El reto del nuevo presidente

Mockus tiene razón en que un programa sin medios para lograrlo no tiene valor. Sin embargo, no presentó un plan que subsane la falta del cómo, y lo redujo a un registro notarial de los puntos que no  pondrá en práctica. Parte de la explicación está en que las metas optimistas ofrecen un panorama amable que no explican las razones por las cuales las cosas están mal.

En las campañas se propone acelerar el crecimiento, reducir el desempleo y la informalidad, erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Pero no avanzan en diagnósticos sobre las causas. Los cuatro son problemas que han estado presentes y se agravaron en los 20 años de aplicación del Consenso de Washington. Entre 1990 y 2010 el producto nacional creció a la tasa más baja del siglo, el desempleo se mantuvo como el más alto de América Latina y la informalidad aumentó de 40 a 60%; la pobreza se mantuvo en 50% y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso pasó de .51 a .59.

El bajo crecimiento es resultado del banco central autónomo, que da prioridad a la inflación sobre otro objetivo; la apertura desplazó el 20% del área agrícola y destruyó el empleo; la liberación financiera propició la sustitución del ahorro interno por el endeudamiento externo y la inversión extranjera y facilitó su movilización al consumo.

El desempleo y la informalidad son secuelas del modesto crecimiento, del desmonte arancelario y la revaluación, que propiciaron la sustitución de mano de obra por importaciones de bienes intermedios y de capital. La pobreza y el retraso de la distribución del ingreso son el resultado de la concentración del capital inducida por la especulación y la corrupción, el deterioro del mercado laboral y la ineficacia de la política asistencialista.

El reto del próximo presidente será cumplir los propósitos de progreso y equidad. Los consensos son un apoyo, pero no garantizan llegar a buen puerto. Ante todo se requiere una teoría que relacione los objetivos con los medios y un modelo que los armonice.

Se puede esperar que este modelo establezca una organización monetaria, comercial y financiera que priorice la producción, recupere los mercados internos, estimule el aprendizaje en el oficio y eleve el ahorro y la inversión, a tiempo que conecte las políticas monetaria y fiscal con el mercado laboral para enfrentar el desempleo y la informalidad y pasar del asistencialismo a una política social de derechos de calidad.