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La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia está en un panorama tan grave, que la Corte Constitucional tomó una decisión histórica para entender lo crítico del asunto: declaró que el tema ya alcanzó un nivel masivo de violación de derechos humanos, y que por eso entra a los temas que son considerados como un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). El alto tribunal dejó claro que el Estado colombiano ha fracasado en la protección de estas personas y aseguró que la responsabilidad de que el país haya llegado a este punto de quiebre recae directamente en el Gobierno, las entidades territoriales y la Fiscalía.
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Además del pronunciamiento del alto tribunal —en el que agrupó 20 tutelas en las que líderes y lideresas sociales de toda Colombia le pedían al alto tribunal que interviniera para que el Estado frene la matanza— las cifras dan cuenta de lo masiva y sistemática que ha sido la práctica de la violencia contra estas personas en el país. En su informe de noviembre de 2023, la organización Human Rights Watch señaló que en lo que va corrido del año, 150 de estas personas han sido asesinadas. Asimismo, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, le señaló a la Corte que tras la firma del Acuerdo del Paz, entre 2016 y 2021, su oficina verificó 562 casos de homicidios de defensores o líderes, incluyendo 64 mujeres, 61 indígenas (13 mujeres), 21 afrodescendientes (dos mujeres) y siete personas LGBTI.
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Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, en diálogo con este diario, manifestó que “la Corte Constitucional ha adoptado una decisión acertada y muy valiosa al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional”. Para el investigador, lo dicho por el alto tribunal en su más reciente sentencia sobre el tema corrobora lo que, según él, ha dicho su organización a lo largo de los años: “Que la respuesta institucional frente a la matazón de líderes sociales ha sido lenta, ineficiente y, muchas veces, se ha quedado en las formalidades sin tener el impacto necesario en terreno”.
Por otra parte, Juana Cabezas, investigadora del observatorio de derechos humanos y conflictividades de la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), considera que “en el caso de la Fiscalía, sus informes indican un avance en esclarecimiento que parece significativo. Sin embargo, los reportes llegan en su mayoría hasta el autor material, pero es casi nula la identificación del autor intelectual”. La experta considera que “los mecanismos de prevención y protección son tardíos en su respuesta, hemos identificado que muchos hacen la solicitud de protección y mueren esperándola, otros reciben medidas que no se adecuan a su contexto, como el caso de un líder el año pasado al que se le había asignado escolta, pero no contaba con automóvil y fue asesinado mientras se desplazaba en una motocicleta por la zona rural”.
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En su decisión, la Sala Plena del alto tribunal señaló que, actualmente, no hay “un plan articulado en un instrumento claro y preciso” para la defensa de estas personas y que eso “ha contribuido a la infracción de los derechos”. Adicionalmente, la Corte resaltó que hay “falta de voluntad institucional para dialogar e interactuar conjuntamente”, lo cual agrava la problemática de las personas defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales. Por eso, la Sala les exigió a las autoridades “un esfuerzo por ajustar sus propios comportamientos. A juicio de la Corte, ello puede contribuir efectivamente a enfrentar las fallas estructurales aquí detectadas”.
Lo resaltado por la Corte Constitucional, dice Pappier, deja en evidencia “la maraña institucional que existe en Colombia y que el Estado no ha sabido responder debidamente a este problema para prevenir asesinatos y proteger debidamente a los defensores”. Asimismo, el experto considera que “el rol de la Fiscalía, y en especial de la Unidad Especial de Investigación, se ha desdibujado en los últimos años y ha estado centrada en mostrar unos supuestos esclarecimientos que hacen poco para judicializar a los determinadores y desmantelar judicialmente a las organizaciones criminales que asesinan constantemente a líderes sociales en el país”.
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Sergio Chacón, líder social y defensor de derechos humanos y de personas LGBTI en Antioquia, manifestó a este diario que, con lo dicho por la Corte, “por fin logró reconocerse que esto no es nada nuevo frente a la matanza y a la falta de garantías que tenemos los líderes sociales hoy en Colombia para ejercer nuestra defensa de los derechos humanos en los territorios”. Chacón señala que, desde 2018, hubo intentos de mejora en la protección de estas personas, pero que esas ideas se quedaron cortas, porque, “en realidad, el Estado no realiza unas acciones efectivas que puedan acompañar”.
Ahora, con esta histórica sentencia de la Corte ante una masiva violación de derechos humanos, viene lo difícil. El alto tribunal incluyó en su fallo más de 80 órdenes a entidades estatales para que protejan de manera urgente y prioritaria a quienes ponen en riesgo su vida por defender los derechos de una comunidad o, en muchos caso, de ellos mismos. Lo dijo claramente la Corte: “La persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implican la violación de sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representan la afectación de las colectividades que lideran y de sus familias”. El balón ahora está en la cancha del Estado, que tiene una oportunidad histórica para proteger a quienes alzan la voz por sus comunidades y para proteger los derechos humanos.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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