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Hasta cierto punto, la concertación del salario mínimo repite la dinámica del año pasado: la de unas centrales obreras que cumplen con el cronograma y presentan su cifra, a la par de unos empresarios que se resisten a destapar su carta, argumentando razones técnicas.
Así avanzó la jornada de este martes, en la que las centrales obreras aseguraron que el salario mínimo en 2024 debe tener un incremento de 18 % (incluido el auxilio de transporte), pasando así del $1.160.000 que se encuentra vigente a $1.368.800.
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Para el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, esta cifra no es solo desproporcionada, sino que pareciera “sacada de la manga”, si se tiene en cuenta el esfuerzo que hacen las empresas para asumir los costos que implica el trabajo formal.
Según lo explicado por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, esta no es una cifra alegre, sino que responde precisamente al panorama macroeconómico por el que atraviesa el país, con un PIB que se desacelerará considerablemente frente al registrado en 2022 y una inflación que, aunque está a la baja, aún no da su brazo a torcer (y sigue muy lejos del rango meta del Banco de la República).
La evaluación que hacen las centrales obreras es que más que nunca el país necesita una reactivación en su economía, y esta se podría generar por medio del consumo al brindar un buen incremento a los ingresos de quienes dependen del mínimo.
A esto, añaden las centrales, se suma lo que califican como una “deuda social” que se ha venido acumulando con el paso del tiempo al calcular en estas mesas de concertación, de manera equivocada, la productividad. Históricamente se ha usado la Productividad Total de los Factores (PTF) para medir esta variable, la cual incluye elementos como la fuerza laboral de las empresas, pero también otros insumos como su capacidad instalada y el capital.
Para los sindicatos una variable más acorde sería la que discrimine solo la actividad de los trabajadores. Como esta tiende a ser mayor al PTF, aseguran que en los últimos 17 años se ha acumulado una diferencia de 25 puntos porcentuales. Parte de estos los sumaron a su ecuación, con la esperanza de que les sean reconocidos en esta concertación.
Los representantes de los empresarios, por su parte, argumentan que lo que necesita la economía del país es un incremento que se apegue más a lo que dicen las cifras. Según lo explicado por Cabal, lo ideal sería una cifra que esté lo más cerca de la inflación que, según la información del Banco de la República presentada el martes, podría cerrar el año entre 9,2 % y 9,4 %.
Si se cumpliera estrictamente lo que indica Cabal, el salario mínimo quedaría cercano al $1.269.040 (9,4 %), por lo que se podría decir que lo que hoy separa a los empresarios y centrales obreras para llegar a un acuerdo son aproximadamente $100.000.
Según lo manifestado por el presidente de Fenalco, la cifra presentada por las centrales obreras es tan alta y, a su juicio, tan alejada de la realidad macroeconómica, que no vale la pena presentar una propuesta para aspirar a una concertación. Por su parte, para las centrales obreras el hecho de que las empresas no se hayan pronunciado con un número específica, los lleva a no intentar repensar ese 18 % al que aspiran. En otras palabras, uno de los dos tendría que dar su brazo a torcer si lo que se busca es el avance de esta negociación.
Los otros abismos
No obstante, las propuestas de lo que debería subir el salario mínimo no es lo único que los separa, pues también está en la mesa la posición que se tiene en torno a la reforma laboral. Para Fenalco, es incorrecto que se intente negociar un aumento teniendo en cuenta que en el Congreso se debate una reforma laboral que, según sus cuentas, podría encarecer la mano de obra formal entre 25 % y 30 %.
Para los sindicatos , e incluso el Ministerio del Trabajo (autor de la reforma), se debe respetar la independencia del Congreso y permitir que avance el debate de la laboral.
A pesar de las diferencias, tanto empresarios como sindicatos aseguran tener el interés de avanzar en la consolidación de una cifra que beneficie al país, y más por el momento económico tan complejo por el que atraviesa.
Ejemplo de esos puntos que comparten es la intención de seguir avanzando en la desindexación de ciertos cobros del salario mínimo. Con esto se busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, para que al subir este ingreso no se aumenten también estos ítems que pueden traducirse en un peso considerable en el bolsillo de los hogares colombianos.
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Sobre esto hay que decir que no es una iniciativa nueva, sino que de hecho viene del año pasado, cuando se propuso la desindexación de 204 cobros del salario mínimo. En 2023 se ha avanzado en 116 ítems, por lo que quedan pendientes 88.
Gran parte de estos se encuentran inmersos en rubros como la agricultura, el comercio, la industria y turismo, así como la educación, la salud y el transporte. Este no es un tema que por sí sola la mesa pueda adelantar, sino que ese listado de deseos de año nuevo se tiene que pasar al Ministerio de Hacienda, que por medio de decretos y resoluciones tiene la potestad de desligar todos estos cobros del mínimo. Incluso, está la posibilidad de que dicha cartera se quede corta con otros, para los cuales se necesitarían proyectos de ley.
Otro tema que reúne tanto a empresarios como a sindicatos son las medidas adicionales que se puedan implementar para proteger la capacidad de gasto de los trabajadores en el país, como lo es la revisión de los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos y arriendos. La CUT ha hecho un llamado especial para que el Banco de la República comience a bajar las tasas de interés, para así darle un mayor dinamismo a la economía.
Algunas voces por fuera de la mesa consideran que para 2024 el aumento del mínimo no debería ser muy alto. Para Fedesarrollo, por ejemplo, un alza razonable podría ser del 9,6 %, es decir, un incremento más apegado a la inflación.
Otras opiniones, como las que aportan los integrantes de los observatorios fiscales y laborales de la Universidad Javeriana, aseguran que “un incremento excesivo podría no solo condenar a muchas empresas a dificultades financieras, sino también afectar el empleo total, aumentar los trabajadores informales y/o generar un impacto negativo en la economía en general. Es crucial reconocer que un salario mínimo más alto no siempre se traduce en beneficios tangibles para los trabajadores más vulnerables”.
De no haber acuerdo de aquí al viernes, y si tampoco se logra en las reuniones extraordinarias (hasta el 30 de diciembre), será el presidente Gustavo Petro quien determine el incremento que tendrá el mínimo para el próximo año.
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