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María Consuelo Porras “baila al son que le toquen”. Con esa frase corta la describe el excanciller guatemalteco Édgar Gutiérrez. No es el único que piensa algo así. La actual fiscal general del país no recibe más sumarios que los de una mujer servil a la clase política, una funcionaria que ejecuta todas las órdenes del llamado “Pacto de corruptos”, un grupo que reúne a diputados, presidentes y empresarios en búsqueda de impunidad.
La fama de Porras empezó en 2018, cuando el expresidente Jimmy Morales la nombró para reemplazar en el Ministerio Público a Thelma Aldana, una fiscal temeraria que emprendió la batalla más importante contra la corrupción en Guatemala. Su trabajo condujo, entre otras cosas, a revelar los casos de corrupción que llevaron al expresidente Otto Pérez Molina a prisión, junto con su fórmula, Roxana Baldetti.
Esa pelea que dio Aldana generó incomodidad, y por eso, dice, Morales la cambió. La exfiscal, sin embargo, no quiso detenerse. Cuando ganó reconocimiento por su temple decidió presentarse a la presidencia. Ahí apareció Porras, el escudo y la lanza de ese “pacto”. La actual fiscal acusó a su predecesora de “malversación de fondos” y ordenó su captura, por lo que Aldana tuvo que salir exiliada a Estados Unidos.
Aldana no fue la única con ese destino. En 2019, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, quien estaba encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y también tuvo que salir exiliado del país. Según comentó Sandoval, el motivo de su destitución es porque estaba investigando al actual presidente, Alejandro Giammattei, y su gobierno sobre un posible caso de sobornos de mineros rusos para obtener acceso a un puerto guatemalteco. La lista de fiscales, jueces y magistrados que han salido por fricciones con Porras, obstrucciones o intimidaciones, ya ronda los 20.
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“El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Del otro lado, además de las salidas, están los nombramientos que ha hecho la fiscal general. Porras ha puesto a sus propios alfiles para que la ayuden en su operación. Uno de ellos, el más importante, es Rafael Currunche, a quien Porras puso en el cargo de Sandoval en la FECI. Él actúa como su jefa, como un escudo: no permite que circule ningún documento sobre el presidente Giammattei sin que lo vea.
“Remitan a la brevedad posible informes sobre expedientes de investigación relacionados con reunión del presidente de la República con ciudadanos rusos”, dice un memo que firmó en 2021. Por esta razón, fue incluido en la lista Engel de EE. UU., la cual destaca a las personas consideradas antidemocráticas. Porras también integra la lista.
Luego de pasar tres décadas casi inadvertida por los tribunales de Guatemala, hoy por hoy, la figura de Porras, quien siempre lleva el pelo recogido y un escapulario en la mano, es la más importante en Guatemala. Es ella quien tiene al país de cabeza. El viernes pasado, su oficina dijo que las elecciones que ganó Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, no son válidas y además lo acusó de supuesto lavado de dinero y falsedad de documentos para la constitución de su partido.
Esta decisión ha dejado de nuevo en el limbo la investidura presidencial programada para dentro de un mes, el 14 de enero, y exalta la figura de Porras ante la opinión pública como la ejecutora de un “plan golpista”. En el interior del país las protestas frente al Ministerio Público no cesan. En el exterior también causaron una ola de reacciones. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el martes una nueva resolución que profundiza en el uso de la Carta Democrática Interamericana para presionar a que el Estado guatemalteco aborte estas acciones antidemocráticas. También se solicitó una visita del presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, y del secretario general, Luis Almagro, a Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció y alertó el lunes de “una inminente ruptura del orden constitucional”, agregando presión contra Porras. Por otro lado, Francia advirtió que la Unión Europea adoptaría sanciones contra los responsables de socavar los resultados electorales. Estados Unidos, en cambio, ya adoptó sanciones contra 300 guatemaltecos, entre ellos 100 diputados, por los cuestionamientos a la victoria de Arévalo. El bloque del Mercosur igual instó al gobierno a permitir la transición democrática sin trabas. ¿Será suficiente presión?
“Es muy difícil presionar a los actores que intentan negarle la victoria a Arévalo porque, una vez más, su poder y sus fuentes de ingresos son casi exclusivamente locales y nacionales. Se benefician de la corrupción y los vínculos con el crimen organizado, y sus fortunas no están ligadas -en su mayor parte- a negocios lícitos con participaciones en el extranjero ni a la reputación internacional de Guatemala”, dice Will Freeman, doctor en política de la Universidad de Princeton. “Los funcionarios de la administración de Joe Biden saben que los actores a los que están sancionando son en muchos sentidos inmunes a la presión: tienen mucho más en juego dentro de Guatemala que fuera de ella, por lo que las prohibiciones de visas e incluso la congelación de activos solo pueden afectarlos hasta cierto punto”, agrega.
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Por otro lado, Freeman le dijo a El Espectador que parece haber todavía ausencia de los líderes del vecindario en este caso. “La administración de EE. UU., y en segundo lugar la UE, han liderado la carga y han dedicado tiempo y energía a adoptar una postura contra los negacionistas electorales de Guatemala. Es cierto que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y algunos otros han hecho comentarios puntuales, pero a pesar de que se habla mucho de la solidaridad latinoamericana, los líderes latinoamericanos en su mayoría han estado ausentes donde podrían haber desempeñado un papel importante. Puede que no haya razones igualmente convincentes para que los líderes suramericanos o centroamericanos presten mucha atención”, agregó.
Sin embargo, esta semana se ha empezado a ver más apoyo a Arévalo por parte de líderes como Petro, quien, de hecho, llamó a la embajadora Victoria González Ariza a consultas, o del chileno Gabriel Boric, conforme se acerca la fecha de la investidura. Esta defensa es importante para quienes se encuentran en Guatemala. Y aunque las sanciones pueden no ser tan efectivas ahora contra personajes como Porras, “estas envían un poderoso mensaje a los indecisos: actores de la política guatemalteca y del sector privado que solo ocasionalmente o de manera inconsistente han defendido el proceso democrático”, dice Freeman. El objetivo está en llegar al pueblo guatemalteco, más que a las figuras de ese “pacto”.
El excanciller Gutiérrez también habla de estos “desertores silenciosos” del golpe. Según comentó en El País de España, “en las cortes han perdido la mayoría para las decisiones trascendentales. En la Fiscalía General son cada vez más los empleados que llevan a cabo las encomiendas ilegales arrastrando los pies”. La tenaza que habría montado Porras y compañía parece irse agotando con el paso de los días.
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