en innovaciones que contribuyan a la reducción de la huella de carbono en el país.
Parte de este avance requerirá la creación del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE). “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará el funcionamiento y definirá la administración de este registro, y podrá implementar las soluciones tecnológicas y condiciones de operatividad con otras herramientas tecnológicas del Sistema Nacional de Información Ambiental -SIAC- o con herramientas tecnológicas de naturaleza pública, privada o mixta, nacionales o internacionales que se requieran para su funcionamiento”, concluye el documento.
Nota del editor: el contenido de esta nota fue modificado, pues entre el último borrador conocido, y verificado con fuentes, y el articulado radicado se registraron cambios. Previamente se hablaba de un impuesto al contenido para adultos, pero esa medida no quedó en el texto que se puso a consideración del Congreso.
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